Más de 60 asociaciones y redes de cuidados implantadas en los distritos de Madrid han firmado un manifiesto titulado #BarriosPorUnaVidaDigna demandando que las instituciones públicas "asuman la responsabilidad de hacer frente a esta crisis social", así como un cambio en el modelo social y económico.
Entre los firmantes figuran asociaciones vecinales históricas de todos los distritos, desde Carabanchel, Orcasur, Tetuán, La Elipa, Vallecas, Guindalera, Prosperidad, San Blas, Retiro, Hortaleza… hasta redes que se han creado en los últimos meses, como despensas solidarias, redes de cuidados, grupos de apoyo mutuo o colectivos como Somos Tribu, así como de otros municipios de la región, agrupadas en la web redesdecuidados.org
Tal como recogía la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), las redes vecinales de los distritos están atendiendo la emergencia alimentaria de más de 81.000 personas -30.000 familias- especialmente en distritos como Latina, donde se contabilizan más de 3.300 familias, Puente de Vallecas -con 2.900- o Tetuán -también más de 2.000- aunque otras zonas, como Retiro, Barajas o Moncloa rondan las 500 familias.
Tal como señalan en el manifiesto, “las redes vecinales madrileñas hemos sido de los primeros grupos en responder a las necesidades de nuestros barios ante esta crisis sanitaria, social y económica producida por la pandemia mundial del Covid-19”.
Estas redes, recuerdan, empezaron a movilizarse en los primeros días del confinamiento con iniciativas que iban desde ayudar con la compra a quienes no podían salir de casa, pasear mascotas, fabricar mascarillas, pantallas, gorros o batas, proveer de ordenadores a alumnos sin recursos, hasta ayudar a los afectados con asesoría legal y laboral. “Muchas redes nos hemos visto obligadas, aunque no es nuestra función, a actuar como bancos o despensas de alimentos, ropa y productos de primera necesidad”.
El manifiesto denuncia que, además, muchas de estas redes vecinales, “lejos de ser apoyados desde las instituciones públicas, a menudo son perseguidos, criminalizados y a algunos se les ha tratado de hacer desaparecer”. Lamentan asimismo que las administraciones públicas “han tardado demasiado en empezar a movilizar recursos”, o incluso “han querido apropiarse o atribuirse el trabajo” de estas redes vecinales. En lugar de este apoyo, denuncian, “algunas instituciones públicas les interesa más adjudicar esa labor a grandes empresas privadas que hagan negocio en este momento tan dramático”, y citan los menús de comedor de la Comunidad de Madrid.
Los servicios sociales, exponen, “se han visto desbordados e incapaces de atender las necesidades alimenticias de la población en situación de vulnerabilidad”, y achacan a los requisitos burocráticos la barrera para que colectivos más desfavorecidos tengan ocasión de acceder a ellos. Son esos casos, los que “han recurrido a la comunidad vecinal que se ha autoorganizado para prestar estos servicios esenciales”.
Así, las redes vecinales critican que la Comunidad y muchos ayuntamientos “pretendan convertir el estado social en un estado asistencial”, pidiendo bajar impuestos al tiempo que llaman a la sociedad a hacer donativos. “La propuesta de las instituciones para salir de esta crisis es reconvertir la justicia social y la redistribución de la riqueza en caridad”. También les preocupa que las instituciones “pretendan utilizar el voluntariado como sustitución de los puestos de trabajo que serían necesarios para abordar esta situación”.
El manifiesto termina con una serie de demandas: la primera, que las instituciones públicas “asuman la responsabilidad de hacer frente a esta crisis social, ya que las redes vecinales no vamos a sustituir sus funciones” ni convertirse en un “parche”.
También demandan un “cambio urgente del modelo social y económico, en el que la prioridad sea la vida digna para todas las personas”, rechazando el modelo neoliberal, y piden no utilizar las despensas solidarias como recursos institucionales. El refuerzo inmediato de los equipos de servicios sociales y su presupuesto a largo plazo, y una comunicación trasparente de los datos del ayuntamiento y cada junta de distrito son otras reivindicaciones, así como potenciar sistemas que permitan a las familias comprar sus propios alimentos en comercios locales mejor que la entrega de menús.