En una rueda de prensa, que contó con la presencia de representantes de los sindicatos CC.OO, UGT, CGT y la FAPA Giner de los Ríos, explicaron que estas medidas de protesta, convocadas de manera simultánea para las 18.30 horas, buscan reclamar la "inmediata y urgente adopción de medidas de prevención, higiénicas, de salud y organizativas" para el próximo curso, "manteniendo y ampliando" las adoptadas para el que termina.
Así, entre ellas han destacado la presencialidad, el mantenimiento de las ratios por aula, la necesidad de aumentar la contratación, un plan a largo plazo para la creación de aulas y espacios educativos, así como la inversión en infraestructuras.
En este sentido, se ha subrayado que las medidas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso no se implantarán hasta el curso 2022/2023, "dejando un curso educativo en el vacío y desierto de medidas", algo que han calificado de "incomprensible".
"Hay que resaltar que estas medidas tienen un calendario de implantación escalonado a lo largo del tiempo, lo que supone que se tardará casi una década en finalizar dicha previsión", han indicado desde la Plataforma.
En esta línea, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María del Carmen Morillas, ha subrayado que estas medidas "llegan tarde", porque se implantarán en el curso 2022/2023 y ha lamentado, además, que se hayan adoptado sin el consenso de la comunidad educativa, reclamando así una "democracia y participación real" de todos los agentes que forman parte de ella.
Desde CC.OO, la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Isabel Galvín, ha incidido en que las medidas planteadas durante el discurso de investidura por Isabel Díaz Ayuso parten "de desmantelar lo que funciona" y van "contra el sentido común". "Ha habido un desenlace en la cadena, desde el punto de vista sanitario, y desde el punto de vista educativo, con mejoras del 30% en las notas, que han funcionado", ha defendido.
Por su parte, UGT ha criticado que las medidas propuestas por Ayuso en materia educativa están llenas de "falsedades" o "medias verdades", como la implantación del MIR educativo, instaurado a nivel nacional y al que la Comunidad de Madrid se opuso.
Entre las principales reivindicaciones de la Plataforma, figura el mantenimiento de las ratios, una bajada en el número de alumnos por aula, que se ha demostrado "beneficioso" no sólo desde el punto de vista higiénico-sanitario, sino también "pedagógico". "En las etapas presenciales han mejorado los resultados, tanto académicos como la convivencia escolar", han defendido.
Una bajada de ratio de alumnos por aula que, según la secretaria general jurídica del Sindicato de Enseñanza de CGT, Almudena Gómez-Álvarez, debe estar unida a un proyecto a largo plazo para un plan de creación de espacios, con más centros y más aulas abiertas.
La Plataforma también exige garantizar la presencialidad en todas las etapas educativas, como "mayor garantía" de una "educación inclusiva y equitativa", según ha subrayado la secretaria de Enseñanza de UGT, Teresa Jurado.
Igualmente, han reclamado el mantenimiento de los casi 11.000 docentes contratados para los desdobles y las bajadas de ratios del presente curso, así como los 1.700 profesores de refuerzos COVID y, además, aumentar la plantilla para garantizar la presencialidad total de aquellos cursos que durante 2020/2021 han cursado enseñanzas en modalidades semipresencial. "No son sólo absolutamente necesarios para el alumnado, sino también para el sistema, aportando mayor flexibilidad", ha explicado la responsable sindical de UGT.
Desde CC.OO, Galvín ha defendido que "hay dinero" para mantener medidas como el aumento de contratación necesario ante la llegada de los fondos europeos y ha llamado a mantener la "prudencia" ante el próximo curso, porque la pandemia de la COVID19 no ha terminado y "para no dar marcha atrás en lo conseguido".
Además, han pedido atender a la diversidad del alumnado, que exige que se atienda a cada uno según sus necesidades. Así, han reclamado incrementar el número de perfiles profesionales en equipos de orientación, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, técnicos especialistas o enfermería, entre otros.
En este sentido, han enfatizado que no se puede dejar para el curso 2022/2023 y han subrayado que es "muy preocupante" el número de niños con "ansiedad, depresión" y con un aumento de los casos de suicidio.
En materia de personal, la Plataforma también ha defendido la necesidad de mantener la figura del coordinador COVID en los centros educativos, así como garantizar la presencia en todos ellos de personal de enfermería y mejorar la comunicación con los servicios de Salud de la Consejería competente, "convirtiéndola en un mecanismo y servicio eficaz, con capacidad de atender las consultas de los centros educativos y no existente sólo en el papel".
También se ha incidido en el problema de la interinidad en la enseñanza, un "problema crónico" según las representes sindicales. "El profesor es un referente para el alumnado, sobre todo a edades tempranas", han recordado desde la FAPE Giner de los Ríos, "y con la interinidad se va cambiando cada año de profesor y esto desestabiliza a los niños".
Finalmente, se ha puesto énfasis en la necesidad de apostar por herramientas digitales eficaces y suficientes y formación en competencias digitales para toda la comunidad educativa, así como en un plan de trabajo para la ampliación de la red de centros educativos públicos.