El objetivo de esta modificación es "mejorar y adaptar" las normas a la sociedad actual. Con el objetivo de favorecer la participación de la sociedad civil a través de la presentación de propuestas, arranca ahora un proceso de información pública de tres meses.
Con esta modificación, por un lado, se simplifica y clarifica la normativa existente para evitar disparidad de criterios y de interpretación y, por otro, también se eliminan trámites que representan costes y plazos innecesarios.
Así, respecto a las viviendas de uso turístico se permitirá su implantación en planta baja y primera, siempre que no existan viviendas en plantas inferiores. Y se simplifica y aclara la regulación del uso terciario en su clase de hospedaje para toda la ciudad.
Ahora, las terrazas no computarán en edificabilidad y tampoco lo harán los cuartos de instalaciones en plantas de piso, dejando la cubierta o terrazas abiertas para otros usos, lo que favorece que las azoteas de los edificios sean transitables y utilizables. Además, se va a permitir que los miradores dispongan de elementos de protección solar como persianas, y que los trasteros en planta baja no computen en edificabilidad.
Las normas introducen el concepto de 'factor verde' para incentivar que se hagan edificios más sostenibles y eficientes. Así, cuanto más verde sea un edificio, más superficie se le permite. No computarán en edificabilidad elementos de mejora de la eficiencia energética y tampoco computarán los cuartos para guardar vehículos de movilidad sostenible como las bicicletas. Se permiten los espacios libres de parcela ajardinados con plantas ornamentales y cubiertas y fachadas ajardinadas, que contribuyen al confort térmico y bioclimático, así como balcones y balconadas.
Se permite la transformación de local a vivienda, con "unas reglas claras y unas condiciones concretas de confort, seguridad y accesibilidad". Las escaleras adicionales que se deban realizar por la normativa de protección contra incendios no computan edificabilidad. Tampoco lo harán las torres de ascensores en los espacios libres de parcela.
Por otra parte, las normas introducen el 'coliving' como una categoría de residencia comunitaria y se permite el 'cohousing' como una categoría de vivienda colectiva. Se eliminan las directrices por las que las viviendas debían tener particiones obligatorias, salvo el baño, para atender las distintas necesidades vitales. Y se posibilitará que en suelos dotacionales se pueda hacer vivienda pública de carácter social.
La asociación Madrid Aloja calcula que ocho de cada 10 pisos turísticos que operan en la ciudad desaparecerían con la nueva normativa municipal.
El cálculo lo han hecho a partir de una encuesta realizada entre sus socios, que les lleva a apuntar que "esta limitación tendrá un impacto directo en el crecimiento del PIB madrileño, ya que pone en juego alrededor de 1.450 millones de los más de 1.800 millones de euros que esas viviendas inyectan, actuando además como dinamizador económico del comercio de proximidad", han indicado.
A la espera de conocerse el documento, que estará sometido a consulta pública durante los próximos tres meses, la asociación considera que la exigencia de contar con la autorización de la Comunidad de Madrid y la licencia municipal "supone borrar de un plumazo los miles de pisos turísticos que vienen operando desde hace ocho años con declaraciones responsables exigidas por Turismo de la Comunidad y permite la entrada indiscriminada de nuevos actores, cuyo saber hacer está por demostrar".
Madrid Aloja ha apuntado que "la experiencia y buen hacer mayoritario en el sector de las viviendas vacacionales urbanas, ha situado a Madrid como la quinta urbe europea con mayor número de reservas", con 8,3 millones de noches reservadas a través de las principales plataformas, esto es, Airbnb, Booking, Expedia y Tripadvisor, según Eurostat.
La asociación ha añadido que ella es "la primera interesada en regular el alquiler vacacional urbano" y prueba de esto es que el pasado junio trasladó al Consistorio una batería de medidas "para devolver la seguridad jurídica al sector y garantizar la convivencia con los vecinos".
Entre ellas incluían un censo con "un sistema de plazas limitadas, pero dinámico, para garantizar un crecimiento sano y sostenible". La asociación insiste en que "no se puede generalizar los casos aislados de mala convivencia vecinal y hacer que paguen justos por pecadores".
Y para eso apuntan que, según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid del Ayuntamiento, realizada en 2019, "sólo un 3,5% de los ciudadanos lo reconoce como un problema, porcentaje muy inferior al de otros como la limpieza de las calles (36,3%), la contaminación del aire (24%) o el tráfico y los atascos (16,5%)".
Según el presidente de Madrid Aloja, Adolfo Merás, ven "con buenos ojos que se haya retirado la exigencia de que las viviendas tengan un acceso independiente, diferente al del portal, clarificando el futuro del sector".
"Pero, iría contra el sentido común prohibir las que ya existían, puesto que la normativa que se hace es para regularlas y no para sepultarlas. La retroactividad de esta medida sería una bomba de relojería para un sector económico clave para la región y para la proyección de Madrid como destino turístico de primer orden", ha argumentado.
Por su parte, el portavoz en Más Madrid de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de la capital, Paco Pérez, echa en falta medidas "valientes" por parte del Gobierno municipal, dado que le da la impresión de que PP y Cs "se pliega a las demandas de los propietarios y en detrimento del vecindario".
Más Madrid "ha solicitado insistentemente que se pusiera freno a la terciarización del centro, procurando la protección del uso residencial que va siendo sustituido por actividades más rentables, como el hospedaje o el terciario-comercial", han indicado en un comunicado.
Este proceso "expulsa a la población del centro de la ciudad por la subida de precios, por la desaparición de los servicios básicos como el comercio de proximidad en zonas en la que los equipamientos de barrio escasean, por la sobresaturación de eventos, por las derivadas ambientales de dicha actividad como el ruido, la contaminación".
El grupo municipal "siempre ha defendido que la legislación sobre suelo cuenta con herramientas que permitirían frenar dicha transformación a través de la recuperación de las plusvalías de dichas operaciones, que bien permitiría frenar y desincentivar dichos procesos, o bien obtener nuevos recursos públicos con los que contrarrestar los efectos negativos de la terciarización".
Para el concejal Paco Pérez, la modificación de la normativa presentada "en materia de hospedaje es continuista con la herencia recibida del gobierno de Manuela Carmena, integrando gran parte de las restricciones definidas en el Plan Especial de Hospedaje dentro de la futura norma del Plan General".
Sin embargo, Más Madrid había "esperado que la modificación de la normativa hubiera incorporado medidas más valientes que aumentarán la protección del uso residencial, sin embargo, el equipo de gobierno ha anunciado que las VUT podrán ubicarse en planta baja y primera, eliminando las restricciones sobre el acceso independiente y ampliando las posibilidades respecto a la situación actual".