A medida que avanza la desescalada, los países afectados por el Covid19 se enfrentan a una cruda realidad: la existencia de remanentes de infectados que sin duda seguirán activos mientras no exista una vacuna efectiva. Siguiendo el modelo coreano, y para evitar rebrotes, los recursos se concentrarán en localizar y aislar en cuarentenas a los infectados. En Bélgica, las autoridades ya trabajan en un marco legal que permita el desarrollo de la figura del 'coronadetective', su papel será esencial y permitirá buscar a positivos en el territorio una vez se complete la desescalada.
Otros países ya recurren al big data y la vigilancia tecnológica, además de las apps y los sistemas de geolocalización móvil se podrían poner en marcha sofisticados sistemas de seguimiento y trazabilidad en redes sociales. La misión de estos 'coronadetectives' sería la de ayudar a recopilar información a partir de múltiples variables, como la monitorización de conversaciones en redes sociales, la entrada de vuelos con extranjeros a través de aeropuertos, los censos de ciudadanos en otros países o la búsqueda de personas con síntomas. En países como Singapur ya se ha movilizado a detectives y funcionarios públicos, quienes rastrean minuciosamente las ciudades en busca de sujetos que puedan haber estado en contacto con personas susceptibles de ser positivas.
Según opina el OEI es muy posible que algunos países recurran a medidas como el peritaje lingüístico y el 'big data' conversacional. El poder de una conversación publicada y monitorizada en Twitter o Facebook puede ser un arma mortífera al revelar intencionalidades y estados sanitarios que advertirían a las autoridades de la existencia de un positivo fuera de control.
Estas medidas son, sin duda, muy intrusivas afirma Francisco Canals, periodista y director del Observatorio Español de Internet, quien ya indica que la defensa de la salud pública debería ser compatible con los derechos esenciales del ciudadano en Internet.
Aunque en España los 'coronadetectives' son aún una figura tabú, el OEI opina que, sin duda, se utilizarán selectivamente en el caso de mutuas y aseguradoras, quienes contratarán a estos profesionales para detectar si algunos ciudadanos han cobrado ERTEs o prestaciones fraudulentas simulando ceses de actividad.
El coronadetective español también podrá ser requerido para la recolección de pruebas y evidencias en el contexto de demandas judiciales y procesos de compliance.