Ante ello, el Gobierno regional empleará los cauces legales establecidos para este tipo de circunstancias. Su objetivo es levantar el complejo en Valdebebas para concentrar 356 órganos judiciales, dispersos en 28 inmuebles de la capital.
Entre las causas por las que no han llegado ofertas estarían, entre otras, la subida de los tipos de interés, la inestabilidad económica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento de la energía, así como la situación generalizada de incertidumbre en el ámbito internacional.
Conforme a la Ley que regula la contratación pública en los casos en los que queda desierto un concurso público, la norma prevé la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento negociado, siempre y cuando las condiciones esenciales del contrato no sean alteradas, como, por ejemplo, el presupuesto base de licitación.
Fuentes regionales han apuntado que "el objetivo ahora es contactar con el mayor número de empresas para cursar una invitación" a "aquellas que estén bajo los parámetros de los criterios de solvencia recogidos en el contrato".
El Gobierno regional mantiene su voluntad de reagrupar todos los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único enclave, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la Administración de Justicia, lo que redundará en un beneficio para las arcas regionales.
En los próximos días se iniciarán los trámites legales pertinentes que permitan seguir avanzando en este proyecto necesario para la Justicia madrileña.
El pasado agosto, se abrió el plazo para la concesión del contrato para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid, por un valor estimado de 2.847.986.667,47 euros. Fuentes regionales han detallado que la aportación pública nunca superaría los 2.100 millones de euros.
Sin embargo, se tuvo que ampliar en 21 días naturales el plazo de concurrencia para las empresas que querían optar a la licitación del proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Entre los motivos para ampliar el plazo, destacaba que se trata de un proyecto de una enorme complejidad, en una situación económica muy complicada, que hace muy difícil la elaboración de un programa económico por parte de las empresas que se quieran incorporar a la oferta.
Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21x21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario, cuando entre en funcionamiento, a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión, con un plazo máximo de 40 años. El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros –más IVA –, cantidad que no será sometida a revisión –y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato.
Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.