El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid decidirá si recurre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula Madrid Central en función de los "informes técnicos y jurídicos" que elaboren los servicios jurídicos del Consistorio y del área de Medio Ambiente y Movilidad.
Así lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante una visita a la sede de la EMT en Carabanchel: "Haremos inmediatamente públicos los informes de servicios jurídicos y técnicos para que se sepa cuáles son los criterios que se han seguido. Es una obligación hacerlo de acuerdo a criterios técnicos y jurídicos".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba ayer varios artículos de la ordenanza de Movilidad Sostenible que regula Madrid Central, aprobada en octubre de 2018, tras estimar parcialmente los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid --cuando era oposición-- y la empresa de recursos de multas DVuelta, sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación. El alto tribunal no menciona la defensa del medio ambiente ni la salud que sentencias anteriores contemplaron.
Por el momento, quien sí ha recurrido es Ecologistas en Acción, que ha interpuesto un recurso de casación, con lo cual la suspensión de Madrid Central o la devolución de las multas, que se estima alcanzan los 36 millones de euros, se paraliza hasta que haya sentencia firme.
Martínez-Almeida ha aseverado que si el grupo popular interpuso el pleito cuando eran oposición a Manuela Carmena es porque pensaban que tenían "la razón", y el TSJM "dice que el Gobierno anterior menoscabó los derechos de los madrileños". "Seguimos manteniendo como grupo ese posicionamiento; yo como alcalde siempre velaré por todos los madrileños, que nadie lo dude", ha asegurado.
Por ello ha apuntado que será "extremadamente pulcro" en este cometido para que "nadie confunda" cuando interpuso la demanda de su papel como alcalde, para lo cual se apoyará en estos informes.
Y es que los magistrados anulan por "defectos formales" y a petición de la Comunidad de Madrid, los artículos 21 a 25 de la ordenanza de movilidad sostenible por la "omisión" del trámite de información pública.
En este sentido, Almeida ha tildado de "sorprendente" que PSOE y Más Madrid "se lanzaran a pedir recurso" cuando habían "hurtado a los madrileños de la información pública necesaria y del derecho de participar en cuestiones públicas".
Del mismo modo ha criticado que desde el grupo municipal socialista se le haya calificado de "hooligan insensato". Entiende Almeida que eso sí es una "insensatez" y ha pedido "no crispar", pues la decisión se tomará según estos criterios técnicos en favor de los madrileños.
Almeida ha apuntado que siempre se guiará "por los derechos de los madrileños". "La sentencia dice que se privó a los madrileños de participar en la elaboración de esta ordenanza, y esto a mi juicio en un equipo es muy grave. Ahora se velará por los derechos de los ciudadanos", ha precisado.
También, ha continuado, se velará "por la mejor calidad del aire, no solo del distrito Centro, sino del conjunto de la ciudad", ya que "todo Madrid es central". Ha recordado que "la Plaza Elíptica es la zona con peores datos de contaminación", y se ha preguntado "por qué el debate solo se quedó en Centro y no se quería hablar de Plaza Elíptica, de Escuelas Aguirre".
Por ello, el gobierno municipal de PP y Cs presentó la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360, "que engloba a los 21 distritos de la ciudad", un plan que sin embargo aún no ha pasado por el Pleno de Cibeles para sustituir a la ordenanza ahora anulada, aunque se prevé que lo haga este otoño.
Durante la campaña para las elecciones municipales, Almeida siempre defendió la reversión de la medida, pues en su opinión no reducía el uso del vehículo privado. Sin embargo, en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, se acordó "reconvertir" la zona de bajas emisiones "bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de la población".
De hecho, su primera medida en julio de 2019, anunciar una moratoria de las multas en Madrid Central que, sin modificar la ordenanza, la dejaba sin validez práctica, fue anulada por un tribunal, en defensa de la salud pública.
Almeida habló ayer "inmediatamente" con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y ha manifestado que van de la mano tras esta sentencia y que no quieren hacer ahora "algo a espaldas de madrileños". "Estamos abiertos a tener todo tipo de debates, pero no repitamos errores del pasado", ha concluido.