En concreto, la Comunidad ha anunciado 80 centros que atenderán las 24 horas al día y que incluyen los 40 Servicios de Atención Rural (SAR), los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs), el Punto de Atención Continuada (PAC) de Fuencarral, así como el Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares.
Este modelo supone un avance sobre la propuesta del Ejecutivo madrileño realizada el pasado mes de junio, que contemplaba una reordenación de la atención urgente hospitalaria con 64 puntos: 40 SAR, 17 SUAPs (solo diez de ellos con médico), cinco puntos de Atención Continuada (PAC) que ya funcionan en Móstoles, Parla, Getafe y dentro de la capital en San Blas y Fuencarral, así como el Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares.
Con la nueva propuesta, los puntos se incrementan a 80 al reabrir todos los SUAPs que funcionaban antes de la pandemia, aunque desaparecen los PAC de Móstoles, Parla, Getafe y, dentro de la capital, el de San Blas, que eran dispositivos con horarios heterogeneos y no abrian noches entre semana y en finde no las 24 horas.
Para la mayoría de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Amyts y Satse) no se puede hablar de "nuevo modelo" ya que es lo que había previamente, en palabras de Julián Ordoñez, de UGT. Además, se han preguntado cómo piensa poner en servicio el Gobierno regional el doble de dispositivos con la mitad de personal.
Para Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, este "plan unilateral" de la Consejería de Sanidad es "prácticamente el mismo" de las últimas tres semanas. "Siguen pretendiendo cubrir con el personal de los SAR el resto de dispositivos. Por mucha vueltas que den al mismo argumento, no es lo mismo que estén atendidos por un médico que por tres. Esto es un menoscabo a la atención que van a recibir los pacientes madrileños", ha subrayado.
En esta misma línea, ha resaltado que sigue suponiendo "un cambio brutal" en las condiciones de trabajo de los profesionales. El próximo lunes hay prevista una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad para estudiar las propuestas en este sentido planteadas por la Consejería. "Seguimos sin estar de acuerdo. En las próximas reuniones, veremos si es un punto de partida para empezar a negociar o es una imposición", ha recalcado.
Por su parte, desde Satse Madrid han recalcado que, aún estando de acuerdo con la reapertura de SUAPs, para hacerlo "hay que contar con profesionales (enfermeras y médicos, principalmente) y no con la voluntariedad de unas profesionales que están cansadas, mal pagadas, explotadas y ninguneadas por su Gobierno".
Para cubrir todo el horario de estos centros, se aplicará una jornada complementaria con carácter voluntario que, por primera vez, se abrirá al conjunto de los más de 13.600 profesionales de Atención Primaria. Sobre este punto, el sindicato se ha preguntado qué pasará cuando no haya voluntarios por la falta de personal y ha calificado de "burla cruel" que se aleje la posibilidad de mayores ingresos para justificar estas condiciones. "Lo que debe hacer es pagar adecuadamente e igualar retribuciones al resto de Comunidades Autónomas que sí se preocupan de sus profesionales (Madrid es de las que peor retribuye a sus enfermeras y fisioterapeutas)", ha subrayado.
"El anuncio de la presidenta, hecho nuevamente fuera del ámbito de la Mesa Sectorial de Sanidad, y de cara a conseguir sólo un rédito propagandístico, resulta curioso cuando, nuevamente y en menos de un mes, cambia la denominación de estos dispositivos. Ya no serán SAR o SUAP o PAC, sino 'Centros Sanitarios 24 horas' a pesar de que presumiblemente sólo abrirán 24 horas, fines de semana y festivos que no abran los centros de salud", ha censurado el sindicato de Enfermería.
Estos 80 puntos tendrán atención de urgencias las 24 horas -de 17.00 a 8.00 horas, en un caso, y de 15.00 a 8.00 horas, en otros, de lunes a viernes, y las 24 horas durante los fines de semana y festivos- y se reforzará el servicio en casos de mayor demanda.
La presidenta ha explicado que el objetivo es dar continuidad a la asistencia que se presta desde los centros de salud, "cuando estos dispositivos estaban diseñados, en principio, para atender urgencias". "La continuidad asistencial, con su enfermera y médico de cabecera, hay que realizarla en los centros de salud, ya que los nuevos dispositivos deberían ser para urgencias", ha indicado.
En la misma línea, ha recalcado que si lo que se pretende es reforzar los horarios con más demanda, es necesario "incrementar las paupérrimas plantillas de profesionales, para proporcionar la asistencia sanitaria de calidad que se merecen los madrileños".
"Las declaraciones de la presidenta no son más que un bluff propagandístico, que busca arreglar algo que estropeó hace dos años con el cierre de los SUAP y que se agravará al modificar un dispositivo, los SAR (Servicios de Atención Rural) que no han cerrado durante la pandemia, ni con Filomena, y que está claramente demostrado que funciona. Es un nuevo ataque a la sanidad pública madrileña que, bajo el paraguas de ofrecer la mejor atención, lo que realmente hace es socavarla, buscando, tal vez, su futuro cierre o desaparición", ha denunciado.
Desde CSIT Unión Profesional, la secretaria del Área Sanidad, Rosa Vicente, ha destacado que el comité de huelga ha analizado durante todo el día la información por escrito remitida desde la Consejería y se ha elaborado una propuesta sobre un cumplimiento de jornada "más razonable".
"El objetivo es intentar evitar que la cobertura de la atención sanitaria dependa de la voluntariedad de que alguien quiera ir a cubrir o no una guardia y más compatible con la conciliación", ha explicado.
En esta línea, ha explicado que se contempla también alguna propuesta que "a la Administración le va a sonar bien" y que la previsión es hacer llegar estas alegaciones este mismo viernes al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, para discutir con ellos de cara a la reunión del lunes.
"Si es que quieren discutir, porque las declaraciones de Ayuso han dejado muy claro que ellos continúan con su propuesta y el día 27 van a abrir", ha indicado, para calificar de "intromisión" en una negociación en marcha "de buena fe" el anuncio de la presidenta. "Se nos está marcando el fin de la negociación y sin modificar las condiciones. Contentos, la verdad, es que no estamos mucho", ha zanjado.
Los cinco sindicatos con representación en la Mesa de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Amyts y Satse) han impulsado una campaña en la plataforma change.org, para pedir al Gobierno regional la no implantación del nuevo modelo de atención de urgencias extrahospitalarias en la región, que ha sumado más de 13.200 apoyos en las primeras 48 horas.
En la misma, las organizaciones sindicales alegan que la implantación de dicho plan, que está previsto que arranque el próximo jueves, día 27, "supone un deterioro del servicio público que dice garantizar y tiene consecuencias dramáticas en las condiciones laborales de sus trabajadores".
De hecho, mantienen activa la convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo día 28 para denunciar el cambio en las condiciones laborales de los profesionales que tendrán que prestar servicio en los 80 centros de salud que abrirán las 24 horas y, más en concreto, en los puntos que se abrirán donde antes se ubicaban los 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia.
De forma paralela, las organizaciones sindicales han remitido una carta a los alcaldes de la práctica totalidad de las localidades de la región afectadas por esta situación que afecta tanto a las condiciones laborales de los profesionales como a la atención asistencial que se ofrecerá a la población.
"Someten a los trabajadores del SAR a la obligación de cambiar de contrato, desvinculándoles de sus ubicaciones laborales para pasar a ser personal genérico de los PAC, pudiendo disponer de ellos para, dónde y como quieran, según las necesidades del servicio, con cambios que afectarán a sus puestos, sus horarios, su jornada que se verá intensificada, sus condiciones laborales y su conciliación laboral, familiar y personal", explican.
"Es como si al personal del Ayuntamiento de 41 alcaldías les obligasen a asumir el trabajo de 78, extenuándoles con mayor carga laboral y peores condiciones. Es lógico pensar que no darán de sí y acabarán cubriendo esas funciones como buenamente puedan, terminando por disminuir operativos en cada alcaldía, para poder mantener abiertas las 78, situación que acabará siendo insostenible, viéndose obligados a redirigir esfuerzos hacia donde haya más demanda, cerrando el resto", advierten.
Especialmente afectada se verá la atención rural, alertan las organizaciones sindicales, que reclaman a los regidores que "sumen medios y esfuerzo para poder movilizarse y paralizar este despropósito".
"Con este nuevo e improvisado plan, el área rural va a quedar desprotegida, empeorando previsiblemente la continuidad de cuidados, con profesionales intentando prestar la mejor calidad asistencial pese a que esta se pueda ver afectada o sin garantías de una correcta cobertura sanitaria, poniendo en riesgo muchas vidas que van a sufrir las consecuencias", recalcan.
Los alcaldes de Soto del Real, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Manzanares El Real, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, y el segundo teniente de alcalde de Bustarviejo se han reunido con trabajadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) para conocer cómo les va a afectar el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias que la Comunidad de Madrid va a implantar.
A estos gobiernos municipales les preocupa la denuncia sindical de que el plan contempla que serán los profesionales de los SAR los que se ocupen de la reapertura de los SUAP de AP, sin que se amplíe personal médico.
Los alcaldes han enviado una carta al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, expresando su preocupación por "la más que probable pérdida de servicios", solicitando que los servicios de urgencias rurales se mantengan, y que bajo ningún concepto se lleven a cabo medidas que puedan reducir el personal, servicios y atención que actualmente tienen.
En la carta se solicita una reunión a la mayor brevedad posible, con el fin de recibir información detallada, así como trasladar de forma presencial esta preocupación por las consecuencias que el plan puede tener sobre la atención sanitaria de sus vecinos y vecinas.