En concreto, la concentración está convocada a las 13.30 horas, frente al centro de salud Las Cortes, ubicado la Carrera de San Jerónimo, 32, para reclamar mayor inversión en Atención Primaria.
Se trata del primero de una serie de actos de protesta convocados por las organizaciones que integran la Mesa -CC.OO., UGT, Amyts, SATSE y CSIT- para denunciar la falta de inversión en materia sanitaria en unas cuentas públicas que presupuestan 781 millones menos del gasto real que hubo en 2019.
A ésta seguirán otra, el 2 de diciembre, frente al Hospital Gregorio Marañón, por la adecuación de plantillas y la gestión de listas de espera, para culminar en un acto de protesta frente a la Consejería de Hacienda, el 15 de diciembre, exigiendo una dotación presupuestaria suficiente.
Las movilizaciones culminarán con una concentración frente a la Asamblea de Madrid, con fecha pendiente de confirmación, para pedir el apoyo a los grupos parlamentarios para conseguir una inversión en Sanidad "que esté en los valores medios del resto del Comunidades Autónomas".
A nivel nacional, además, más de un centenar de organizaciones han convocado una movilización masiva para el próximo 12 de diciembre que, bajo el lema 'Salvemos la Atención Primaria', partirá desde el Ministerio de Sanidad para exigir un incremento presupuestario en Sanidad, en línea con el 25% del total recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Comunidad de Madrid destinará 8.783 millones de euros a Sanidad en los Presupuestos de 2022, 693,2 más que en 2019 (+8,6%), con el 38,1% del total, 23.033 millones de euros. Entre estas partidas, se reforzará el próximo año la plantilla de los profesionales sanitarios y, para ello, aumentará en 460 millones de euros el gasto en personal, de los que 220 se destinarán a nuevas contrataciones post-COVID, la dotación de la carrera profesional al personal temporal y estabilizar la plantilla estructural.
Unas cifras "claramente insuficientes para satisfacer las acuciantes necesidades de inversión de la Sanidad madrileña, según defienden las organizaciones sindicales, que denuncian que la cantidad presupuestada está por debajo de los 9.654 millones de euros de gasto real que hubo en 2019 y, como mínimo, debería situarse en el 2,5% del presupuesto total (ahora es el 1,8%).
En concreto, según alegan, los 8.783 millones de euros contemplados en el borrados de presupuestos para Sanidad suponen un 3,57% del PIB, lo que equivale a 1.340 euros per cápita. De este modo, han lamentado, la Comunidad volvería a situarse a la cola en cuanto a inversión por habitante, muy lejos del 8,6% de Extremadura o del 7,6% de Murcia o Asturias o incluso de la media estatal del 6% (1.612,31 euros).
Asimismo, los sindicatos censuran el presupuesto "insuficiente" en Atención Primaria, con 2.000 millones de inversión, un 4% más respecto al último presupuesto aprobado, y con un Plan Integral de Mejora de este primer nivel asistencial que contempla 200 millones de euros para los próximos dos años.
Para el año 2022, los presupuestos incluyen para Atención Primaria, según desgranan los sindicatos, un aumento de 76,6 millones respecto al 2019 (+3,9%), lo que supone menos de la mitad del incremento global de los presupuestos de Sanidad en este periodo (8,5%). "Esta cantidad ni siquiera alcanza para a cubrir los 83 millones prometidos por la presidenta para AP desde 2020 y por supuesto, no aparecen reflejados los 200 millones prometidos para los dos años siguientes".
En este sentido, han reiterado que sería necesario un incremento mínimo, excluyendo farmacia, de 1.577 millones de euros para que la Comunidad se sitúe en promedio que dedicaban las Comunidades Autónomas, con 400 millones de euros en 2022, 550 millones de euros en 2023 y 627 millones de euros en 2024.
Todo ello, con el objetivo de "corregir el déficit de inversión crónica" que ha generado el Gobierno regional a lo largo de los años y "que se arrastra también en el presupuesto de 2022", con una inversión real, descontando farmacia, de 682,2 millones, lo que realmente supone un 7,76% del gasto sanitario total, inferior al 11,2% del 2019 y "muy lejos" del 25% recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 15% de media de las Comunidades Autónomas en 2019.
En materia de personal, además, las organizaciones sindicales han denunciado que se va a despedir a unos 7.500 profesionales que ahora están contratados desde marzo 2020 en hospitales, Summa y Atención Primaria y no se ofrecen soluciones al déficit estructural de plantillas.
Según la Consejería, la plantilla de los profesionales sanitarios se reforzará el próximo año y, para ello, aumentará en 460 millones de euros el gasto en personal, de los que 220 se destinarán a nuevas contrataciones post-COVID, la dotación de la carrera profesional al personal temporal y estabilizar la plantilla estructural.
Los sindicatos, en cambio, han criticado que no se vaya a renovar a parte de los más de 1.200 plazas de refuerzo COVID, cuyos contratos expiran el próximo 31 de diciembre, de modo que se va a prescindir de unos 650 profesionales.
En la misma línea, han denunciado que los incrementos en las retribuciones salariales a los profesionales de centros de salud de Atención Primaria, en función de la carga asistencial o las situaciones especiales de atención que se prestan a los usuarios, anunciadas por la Comunidad no son reales.
Así, han recalcado que únicamente el 8% de los profesionales de este primer nivel asistencial podrían recibir los aumentos anunciados por la Consejería de Sanidad y los incrementos 'reales' no serían tales: 713,60 euros al mes para los médicos de Familia, cuando en realidad serían 58; 700,39 para pediatras (62 en realidad) y 423,28 para personal de Enfermería (96 reales).
Mientras, los 475,02 euros para los médicos de Servicio de Atención Rural (SAR), 247,86 a la Enfermería del SAR, 240,02 para técnicos de Cuidados Auxiliar de Enfermería (TCAE) y auxiliares administrativos, y 233,02 a los celadores se convertirían en 0 euros.
Igualmente, desde los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial se ha denunciado otra serie de carencias, como el mantenimiento del cierre de los Servicios de Urgencias Médicas de los centros de salud (SUAP) u otras medidas como la carrera profesional, consolidación de empleo o jornada laboral.
"Este no es el camino y no vamos a dejar que el sistema sanitario se descapitalice de pacientes y profesionales", han zanjado.