El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, y la directora de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Raquel Sampedro, han mantenido este lunes un encuentro con las cuatro organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad que firmaron el acuerdo (todas menos el sindicato médico Amyts, que ha convocado una huelga indefinida desde el 7 de noviembre).
Un encuentro en el que la comisión de seguimiento de la negociación de la reordenación de las urgencias extrahospitalarias ha denunciado "la problemática derivada de la precipitada apertura de los centros", con "graves problemas organizativos ocasionados por la ausencia de planificación previa y la comunicación a última hora a los profesionales" y "sin tener en cuenta los criterios existentes" para desplazamientos provisionales, "así como la planificación sin haber tenido en cuenta reducciones de jornada, permisos o cambios".
En un comunicado conjunto, las cuatro organizaciones sindicales han recalcado que, desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, se han comprometido a "cumplir con la reorganización adecuada del personal, siguiendo los criterios que se firmaron en el acuerdo, subsanando, a la mayor brevedad posible, el caos producido al inicio del proceso y corrigiendo los errores existentes".
En esta línea, según los sindicatos, la Administración realizará "a la mayor brevedad posible" un análisis de la actividad asistencial en los centros "para ajustar el número de profesionales necesarios y asegurar la calidad asistencial evitando, a su vez, la sobrecarga a los trabajadores, tal y como está recogido en el acuerdo".
Igualmente, según CC.OO, UGT, CSIT Unión Profesional y Satse, la Consejería se asegurará de que los centros cuenten con profesionales de las tres categorías (celador, enfermera y médico) y, en caso de ausencia de médico ni enfermera, se compromete a no abrir sus puertas.
Ambas partes continuarán con las reuniones de seguimiento para la negociación de la reordenación de los centros y de los recursos existentes, en base a un principio de acuerdo que establece un periodo transitorio de dos meses para evaluar y analizar el modelo definitivo de adscripción de trabajadores. A ello se sumará un análisis de datos de actividad asistencial para cada centro, con el objetivo de determinar la cobertura necesaria de horarios, profesionales y plantillas.
Por su parte, el sindicato médico Amyts ha censurado este lunes el "caos organizativo" en la puesta en marcha de los 80 centros de atención 24 horas el pasado jueves, con agresiones al personal sanitario después de que la Consejería de Sanidad y dirigentes del PP acusaran a los profesionales sanitarios de boicot.
Ángela Hernández, secretaria general del sindicato, ha subrayado que el balance de la "apertura precipitada y sin las debidas condiciones técnicas y de personal" en los cuatro primeros días de funcionamiento de este modelo de atención urgente extrahospitalaria "es muy negativa".
El sindicato ha denunciado que se han dado "situaciones extremas e inaceptables", con agresiones a una médica y un enfermero en un PAC por la falta de material en uno de estos centros 24 horas o, en otro punto, "atendido sólo por celadores", donde la población "ha forzado las puertas para comprobar que no había médicos dentro".
"Creemos que todo esto está relacionado con la nefasta estrategia de comunicación que ha elegido el consejero de Sanidad e, incluso, algunos representantes parlamentarios del Gobierno regional, conforme a culpabilizar a los profesionales de toda esta situación. Eso es inadmisible. No se puede culpar a los profesionales que van a estar dando la atención de lo que está sucediendo", ha indicado Hernández.
Desde el sindicato mayoritario entre los médicos de la región reclaman una rectificación, ante "una campaña de desprestigio" de los profesionales al acusarles de "boicotear" la reapertura de estos centros.
"Creemos que se deben rectificar estas acusaciones e invitamos a la Administración a sentarse con el sindicato médico Amyts para solucionar el grave problema que hay sobre la mesa", ha indicado el sindicato, al tiempo que pone en duda los datos proporcionados por la Consejería en cuando a las bajas sobrevenidas de médicos.
Según el Gobierno regional, el primer día de funcionamiento de este modelo llegó a haber un 57% de bajas sobrevenidas entre el personal médico, con profesionales que comunicaron esa misma mañana "que se daban de baja por incapacidad temporal, por situaciones personales de distinta índole o por permisos solicitados por incidencias familiares".
"Aquí hay unos responsables muy claros, que es una Consejería que ha hecho las cosas de una forma precipitada, de espaldas a los profesionales y por unas motivaciones más políticas o electoralistas que técnicas. Creemos que perfiles más técnicos que ha tenido con anterioridad la Consejería jamás se hubieran metido en este fango de tratar de culpar y acusar de boicot a los profesionales", ha destacado la secretaria general del sindicato.
Según los datos recopilados por Amyst, al menos 21 médicos SAR ya han renunciado a su puesto "ante este escenario de estrés, desprotección y de riesgo para el paciente y para el profesional" y teme que la cifra "vaya aumentando o que los profesionales huyan a otros puestos de la sanidad madrileña".
"Incluso hemos tenido constancia de que, ante la falta de personal, muchos de estos centros han tenido que cerrar", ha indicado, al tiempo que ha apuntado que también ha recibido comunicaciones de profesionales "que han tenido que hacer frente a largas horas de guardia sin material básico, como desfibriladores, o sin apenas espacios acondicionados al descanso".
El sindicato, que ha registrado una convocatoria de huelga indefinida, a partir del 7 de noviembre, a la que están llamados 228 facultativos, ha insistido en que no se puede abrir 80 dispositivos con el personal médico de 40. "Poblaciones que hasta ahora habían tenido SAR, que hasta ahora funcionaban bien, han estado cerrados este fin de semana, lo mismo ha sucedido con los antiguos SUAPs", ha lamentado Hernández.
En este contexto, han recordado que se ofreció a la Consejería una solución, ofrecer a los médicos del Summa 112 que volvieran voluntariamente a sus antiguos SUAPs ante esta reapertura, pero la Administración "no quiso escuchar, alegando que no querían desmantelar las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD)" que atiende este servicio.
"Sin embargo, durante la apertura en estos días no han dudado en desplazar a profesionales de las UAD, e incluso de las UVI, a estos PAC para mantener el espejismo de centros abiertos. Todo esto conduce a un empeoramiento notable de la asistencia a los madrileños en zonas rurales, sin que se traduzca en un beneficio real y sin un esfuerzo en ordenar los niveles asistenciales y explicar a la población su uso", ha lamentado.
Además, ha denunciado, la Comunidad de Madrid "ha fiado" la operatividad de los PAC, en gran medida, a la voluntariedad de los profesionales de Atención Primaria, unos 13.600. En este sentido, ha recordado que este primer nivel asistencial cuenta, "en su día a día", con un 20% de las consultas sin médico, "provocando una terrible sobrecarga para los médicos de Familia y pediatras que siguen sobreviviendo en los centros de salud".
En este contexto, ha criticado también que la Consejería de Sanidad haya bombardeado los teléfonos personales de los profesionales de Atención Primaria "en su jornada de descanso" para que fueran el sábado, "para cubrir unos PAC sin material y sin plantilla suficiente".
"La Consejería de Sanidad está empujando a los profesionales a abandonar y en Madrid, precisamente, no nos sobran médicos", ha subrayado el sindicato, que también ha destacado las "increíbles muestras de solidaridad" que está recibiendo por parte "de los ciudadanos, de los pacientes, y médicos de otras Comunidades, que están contemplando con mucha preocupación lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid".
A esta situación en la urgencias extrahospitalarias se suma la huelga indefinida que iniciaron el viernes los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, en el municipio de San Sebastián de los Reyes, que cumple este lunes su cuarta jornada para denunciar una falta de personal en este servicio que pone en riesgo la salud de los pacientes.
La Consejería de Sanidad ha fijado para esta huelga unos servicios mínimos del 100% en la Urgencia del centro hospitalario. "Estamos de acuerdo, dado el servicio estratégico y esencial que es, pero hemos firmado en desacuerdo, porque la base de nuestra huelga es que no llegamos a cubrir, ni de lejos, el 100 de mínimos ni de la plantilla", ha explicado Itziar Fortuny, urgencióloga del Hospital Infanta Sofía y miembro del comité de huelga.
Según Amyts, desde hace tres años se cuenta con un facultativo menos asignado todos los fines de semana en la Urgencia, es decir, se tienen ocho facultativos de guardia. "Esto obliga a que los facultativos tengan que hacer entre cinco y nueve guardias, con dos fines de semana mínimo al mes, para conseguir cubrir esos ocho adjuntos de guardia en vez de los nueve previstos. Algo que supone una clara vulneración de las instrucciones de la propia Consejería sobre el descanso obligatorio", ha concretado.
En un comunicado, el sindicato médico ha puesto de manifiesto la situación "de extrema gravedad" que vive este centro, cuya población asignada ha pasado de 269.249 pacientes en 2008 a 333.756 personas, en 2021, pero que ha ido perdiendo facultativos en los últimos años. A ello se añade, además, la presión en el último año relacionada con el cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPs), el déficit de la Atención Primaria y la larga lista de espera en consultas de especialidades.
En este contexto, ha explicado además que es el centro con menor presupuesto anual (172 millones de euros) y menos facultativos (384), frente a otros hospitales 'gemelos' como el Infanta Leonor (205 millones y 534 facultativos), aunque tenga más población asignada (333.756 frente a 312.000).
En concreto, según Amyts, el Infanta Sofía cuenta con 280 camas en su área de hospitalización -el Hospital Infanta Leonor dispone de más de 370 camas y el Hospital de la Princesa, de 530 camas-, mientras que el número de adjuntos en las Urgencias es de 32 -55, en el caso del Infanta Leonor, según la plantilla orgánica de la Comunidad de Madrid-.
Una situación que, según el sindicato médico, ha provocado que un total de 14 profesionales eventuales se hayan ido de esta Urgencia a otros servicios con "mejores condiciones laborales". "Los adjuntos que trabajamos en la unidad de Urgencias del Hospital Infanta Sofía llevamos años reclamando un redimensionamiento de una plantilla que ha quedado claramente insuficiente", han señalado los urgenciólogos de este centro madrileño.
Por su parte, fuentes del centro han indicado que el Servicio de Urgencias dispone de una plantilla estructural de 34 facultativos, más 11 contratos de guardia. Además, en el último mes, dos médicos con contratos eventuales de más de dos años han pasado a ser interinos, "dotando de mayor estabilidad a la plantilla".