Los CEPI, dependientes de la Dirección de Servicios Sociales e Innovación Social de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, coordina la distribución de la ayuda a través de las entidades sociales Remar y Cesal. Esta última gestiona el CEPI de Tetuán, en Madrid.
Estos centros continúan su actividad adaptándose a la situación sanitaria del COVID-19. Desde que comenzó el periodo de confinamiento, han atendido a un total de 9.394 personas de manera telefónica o telemática ofreciendo sus servicios habituales de información y asesoramiento (8.382), asistencia jurídica (262), atención psicológica (411) y orientación laboral (339).
Por otro lado, los centros de Chamartín, Centro-Arganzuela, Tetuán, Usera-Villaverde y Leganés mantienen en activo los grupos de apoyo escolar de manera telemática, en los que participan un total de 237 niños, niñas y adolescentes. De esta manera, además de un apoyo a los deberes y la resolución de las dudas que les puedan surgir en las diferentes materias, los educadores potencian el aprendizaje y rendimiento escolar de los alumnos participantes durante el confinamiento.
Asimismo, se mantienen aquellos cursos y talleres que se imparten en los centros y que han podido adaptarse a su realización a través de medios tecnológicos. Más de 204 usuarios han podido seguir dando clases de idiomas, informática, orientación académica y profesional o técnicas de elaboración de currículum vitae y búsqueda activa de empleo.
Los centros de participación e integración de inmigrantes de la Comunidad de Madrid tienen el objetivo de contribuir a la plena inclusión de la población extranjera que residen en la región. En 2019, atendieron a un total de 50.716 personas a través de los diferentes servicios que ofrecen.
Según los datos de la última Encuesta Regional de Inmigración 2019, realizada por la Consejería de Políticas Sociales, reflejan que el 72% de los ciudadanos extranjeros que viven en la Comunidad de Madrid trabaja, el 9% estudia y solo un 15% está actualmente desempleado. Por otro lado, más de la mitad de la población inmigrante cobra más de 1.000 euros al mes y un 43% puede enviar ayuda económica a su familia en su país de origen, con distinta periodicidad.
El Gobierno regional entiende que estos datos muestran que nuestra región, además de ser una diversa y de acogida, es más fuerte económicamente gracias a la población inmigrante. De igual forma, destaca el aumento de 5 puntos en el emprendimiento, ya que un 15% de los encuestados afirma trabajar por cuenta propia frente al 10% que lo hacía en 2016.