Nuestros mayores han sido el colectivo que más afectado se ha visto por la crisis de la COVID-19. La misma ha situado a debate la atención que reciben por parte de la seguridad social y los aspectos que podrían o deberían mejorarse de nuestro sistema sanitario. El aumento del gasto público para tal fin es una de las cuestiones que más preocupan y que dificultan este objetivo.
¿Es posible mejorar la atención de nuestros mayores y reducir el gasto público? Con la podiatría geriátrica, sí, es posible. Un ahorro que podría suponer un gran beneficio social ya que se podría destinar a la mejora de otros aspectos sanitarios para dicho colectivo que sí requieren de inversión.
La patología en el pie de las personas mayores es muy amplia. Tanto es así que, con gran frecuencia, son varias las alteraciones que se padecen con el paso de los años. De hecho, según los últimos estudios realizados por el Consejo de Colegios de Podólogos, más del 80% de las personas mayores necesitan los cuidados de un profesional de la Podología de manera periódica.
Estas alteraciones, normalmente, son debidas a los efectos de diversas enfermedades congénitas o adquiridas, que se agravan con el tiempo. En muchas ocasiones, son incluso los mismos tratamientos que se consumen, como los anticoagulantes, los que causan alteraciones. En otras, es simplemente el envejecimiento o el estrés impuesto por las diferentes actividades y ocupaciones desarrolladas a lo largo de la vida el que las causa.
La lista de enfermedades con potenciales manifestaciones podológicas en las personas mayores es muy amplia. A veces, sucede también que los pies son el lugar primario de manifestación e identificación de síntomas y complicaciones de otras enfermedades, como sucede en el caso de las osteo-articulares como la gota, la artrosis y otras neuropatías.
De este modo, las personas mayores presentan un pie de alto riesgo, que necesita del trabajo continuo de profesionales con formación y experiencia. Por ello, la incorporación de servicios de Podología en centros de geriatría es esencial para la calidad de vida de las personas en edad avanzada, pues supone que tengan una mejor deambulación y movilidad.
Durante la crisis por la Covid-19, las clínicas han permanecido disponibles para tratar urgencias como infecciones, traumatismos, úlceras, heridas o pie diabético, entre otras cuestiones que requieren incluso la prescripción de antibióticos. No obstante, aunque se ha evitado así colapsar aún más el Sistema de Salud Pública, personas de edad avanzada, dependientes o diabéticas, que necesitan cuidados continuos, se han visto en cierta medida desatendidas.
Además, por otro lado, el fenómeno del intrusismo ha aumentado. Ante la necesidad, personas sin cualificación se han ofrecido para tratar los pies precisamente de personas mayores o dependientes en sus propios domicilios, sin garantizar siquiera las medidas de protección y seguridad adecuadas. Siendo que, estas prácticas deben ser ejercidas íntegramente por profesionales de la Podología colegiados, ya que, un tratamiento ejercido por alguien no cualificado puede ocasionar graves consecuencias para la salud.
Es por todo ello que, como los únicos profesionales sanitarios realmente cualificados para realizar una atención integral en cualquier ámbito relacionado con la salud de nuestros pies, los profesionales de la Podología reivindicamos nuestra inclusión en la seguridad social. Dicha inclusión, además de reducir el intrusismo, frenaría múltiples problemas de salud que pueden repercutir incluso en otras partes del cuerpo, reduciría significativamente el gasto sanitario público al evitar tratamientos con soluciones más drásticas, y aumentaría la calidad de vida de muchas personas.
No podemos olvidar que, precisamente las personas que más cuidados periódicos necesitan por presentar más alteraciones, son en muchas ocasiones las que también más mermada tienen su capacidad adquisitiva como para poder optar a un cuidado integral de la salud de sus pies fuera de la Sanidad Pública.