Una séptima ola de coronavirus avanza sin dar tregua a los profesionales, totalmente "saturados, exhaustos y sobrecargados". Así describen los sindicatos sanitarios la situación a la que se enfrentan los hospitales españoles en este verano de 2022.
Una auténtica "bomba de relojería", asegura el Sindicato de Enfermería (SATSE), que denuncia el cierre de 8.600 camas en centros que describen como "saturados". En la misma línea, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), advierte de que el déficit estructural de personal provocará cierres de plantas y consultorios, problemas para la planificación de vacaciones del personal y el incremento de los tiempos de espera para los pacientes.
En Madrid, CCOO pide la incorporación de 3.100 profesionales, cinco camas de hospitalización por cada 1.000 habitantes o la reapertura de Servicios de Urgencias de Atención Primaria.
No es una situación nueva. Verano tras verano, los centros se enfrentan al temido cierre de camas. Un escenario que, desde 2020, se ha visto agravado por las sucesivas olas de coronavirus. En apenas un mes, los centros sanitarios de toda España han pasado de tener unos 6.500 pacientes ingresados durante la primera semana de junio a los 10.249 notificados (2.456 más que la semana pasada), de los que 449 están en UCI (88 más). según datos del Ministerio de Sanidad el pasado viernes. La incidencia acumulada por COVID19 ha aumentado 343 puntos en mayores de 60 años (hasta 996).
Los sanitarios llevan semanas alertando de que la situación comienza a ser insostenible. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado fin de semana que el Consejo de Ministros de este martes aprobará el hacer fijos a 67.300 sanitarios, de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración, una medida que busca acabar con la "precarización en la sanidad".
Los representantes sindicales alertan de que la sanidad vive, una vez más, un momento límite. SATSE asegura que, desde el pasado mes de junio, se han vuelto a establecer cierres programados y progresivos de camas y retrasos de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los centros hospitalarios de toda España y que se mantendrán los meses de julio, agosto y septiembre. Según los datos recabados por el sindicato en las diferentes comunidades autónomas, está previsto que se vayan a clausurar, al menos, 8.594 camas en todo el país.
El sindicato habla de una cifra global "a la baja", ya que en distintos centros y servicios "no han querido dar los datos, argumentando que dependerá de la evolución futura de la situación".
Por comunidades autónomas, detallan, en Madrid se cerrarán, al menos,1.800 camas; en Andalucía 1.400 camas; 1.000 camas públicas en Cataluña; 900 en Euskadi; 726 en Galicia, 500 en Aragón y 380 camas en Asturias. En lo que respecta a Castilla y León, la previsión es 466; en Comunidad Valenciana son unas 400 camas y en Extremadura, 200. Por su parte, en Castilla-La Mancha, el cierre previsto afecta a 200 camas; en la Islas Baleares son 170; en Murcia, 150; en Cantabria,148 camas cerradas; en Navarra, en torno a 100 camas cerradas y 54 en La Rioja. En Canarias no está previsto inicialmente cerrar camas, indican desde SATSE.
SATSE subraya que el cierre de camas y "la suspensión de miles de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas" es algo especialmente grave, en estos momentos, cuando la séptima ola de la COVID19 está generando un progresivo incremento de la presión asistencial, tanto en urgencias, plantas y UCIs, y las listas de espera en todos los servicios de salud se han disparado a consecuencia de la pandemia".
El Sindicato de Enfermería estima que el cierre de esas más de 8.594 camas supondrá la pérdida de más de 773.460 estancias hospitalarias, mientras hay más de 706.000 personas esperando ser operadas en la sanidad pública, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad y asegura que se trata de la "peor cifra registrada" desde 2003. Y añaden: las enfermeras y fisioterapeutas "tienen que hacer frente a esta lamentable situación totalmente agotados y exhaustos, tanto física como psicológicamente, al soportar una sobrecarga y tensión asistencial enorme y no haberse recuperado totalmente de la pandemia".
Otra consecuencia negativa de los cierres estivales es que conllevan, en muchas ocasiones, el aumento de pacientes desplazados dentro del mismo hospital a otras unidades que no se corresponden con su patología, "con el consiguiente riesgo añadido para su salud y seguridad", añaden.
Una denuncia a la que, este mismo lunes, se ha sumado CSIF quien habla de un verano marcado por la saturación de los servicios de urgencias como consecuencia de la séptima ola de la COVID19. El déficit estructural de personal, asegura este sindicato, provocará cierres de plantas y consultorios, problemas para la planificación de vacaciones del personal y el incremento de los tiempos de espera para los pacientes.
Entre los ejemplos que cita CSIF, indican que en Castilla-La Mancha, las urgencias del Hospital Universitario de Toledo se encuentran ya colapsadas con decenas de pacientes a la espera de ingreso. Además, se ha suspendido parte de la actividad quirúrgica programada por falta de camas. En Castilla y León, donde la presión en las urgencias ha aumentado un 20% de media, ya se están suspendiendo permisos al personal, añaden.
En la Comunidad Valenciana o Andalucía, advierten de que las carencias de profesionales complicarán la atención en un año con previsión de repunte turístico y un incremento de usuarios potenciales, sobre todo en zonas del litoral, que no podrán abarcarse por falta de medios. En Asturias, añaden, se está realizando movilidad forzosa de profesionales para cubrir necesidades y en zonas de mayor incidencia turística. Además, se da la circunstancia de que las bolsas de trabajo están agotadas en muchos ámbitos, relata el sindicato de funcionarios.
En Cataluña, la tónica es similar en el Hospital de Bellvitge, donde se han cerrado nueve unidades o el Hospital Vall d'Hebron, que, según CSIF, cierra seis unidades de hospitalización y disminuye su actividad quirúrgica.
La situación también es muy complicada en Aragón, donde se están viviendo semanas de continua saturación de las urgencias hospitalarias. En Zaragoza capital, las urgencias atendidas se han incrementado hasta en un 20,41% sobre el primer cuatrimestre del año pasado, situación que se agrava ante el aumento de casos COVID y los contagios dentro del propio personal sanitario, añade el sindicato. Además, en Aragón la falta de médicos ha provocado el cierre de consultorios como Seira, Chía, Sesué, Villanova o Eriste, detallan.
En la Comunidad de Madrid, según CSIF, los sanitarios advierten de falta de personal en Enfermería, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs), pinches, celadores, médicos de familia o pediatras.
En esta misma comunidad, CC.OO considera que la inversión en sanidad pública está más de 3.000 millones de euros por debajo del resto de las regiones. Es una de las conclusiones del 'Informe Ejecutivo anual: Diagnóstico de la Salud y del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid 2022', que el sindicato acaba de presentar junto con la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública (FADSPU).
Ambas organizaciones han reclamado un nuevo marco legal, la incorporación de 3.100 profesionales, cinco camas de hospitalización por cada 1.000 habitantes y un plan real de infraestructuras para la sanidad madrileña. Hablan de un deterioro que se materializa en listas de espera por encima de las 800.000 citas en cirugías, pruebas diagnósticas, consultas con el especialista; demoras incalculables para fisioterapia, odontología; colapso en las urgencias de los hospitales (las de Atención Primaria llevan cerradas más de dos años), y falta de inversión en infraestructuras "que impiden el desarrollo normalizado de la labor asistencial y expulsan a los usuarios y usuarias del sistema".
Entre las exigencias, tanto de CC.OO como de las asociaciones en defensa de la sanidad pública, potenciar la Atención Primaria, la salud pública, la salud mental o reabrir los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) y las Unidades de Atención Domiciliaria para aliviar listas de espera. En este sentido, critican "los modelos privatizadores de la sanidad pública utilizados por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid han incrementado mucho los costes".
Además, aseguran, los centros de gestión privada "no sufren los recortes derivados de las rebajas presupuestarias". En el caso de la construcción privada y la gestión pública de un hospital, el coste se eleva entre siete y ocho veces sobre la alternativa de construcción y gestión pública, puntualizan. El modelo de gestión privada en un hospital de titularidad pública supone un sobrecoste de hasta 11 veces lo que costaría si se gestionase como los hospitales 100% públicos.
En esta región, señala CC.OO, "el proceso de apertura de 13 nuevos hospitales, y el traslado de otro, contra toda lógica, ha supuesto también una reducción en el número de camas (300 camas menos), pasando de 3,37 camas por 1.000 habitantes en 2010 a 3,09 camas por 1.000 habitantes en 2020 (el promedio de la UE es de 5,15 y el de la OCDE de 4,5 camas por 1.000 habitantes), siendo públicas 2,29 en 2010 y 2,05 por 1.000 habitantes en 2020. Este hecho, consideran, se debe en parte al cierre en paralelo de camas en los hospitales públicos ya existentes.