El actual representante del Ejecutivo central en Madrid sustituye así a Lozano, quien llegó a la secretaría de Estado para el Deporte a finales de enero del pasado año y fue la artífice, entre otros logros, de la firma de los 'Pactos de Viana' junto a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.
José Manuel Franco recibía ayer la llamada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aceptaba el ofrecimiento. Además, le gusta el deporte, jugó mucho tiempo al baloncesto y es amigo de Lozano. Este martes, previsiblemente, se anunciará el cambio el Consejo de Ministro y luego se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El actual subdelegada, Elena Bernardo, será la delegada del Gobierno en funciones hasta la designación del sustituto o sustituta, ya que todo apunta a que será una mujer, han confirmado fuentes cercanas a Franco.
Con amplia experiencia parlamentaria, donde ha sido diputado autonómico varias legislaturas y también diputado nacional, Franco fue en 2017 elegido secretario general del PSOE-M en unas primarias con más del 70% de los votos y está considerado como uno de los hombres de confianza en Madrid del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.
Ha estado poco más de 13 meses al frente de la Delegación, un tiempo marcado por la crisis de la COVID-19 y los diferentes estados de alarma, que le han permitido tomar posiciones como referente de la oposición al Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso.
El 17 de febrero de 2020 Franco tomó posesión, poniendo como prioridad la igualdad, la lucha contra la violencia de género y para dar "seguridad al servicio de la libertad", entre otras cuestiones. "Solo respetando la libertad se respeta la dignidad. Por eso la seguridad cobra importante relevancia", dijo.
Un mes después, la pandemia se convirtió en su prioridad, así como en la de todos los dirigentes políticos. Días antes había autorizado la manifestación del 8M, que le reportó problemas judiciales. Fue imputado y llamado a declarar por supuesta "prevaricación ante el riesgo sanitario" que comportó esta decisión. Pero, finalmente, la jueza Carmen Rodríguez Medel archivó el caso.
Tras la aprobación del primer estado de alarma, el delegado del Gobierno asumió el Plan de Protección Civil de la Comunidad y también el Centro de Coordinación de la crisis del coronavirus, el mando único madrileño.
Todas las manifestaciones fueron canceladas y las FCSE se dedicaron casi en exclusividad a hacer efectivo el estado de alarma, por lo que la Delegación recopiló diariamente el número de denuncias, detenciones y controles efectuados para evitar movimientos no autorizados de los ciudadanos. También coordinó el reparto de mascarillas, EPIs y otros recursos sanitarios a trabajadores esenciales y entidades sociales.
En su condición de secretario del PSOE-M ofreció a finales de abril a la Comunidad y a los agentes sociales "un gran pacto para la recuperación y para la reconstrucción" para que, una vez superada la crisis sanitaria "los grandes perdedores de las crisis económicas no sean los mismos de siempre y las cargas de la misma sean repartidas de forma equitativa".
Un pacto que nunca se materializó, debido a un enrarecido clima político que ha caracterizado la política madrileña en el último año. La Comunidad acusó a Franco de usar su cargo para hacer oposición y puso por ejemplo la investigación que abrió la Delegación por posibles incumplimientos de la normativa anti COVID en el evento que reunió a decenas de personas, incluidos los máximos mandatarios regionales, por el cierre del hospital de emergencia de Ifema el 1 de mayo. Una investigación que meses después cerró la Fiscalía.
A pesar de las prohibiciones, a mediados de mayo comenzaron las caceroladas de protesta contra el Gobierno central en el barrio madrileño de Salamanca, que luego se extendieron a la calle de Ferraz y otros puntos. El delegado reforzó la presencia policial y pidió a los manifestantes que respetaran las medidas sanitarias, al tiempo que criticó el apoyo que les dio en la Asamblea la presidenta regional. Días después se permitieron otras marchas, como la protagonizada en coche de Vox por el Paseo de la Castellana.
La autorización o no de manifestaciones ha sido uno de los quebraderos de cabeza del representante del Gobierno en Madrid. Dos marchas de negacionistas que no respetaron las medidas de separación o la de llevar mascarillas acabaron con decenas de multas y las críticas de sus adversarios políticos.
Tras el último episodio de este tipo, y entrada la tercera ola de la pandemia, la Delegación ha optado por prohibir las protestas más multitudinarias y todas las del 8M gracias al aval del Tribunal Superior de la Justicia de Madrid. Sin embargo, ha recibido criticas por concentraciones sí autorizadas como la del homenaje a la División Azul de hace un mes.
En junio, el líder de los socialistas madrileños afirmó que "había motivos" para una moción de censura contra Díaz Ayuso para "alejar la mezquindad de la política madrileña" y por el "desgobierno". Incluso para ello llegó a apuntar la posibilidad de que una persona de Ciudadanos ocupara la Presidencia para así garantizar su éxito.
Sin embargo, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, desechó tajantamente esta idea y el Partido Popular también descartó la convocatorio de unas elecciones anticipadas, pese los numerosos desencuentros entre los dos partidos que componen el Gobierno regional.
En esos días, Franco se vio envuelto en otra polémica política, después de que en una videoconferencia a militantes del PSOE hablara de "retorcer el tema de las residencias" contra el Ejecutivo autonómico. Desde su partido negaron cualquier tipo de estrategia en este sentido, pero el PP pidió su comparecencia en el Senado y su reprobación en la Asamblea, que fue aprobada por los tres partidos de centro y derecha.
El delegado reiteraba en que el Partido Socialista estaba "preparado" para unas nuevas elecciones autonómicas y volver a ganarlas, algo que, finalmente, llegó con el anuncio este mes de comicios por parte de la presidenta regional, tras la moción de censura planteada por PP y Cs en Murcia.
Tras la desescalada, las competencias en el control de la pandemia pasaron a manos de la Comunidad de Madrid. Pese a que el delegado del Gobierno no estaba muy de acuerdo con la efectividad de los confinamientos por zonas básicas de salud (ZBS), siempre ha mostrado su "lealtad" con el Gobierno regional para aplicar sus medidas y ha desplegado a policías y guardias civiles para hacerlas cumplir, pese a las críticas de los mandatarios regionales y de la capital, que le han reprochado falta de agentes.
José Manuel Franco ha acusado a la Comunidad de "no hacer todo lo que tenían que hacer" desde que asumieron las competencias y siempre se ha mostrado partidario de medidas más duras en Madrid. También ha cargado contra la "improvisación absoluta" en la vuelta al curso en septiembre de los escolares, contra el mensaje "xenófobo" lanzado en el Debate del Estado de Ayuso o contra el discurso "fallido u oculto" sobre la nueva bajada de impuestos que anunció.
Los últimos enfrentamientos han venido motivados por la problemática de la Cañada Real, donde vecinos de los sectores V y VI llevan cuatro meses y medio sin luz. Y los más reciente por la llegada de 'turismo de borrachera' a Madrid, alentado a su juicio por PP y Cs.