Hasta ayer, fecha en la que se cumplía el plazo para presentar las solicitudes, seis empresas habían registrado su instancia para poder distribuir 8.200 bicis de pedaleo asistido por todo el término municipal: Brikty S. L.; Goto Global Mobility; Movo; Ride On Consulting; Idribk Spain S. L., y BiciMAD Go, de la Empresa Municipal de Transportes.
El Área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, tendrá que ajustar la demanda de las autorizaciones para las bicicletas en el interior de la almendra central, fijada en 2.000 (el máximo permitido en la resolución según la Ordenanza de Movilidad Sostenible), ya que los solicitantes aspiraban a distribuir 6.300 bicis de pedaleo asistido en este ámbito, mientras que en el exterior de la M-30 pedían 1.900, sin llegar a alcanzar el cupo establecido, 2.800.
El reparto que piden los interesados es el siguiente:
- Brikty: 500 en la almendra central (dentro de M-30).
- Goto Global Mobility: 1.000 en el interior y 700 en el exterior.
- Movo: 2.000 en el interior y 500 en el exterior.
- Ride On Consulting: 1.000 en el interior y 500 en el exterior.
- Idribk Spain: 1.000 dentro de M-30.
- BiciMAD Go: 800 en el interior y 200 en el exterior.
Para atender las necesidades de los operadores y ajustarse a los criterios normativos, la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, dependiente de Medio Ambiente y Movilidad, llevará a cabo una distribución porcentual en función de los requerimientos hasta alcanzar el límite de 2.000 bicis dentro de la M-30. En el exterior se mantienen las cifras y quedarían disponibles autorizaciones para el despliegue de 900 bicis fuera de la vía de circunvalación.
La Empresa Municipal de Transportes ha solicitado esta autorización para ampliar y complementar su oferta de bicicletas a los madrileños. El modelo de bicicleta que implantará para esta modalidad de 'free floating' es el mismo del servicio público, pero con algunas mejoras como el candado en la rueda trasera. Este despliegue de la EMT se realizará en septiembre, coincidiendo con la implantación del resto de operadores privados.
A su vez, EMT llevará a cabo desde este verano la mayor ampliación de la historia de BiciMAD desde que comenzó a funcionar en verano de 2014: 50 nuevas estaciones que se instalarán en 13 distritos, en cinco de ellos por primera vez (Carabanchel, Usera, Moratalaz, Latina y Ciudad-Lineal). BiciMAD contará en 2020 con un total de 258 estaciones y 2.964 bicicletas en 15 distritos, con una inversión de 2,15 millones de euros (sin IVA). A esta cifra hay que sumar las 454 nuevas a disposición de los madrileños sin base fija.
El Ayuntamiento de Madrid está comprometido con el impulso de la movilidad ciclista en la ciudad como un medio para contribuir a incrementar la sostenibilidad medioambiental, mejorar y diversificar la oferta de transportes y reducir el impacto en las emisiones contaminantes de la atmósfera asociado al tráfico rodado.
Así, el número de bicis disponibles totales para los madrileños, incluyendo las de BiciMAD, dotado en estos momentos de 2.496 vehículos, será tres veces superior a las que existían sólo con el sistema público de bicicletas al término de 2019. En 2020 podrá haber en el término municipal hasta 7.764 bicicletas eléctricas a disposición de los madrileños.
La autorización demanial temporal y gratuita se concede mediante procedimiento de concurrencia pública competitiva hasta el 31 de agosto de 2021. La misma se podrá prorrogar una vez más por seis meses extra, de acuerdo a la evolución de la demanda. El permiso tendrá vigencia desde el día siguiente de la notificación de su otorgamiento.
Cuando la empresa disponga de la autorización, deberá iniciar un primer despliegue de al menos el 50 % de su flota hasta el 1 de septiembre. El resto de vehículos deberá situarlos por la ciudad en el plazo máximo de dos meses, es decir, hasta el 1 de noviembre de 2020.
El límite máximo de bicicletas autorizadas para empresas viene determinado en el artículo 85 de la actual Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que establece que las bicicletas y vehículos de movilidad urbana (VMU) ligados a una actividad de explotación económica no podrán ocupar más del 50% de las plazas existentes en una reserva de estacionamiento. Madrid dispone de un total de 9.600 plazas.
Esta cuantía inicial autorizable garantiza la seguridad vial y asegura el libre mercado y la libre competencia efectiva. Además, se podrá incrementar o disminuir en función de la demanda y el uso real de los vehículos. De acuerdo a esta posibilidad, los autorizados deberán facilitar al Ayuntamiento de Madrid información en tiempo real (a través de conectores automáticos, servicios web o similares) sobre la geolocalización de los vehículos, así como el acceso al cuadro de mando que permita evaluar el uso medio de las bicicletas y su actualización.
El Ayuntamiento podrá revocar estas autorizaciones o el cese de la actividad si los adjudicatarios no cumplen con cualquiera de las condiciones jurídicas y técnicas establecidas en la resolución o por motivos de seguridad ciudadana, vial, salud pública, protección del patrimonio y otras razones motivadas de interés general.
Entre las obligaciones de los operadores está la de garantizar la accesibilidad universal, evitando problemas de convivencia y de utilización abusiva del espacio público. Por esta razón, las empresas deberán ajustar su ámbito de actuación al sector o sectores territoriales para los que hayan sido autorizados y situarán las bicicletas en reservas específicas de estacionamiento o en los lugares previstos en los apartados 3 al 7 del artículo 48 de la OMS.
La Corporación establece que las aplicaciones móviles de estos nuevos vehículos no permitirán, en ningún caso, el inicio o finalización de un trayecto en las calles de prioridad peatonal ni en las aceras y espacios peatonales contiguos a los parques históricos como El Retiro.
Entre las condiciones para el otorgamiento de la autorización se encuentra la limpieza diaria y desinfección de todas las bicicletas con sustancias virucidas efectivas frente a la COVID-19, una tarea que deberán acreditar al órgano municipal. Además, los operadores deberán exigir el uso de guantes a sus usuarios.