Según ha informado la FRAVM en un comunicado, se trata de un "grave problema" de salud laboral y salud pública, que está "lejos de ser una prioridad para la Administración y que requiere de una actuación urgente".
Estas entidades han trasladado que son "muy conscientes" de que hay que aprovechar las posibilidades que brindan los fondos europeos y que permiten la presentación de proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios, que deben ligarse con la eliminación del amianto instalado en el marco del fondo de Recuperación NextGeneration.
Por ello, la plataforma se ha marcado entre sus prioridades que se elabore una proposición de Ley de Erradicación Segura del Amianto de la Comunidad de Madrid para llevarla a la Asamblea de Madrid y solicitar el apoyo de todos los grupos políticos.
También, han reclamado la inclusión en los Presupuestos regionales de partidas dirigidas a la elaboración de un registro de edificios, estructuras e instalaciones que contengan amianto instalado, así como de vertidos y vertederos no controlados; el desarrollo de un plan de retirada del amianto que debe priorizar los espacios "más sensibles" y el impulso de los planes de ayudas a la rehabilitación de viviendas con esta sustancia.
A ello, han añadido que es necesario implicar en la erradicación del amianto a los ayuntamientos de la región. "La Unión Europea tiene el objetivo de lograr la erradicación del amianto en 2032, aunque aspira a conseguirlo con antelación. Es evidente que si la Comunidad de Madrid no aborda con seriedad y premura el problema, esa fecha no se podrá cumplir", han apostillado.
Además, han destacado que junto a los "gravísimos problemas de salud" que provocan las fibras de asbesto, se unen otros de gravedad sobre el medio ambiente, en particular los derivados del tratamiento de residuos que los contienen, los acúmulos sobre el aire que permanecen y se desplazan y especialmente su peligro al depositarse en el agua de ríos, lagos y arroyos.
Así, han señalado que aunque no se conoce con exactitud el número de personas fallecidas por patologías derivadas de la exposición al amianto, diferentes investigaciones atribuyen a la exposición laboral 4.000 cánceres de pulmón y pleura.
A ellas, habría que sumar las personas fallecidas por otros cánceres, como el de laringe y por asbestosis, así como los cánceres provocados por la exposición doméstica y ambiental.
Por ello, han estimado que entre 4.000 y 5.000 personas fallecen anualmente por enfermedades provocadas por el amianto. Además, el pasado 23 de enero murió con 61 años un trabajador de Metro a consecuencia de la asbestosis derivada de la exposición a fibras de amianto presentes en el suburbano.
"Trabajadores y trabajadoras de innumerables sectores industriales están hoy afectados. Sectores como la construcción, demolición y rehabilitación de edificios, instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de tuberías de conducción de agua, de calefacción y de refrigeración, reparación de vehículos, mantenimiento y desguace de vagones, limpieza de máquinas, desamiantado y gestión de residuos, entre otros", han indicado.
Consideran que la Comunidad de Madrid "no es una excepción" y se puede ver "a simple vista, deteriorado" en centros de trabajo, polígonos, almacenes y escombreras ilegales, pero también en bloques de viviendas de barrios como San Pascual, Vicálvaro o el Poblado Dirigido de Fuencarral y en colegios, institutos, polideportivos, hospitales y otros equipamientos públicos en la región.
"Es urgente actuar para no generar nuevas víctimas, porque la vida útil de la mayor parte del amianto instalado está llegando a su fin, lo que implica que aumente la posibilidad de liberación de fibras al ambiente por su deterioro", han asegurado.
"El amianto mata y seguirá matando. Necesitamos cuanto antes un registro de los espacios que aún lo contienen para proceder, a continuación, con un plan consensuado, a su erradicación definitiva", han finalizado.