Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que los denunciantes solicitaron a finales de julio la ampliación del caso para que se incluya a la cervecera neerlandesa, por "acuerdos ocultos" con Restalia.
En la denuncia original, los franquiciados defendieron que Restalia y los responsables de las empresas habrían, entre otras cosas, ocultado la existencia de acuerdos con proveedores que hacían "inviable" el proyecto. Según sus cálculos, el grupo causó un perjuicio de casi 20 millones de euros a los primeros 32 franquiciados y el perjuicio promedio sería de entre 300.000 euros y 600.000 euros por franquiciado.
En una rueda de prensa celebrada el pasado junio, los abogados de los denunciantes quisieron dejar "muy claro" que no estaban cuestionando el modelo de franquicia como negocio, pero "a la vista del desgarrador y sangrante testimonio de los franquiciados" consideraron que se debían investigar los hechos relatados por los presuntos afectados.
Los letrados aseguraron que habían aplicado "varios filtros" para confirmar que lo que dicen los franquiciados "es verdad", en referencia a "33 informes periciales que dan fe" de lo denunciado. "Hay una conducta inicial: hay una captación indiscriminada de franquiciado con promesas de rentabilidad", dijeron para luego calificar lo sucedido como una "tragedia griega en su máxima expresión".
Desde los despachos Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados insistieron en que a los franquiciados se les hizo entrega de un plan de negocios con unos "números irreales" que conllevaron a la firma de los contratos. Asimismo, denunciaron "cláusulas de exclusividad" de abastecimiento con proveedores que, según dijeron, ofrecían precios por encima del mercado.
Fuentes jurídicas confirmaron que el titular del Juzgado consideró pertinente abrir las diligencias previas y subrayaron que la investigación se encuentra aún en una fase "absolutamente inicial".
Según precisaron las mismas fuentes, el juez está a la espera de que se designen los peritos correspondientes para elaborar un informe pericial sobre la información disponible en el procedimiento, para establecer si hay o no indicios de presuntos delitos.
Además de dirigirse la causa contra 29 mercantiles vinculadas con Restalia, también se incoaron diligencias contra el dueño del grupo, José María Fernández Capitán, y otra veintena de responsables de distinto nivel en las empresas del conglomerado.