De las mujeres fallecidas, dos eran extranjeras. Dos fueron apuñaladas, tres disparadas, una asfixiada y otra golpeada por un objeto contundente. Estas cifras también destacan que, de las siete asesinadas, seis convivían con su agresor, pero dos estaban separadas o en trámite de separación.
Uno de los aspectos más destacados es que ninguna víctima tenía orden de protección ni había denuncias hacia los asesinos, a pesar de que algunos casos sí se sospecha de maltratos anteriores.
El primer crimen machista del año en la región tuvo lugar el 17 de enero, en un piso de la calle de Benadalid, en el madrileño distrito de Puente de Vallecas. Flora, de 82 años, fue asesinada a puñaladas varias heridas de arma blanca en abdomen y tórax a la altura del corazón. Fue detenido su marido, Francisco C.G., de 84 años, que intentó suicidarse sin éxito. No existían denuncias previas.
El 14 de febrero murió Alicia P., 51 años, tras recibir un disparo en el pecho su piso de Majadahonda. El marido de la mujer y presunto asesino, J.A.F., de 61 años, se había atrincherado en su casa y amenazado con autolesionarse.
Finalmente, se pegó un tiro pero no murió, por lo que fue hospitalizado y detenido. También tenía una herida de bala en la pierna la hija de ambos, de 22 años. Según las primeras pesquisas, la mujer asesinada había sufrido malos tratos, pero no quiso presentar denuncias.
El siguiente caso mortal ocurrió el 2 de marzo, en Torrejón de Ardoz. Mari Carmen M.V., 46 años, fue hallada en el rellano de una escalera de un bloque de viviendas de avenida de la Constitución, donde trabajaba limpiando. La víctima recibió siete puñaladas supuestamente de su expareja Julián, de 48 años, que fue arrestado. En el Punto del Observatorio Regional de Violencia de Género de Torrejón no constaban intervenciones previas con ella por violencia machista.
Seis días después fue asesinada de un disparo, en su chalé de la localidad de El Molar, Mari Cruz, paraguaya 48 años, y su hija de 11 años. En la vivienda también yacía sin vida el padre, español de 48 años, el homicida, que se pegó un tiro en la boca. No tenía antecedentes de violencia de género, ni denuncias previas.
El 6 de junio falleció Katherine B.T., británica exazafata de vuelo de 59 años, en un chalé de la urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. Además, hallaron el cuerpo sin vida de su marido, expiloto español de 66 años, también con tiros en la cabeza y en el pecho que se profirió tras supuestamente matar a su mujer. Ambos se estaban divorciando. No había denuncias previas.
Días después, el 15 de junio, un hombre mató a su esposa en la calle de Montepellie, en el distrito de Moratalaz. Fueron los vecinos de la pareja los que avisaron a la Policía al escuchar los gritos de la víctima, Consuelo, española octogenera: "¡Socorro, Policía, me va a matar!". El autor del crimen, de 84 años, abrió a la Policía y confesó el crimen alegando, falsamente, que "tenían relaciones con otros hombres del barrio". No existían denuncias previas.
El 22 de julio, Luisa Amelia, de 74 años, murió un piso de la calle de Neptuno, de Pozuelo de Alarcón. Pocos minutos después fue detenido por el crimen, Miguel, presunto autor del crimen, de 76 años, que la mató golpeándola en la cabeza con un jarrón.
El supuesto criminal y la víctima era de nacionalidad española. Los primeros indicios señalaban que el asesino y la víctima discutieron, la mujer salía a la calle huyendo y, en la puerta de la casa, la alcanzaba y golpeaba con un jarrón. No había denuncias previas contra él.
Este 31 de diciembre, la Policía ha encontrado muerta a una menor de tres años y a su padre, de 47, en Lavapiés, en el distrito de Centro. La principal hipótesis apunta a que el varón habría dado muerte a la menor para después quitarse la vida, en un supuesto nuevo caso de violencia vicaria. De confirmarse, serían dos los menores en Madrid y siete en toda España asesinados por violencia de género en 2021 (46 desde 2013).
En mayo, después de que dos mujeres fuesen asesinadas por sus parejas o sus ex parejas, a ministra de Igualdad, Irene Montero, convocaba, por primera vez desde su aprobación en 2017, al Pacto de Estado contra esta lacra.
Con este primer encuentro, se inició un proceso de modernización y actualización del acuerdo, del que, según ha informado Igualdad, se descubrió que había protocolos sin evaluar. Así, Montero llamó a las fuerzas políticas a 'blindar' este Pacto y, finalmente, el acuerdo volvió a firmarse el 25 de noviembre de este año, con el apoyo de todas las fuerzas políticas en Congreso y Senado, salvo Vox.
Entre las novedades del acuerdo que se han incluido legislar para combatir las violencia machistas digital, vicaria y económica, hacer campañas de sensibilización contra el maltrato y blindar una financiación "estable, suficiente y adecuada".
No ha sido la única medida que en materia de violencia de género se ha tomado en este último año. En marzo, el Ministerio extendía los servicios de atención y asesoramiento del 016 (telefónico, online y whatsapp) a la violencia contra las mujeres fuera del contexto de la pareja o expareja, incluyendo así la violencia sexual o el acoso, entre otras.
En agosto, las llamadas a este servicio sumaron un millón, tras 14 años en funcionamiento, y en marzo, la atención en el 016 se disparó hasta un 61%, con respecto a las cifras del mes anterior, en los días posteriores a la emisión del testimonio de Rocío Carrasco, contando las situaciones vividas con su exmarido.
"Siempre que existe una campaña, un programa o un caso con proyección mediática", es cuando "muchas mujeres se autoidentifican" con la violencia que "en estos escenarios se denuncia o se muestra", explicó la delegada de Gobierno contra esta lacra, Victoria Rosell.
Del mismo modo, este año se ha aprobado la modernización, a través de los fondos europeos, de los dispositivos que se usaban para el sistema Atempro, un servicio que da protección a las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente en ámbito rural, que también se extenderá a otras violencias.
Esta extensión de las políticas a otras violencias sobre las mujeres cumplen con el mandato del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. Y, en este sentido, Igualdad también ha anunciado que en 2022 contabilizará en las estadísticas los feminicidios según diferentes categorías. De esta forma, distinguirá entre feminicidios en pareja o expareja, familiares, sexuales, sociales y vicarios.
España se convertirá en 2022, según ha explicado la ministra de Igualdad, en "el primer país de Europa en contabilizar de forma oficial" en las "estadísticas gubernamentales" los feminicidios.
El objetivo es "detectar el alcance" de "la forma más extrema de violencia" que se ejerce contra la mujer, el asesinato, e "identificar las políticas de prevención, detección precoz, erradicación y reparación" ante esta lacra, según dijo.
2022 será también el año en el que las comunidades autónomas deberán desarrollar, en todas sus provincias, un Centro de Crisis de Atención 24h a las víctimas de violencia sexual y que, según la normativa puesta en marcha por el Ejecutivo, deberán estar listos en 2023.