Las 25 parcelas, agrupadas en cinco lotes, tienen una edificabilidad total en conjunto de 150.000 m2, están repartidas en 11 distritos y calificadas como de uso residencial libre.
El objetivo del concurso es que se construyan viviendas destinadas al alquiler con una renta hasta un 25 % por debajo del precio medio de la zona en el mercado libre y cuyo pago no suponga tampoco más de un 25 % de los ingresos mensuales del núcleo familiar (en función de la renta media por hogar publicada por el INE para los distintos barrios).
Almeida ha mostrado su satisfacción por esta iniciativa, porque para el Ayuntamiento era una prioridad "dar un impulso determinante" a la construcción de este tipo de viviendas desde las políticas públicas, para atender "no sólo las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad", sino también "las de aquellos ciudadanos que, no teniendo esa consideración de vulnerabilidad, pertenecen a esa clase media que no tiene la capacidad económica suficiente para acceder a una vivienda".
"Si queremos que Madrid sea una ciudad de oportunidades, donde la gente venga a vivir para alcanzar sus sueños, tenemos que ofrecer viviendas dignas y asequibles para todos y, especialmente, para los más jóvenes", ha apuntado.
En esa misma línea, la vicealcaldesa ha asegurado que el concurso presentado este martes "es una apuesta por el alquiler social y por la clase media trabajadora, que muchas veces no puede acceder a una vivienda digna en la ciudad de Madrid debido a los altos precios de los alquileres".
Villacís ha asegurado que estas viviendas suponen, además, un reequilibrio territorial, "porque no se interviene en una zona concreta de la ciudad, sino que se actúa en 11 distritos".
Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha puesto de relieve la importancia de la fórmula de colaboración público-privada en la construcción de estas 2.000 viviendas, porque "es imprescindible para aumentar la oferta e incidir así en el precio de la vivienda, puesto que la administración, por sí sola, no puede afrontar la carga económica de la construcción de un número tan importante de viviendas".
El suelo objeto de concurso seguirá siendo de titularidad municipal y, una vez finalizado el contrato de derecho de superficie, a los 45 años, el Consistorio podrá incorporar al patrimonio municipal un importante parque de viviendas construido, que servirá a la política municipal de vivienda y suelo. La puesta en marcha de este concurso supondrá una inversión directa de 250 millones de euros.