Esta es la primera de las tres veces que los sindicatos de estas compañías públicas marcharán juntos. Las siguientes serán los siguientes jueves y les llevarán primero frente al Ayuntamiento y, después, al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).
El centro de las protestas radica en la rebaja del número de trenes en el suburbano madrileño -de un 10% de media- y el reordenamiento de autobuses de la EMT de unas líneas a otras, que grupos de la oposición aseguran que se trata de una supresión.
El objetivo, además de la reversión de estas medidas, es que también se contrate a más personal, porque la ausencia del número necesario y las "externacionalizaciones de servicios" están haciendo caer la calidad. "Se necesitan nuevas contrataciones, no sólo para cubrir las jubilaciones, sino también las bajas que se producen por incapacidades, excedencias, fallecimientos y otras causas", remarcan desde los comités de empresa.
En el caso de Metro de Madrid, el pasado abril informó de que tenían que rebajar el número de trenes un 10% para hacer frente a la factura de la luz que había multiplicado su coste por cuatro en febrero.
Esta rebaja está graduada por tramos, siendo en hora punta de un 4% -de 324 a 311 trenes- y, además, argumentaron desde la compañía que no se iba a notar en la calidad del servicio, ya que la recuperación del número de usuarios del suburbano desde el estallido de la pandemia es aún del 80%.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, insistía en esa necesidad por la subida del precio de la luz y cargaba contra el Ejecutivo central, al que acusaba de no haber creado un fondo de compensación económico para el transporte público por la subida de la luz.
Para el consejero, se rebaja en un porcentaje "muy pequeño" en unas franjas "determinadas" y entiende que la medida de "razonable y necesaria" en el contexto del aumento del precio de la luz, de la que el suburbano es un "gran consumidor".
Por su parte, en la EMT esta semana el grupo municipal de Más Madrid advirtió de recortes en 16 líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que afectan a 15 de los 21 distritos de la ciudad y que provocarán un aumento de la frecuencia de paso que puede ser del doble y en algunos casos puede hasta multiplicarse por tres.
Un extremo que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, negó, pero sí reconoció que se habían "derivado" algunos autobuses de ciertas líneas para "reforzar otras".
"No hay recortes, hay más autobuses circulando en esta legislatura. Lo que ha habido es que si hay que hacer refuerzo es necesario que esos buses salgan y se reordenen donde es menos necesario. Hay 1.892 buses circulando, y pueden ser reordenados, derivados a líneas que son necesarias reforzar", insistió en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Por su parte, Greenpeace aseguró este miércoles que las reducción de trenes en Metro de Madrid -de un 10% de media- y el reordenamiento de autobuses en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital "contradicen" las recomendaciones de la Unión Europea.
"Los recientes recortes en Metro y EMT implican mayores tiempo de espera, lo que repercute en una menor capacidad en las líneas y un aumento del grado de ocupación de los vehículos, justo cuando la demanda se acercaba a los niveles previos a la pandemia", afirmó el responsable de movilidad de la organización, Adrián Fernández.
Desde Greenpeace entienden que estas medidas son contrarias a las demandas comunitarias, porque "agravan los problemas de contaminación y emisiones" a la par que "pone en riesgo la necesaria reducción del petróleo".
De hecho, recuerda que en el plan REpower EU, encaminado a las renovables, industria, edificación y transporte para acelerar descarbonización, instan a que aumente la inversión en transporte público para reducir el uso del vehículo privado.
Además de la movilización de los comités de empresa de Metro de Madrid y de la EMT, la próxima semana también saldrán a la calle los taxistas en una manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi de Madrid ante lo que entienden como una estrategia para "ahogar al sector" por parte de la Comunidad de Madrid.
Aluden a la modificación de la Ley de Transportes para permitir que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) sigan en funcionamiento en octubre -como marca el denominado como Decreto Ábalos-.
El texto se aprobó en el Consejo de Gobierno y para los taxistas se trata de un "atropello normativo y moral", que busca ser un "traje a medida" para las empresas de VTC.
Por ello, han acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Transportes e Infraestructuras de haber "mentido al colectivo una vez más" y de haber perfilado la norma "sin contar con el sector".