El presupuesto base de licitación es de 390.356,06 euros y el calendario para la entrega de los suministros o las obras, o para la prestación de los servicios y, en la medida de lo posible, duración del contrato, será de doce meses.
Para participar hay que acreditar solvencia económica y financiera y técnica y profesional. La tramitación de este concurso ha sido urgente, "con la finalidad de poder tramitar la concesión de obra de la Ciudad de la Justicia de Madrid a la mayor brevedad posible".
De un total de 100 puntos, el precio de la oferta presentada contará con hasta 49 puntos y los criterios cualitativos 51. El plazo de recepción de proyectos termina el 18 de enero de 2021.
Tras dos intentos fallidos de Campus y Ciudad de la Justicia en Valdebebas, el Consejo de Gobierno regional autorizó a mediados de diciembre a sacar a concurso público el contrato para la elaboración del estudio de viabilidad económica del nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de la capital.
Con este acuerdo, informó entonces el Gobierno autonómico, se cumple con la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a que las administraciones, con carácter previo a la construcción y explotación de obras, realicen un estudio de viabilidad económico financiero.
El objetivo final es "poner en marcha un proyecto con el que el Ejecutivo regional pretende concentrar en un espacio judicial único los 356 órganos jurisdiccionales que, en la actualidad, se encuentran repartidos en 28 edificios diferentes de toda la capital".
Con el futuro proyecto de nueva Ciudad de la Justicia, la Comunidad de Madrid busca dotar al Partido Judicial de la capital de unas infraestructuras "modernas y funcionales", que estarían ubicadas en Valdebebas, en una parcela anexa al Instituto de Medicina Legal y al Hospital Enfermera Isabel Zendal, y junto a recinto ferial Ifema y a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Con este proyecto, el Ejecutivo regional quiere también "solventar el déficit de espacios y la antigüedad constructiva de algunos de los edificios en los que hoy se reparten las sedes judiciales de la capital".
La iniciativa persigue, además, generar espacios de reserva para futuras ampliaciones de la planta judicial y, en definitiva, mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios propios de la Administración de Justicia.