El área de Desarrollo Urbano que dirige Mariano Fuentes presentará la propuesta al Pleno, debatida hoy en la comisión extraordinaria del ramo, y que afecta al Plan Especial del Parque Olímpico, sector oeste.
El PSOE no secundará la aprobación provisional, ya que abogan por hacer una revisión del Plan General de Ordenación Urbana ante una propuesta que podría acabar de nuevo en los tribunales por la asociación Señales de Humo, que ya denunció que se priorizaban los intereses privados del Atlético de Madrid.
Su portavoz en la comisión, Mercedes González, ha desgranado en esta comisión una serie de inconsistencias jurídicas que podrían tumbar de nuevo el plan especial.
El TSJM declaró nulo el planeamiento urbanístico del Wanda Metropolitano porque se actuó con "arbitrariedad", como recoge una sentencia dictada en julio de hace dos años.
Fue la asociación Señales de Humo la que interpuso en 2017 un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General en el Parque Olímpico-Sector Oeste al entender que se podían estar cometiendo irregularidades dado que no se cumplían con las exigencias impuestas por las distintas administraciones.
Señales de Humo llegó a plantear ante la Justicia un posible caso de nulidad del planeamiento por desviación de poder al entender que la operación podía tener su sentido enmarcada en la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016 en Madrid pero, una vez rechazada la candidatura madrileña, se estaría dando prioridad a unos intereses privados, los del Atlético de Madrid, sobre el interés público.
A lo que sumaban la nulidad del planeamiento por desafectación de sistemas generales en interés privado al entender que hay áreas que "no pueden considerarse propiamente como suelo urbano", junto a la "errónea clasificación del suelo existiendo una vulneración del artículo 14.2 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid en relación a que el suelo del sector es urbano no consolidado, salvo el del estadio".
La asociación también recurrió el acuerdo al entender que se vulneraba la misma ley en cuanto al número de plazas de aparcamiento que habría de levantarse. A su juicio corresponderían 2.272 plazas en el interior de la parcela del estadio y el acuerdo únicamente contemplaba 1.092. "Se trata de una modificación puntual que implicaba una ilegalidad patente y flagrante. El Atlético no puede gastar cientos de millones en una operación que no es legal", argumentaban en Señales de Humo.
El área de Gobierno que entonces dirigía el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo recurrió en casación y se opuso a la demanda de Señales de Humo porque se trataba de una "operación de conjunto que establece una ordenación cuyo propósito es la mejora y puesta en valor de una zona importante de la ciudad, cuyo futuro ha quedado en el aire tras no haber logrado el objetivo para el que estaba en principio programada: albergar las instalaciones deportivas en el caso de haber sido designada Madrid como sede de las Olimpiadas".
Y sin obviar que el Atlético de Madrid ya juega sus partidos en el Wanda. También recordaban que se trataba que se trata de un "expediente heredado del anterior gobierno del PP". La Peineta fue uno de los proyectos de la administración Gallardón dentro de las distintas intentonas del sueño olímpico.
La Comunidad, a su vez, se opuso a la demanda justificando que la modificación sí atendía al interés público que obligaba a dar un uso concreto a un estadio construido para conseguir una candidatura olímpica, posteriormente fallida. Sin embargo, el TSJM dictaminó que en la modificación del plan anulada "no queda constancia del beneficio para el interés general" y concluían que "se actuó con arbitrariedad", sumado al "déficit de análisis y previsión de las necesidades de la ciudad".
Quien sí se manifestó a favor del sentido de la sentencia fue la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) llegando a calificarla de "auténtico varapalo" al Atlético de Madrid y, sobre todo, a las dos administraciones públicas implicadas, el Ayuntamiento y la Comunidad. "No menos grave es que en el planeamiento aprobado se obvie el problema de la contaminación acústica", apostillaban.