CC.OO, UGT, Satse y CSIT Unión Profesional, que junto a Amyts tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad, han llamado a la huelga a los 78.000 profesionales que forman la plantilla del Sermas para esta jornada con la vuelta a la jornada laboral ordinaria de 35 horas como principal reivindicación, frente a las 37,5 actuales.
Una cita a la que se unen los docentes de la Comunidad de Madrid, en este caso convocados por CC.OO., UGT y CSIT Unión Profesional, en un intento de unir fuerzas con Sanidad por la calidad de los dos "pilares" del Estado de Bienestar. Contarán con el apoyo de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que agrupa a un millar de asociaciones de padres y madres de la región.
En su caso, se pide pasar de las 25 horas de clase en Infantil y Primaria y 20 en Secundaria actuales a 23 y 18, respectivamente, con una disminución, además, de los ratios por aula y de la carga burocrática.
De esta forma, los considerados como dos pilares básicos del Estado de Bienestar, como son la Sanidad y Educación, buscan a dos días de la cita con las urnas medidas para recuperar la calidad de estos servicios y revertir la pérdida de derechos laborales, fundamentalmente en cuanto a los horarios de trabajo.
Entre otras protestas, los sindicatos han convocado a las 12.00 horas una concentración frente a la sede de la Consejería de Sanidad, en la calle de Aduana, junto a docentes y padres, desde donde, además, luego se marchará hasta la sede de la Consejería de Educación, en la cercana calle de Alcalá, donde tendrá lugar otra protesta.
Desde el Gobierno regional, el máximo responsable de la Sanidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero, ha cargado contra el "carácter absolutamente político" que tiene la huelga. "El debate ha salido justo antes de las elecciones, lo cual define claramente el carácter absolutamente político que tiene esta huelga y que lo único que busca es generar más conflicto de cara a las elecciones", ha afeado.
Aunque son varias las reivindicaciones que han motivado la convocatoria, una de las principales es la recuperación de la jornada laboral previa a la pandemia. Un Real Decreto de diciembre de 2011 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy estableció la jornada laboral para los funcionarios de 37,5 horas con carácter general.
Posteriormente, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI fijó, con carácter general, la recuperación de las 35 horas, para lo que dejaba en manos de cada administración las competencias de autoorganización.
Los sindicatos, que también han impulsado actos de protesta para el conjunto de los más de 180.000 funcionarios de la Administración, denuncian que la Comunidad de Madrid es una de las únicas regiones que no ha restablecido esta jornada laboral. En el caso de la Sanidad, han llevado a cabo ya dos jornadas de huelga para hospitales, centros de salud y Summa 112 los días 19 de abril y 8 de mayo.
En este caso, las organizaciones sindicales cifran en 42 millones de euros la implantación de esta medida. El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty ya recordó el "coste enorme" que supondría la jornada laboral de 35 horas en el caso concreto de los sanitarios y enmarcó la propuesta en la necesidad de un estudio previo "serio y profundo".
A esta reivindicación suman, además, la implantación inmediata de un nuevo plan real y efectivo para la Atención Primaria, dotado del presupuesto necesario para una atención de la calidad e iniciar la negociación "de una vez por todas" el Plan de Urgencias y Emergencias.
También piden recuperar y mejorar el poder adquisitivo que arrastran los profesionales, modificar y actualizar el modelo de Carrera Profesional de 2007, "además del cumplimiento y ejecución de las miles de sentencias judiciales ganadas y no cobradas aún por los profesionales".
Todo ello, en un contexto de críticas a la Comunidad de Madrid de "desprecio" y "maltrato" a los profesionales y recriminaciones por la negativa a sentarse a negociar con ellos una solución que permita acabar con "más de una década de derechos arrebatados" a los profesiones.
La misma situación que denuncian los docentes en la región, que buscan así sumar fuerzas con los sanitarios para ser escuchados. En este caso, las demandas se centran en la reducción del horario lectivo, la disminución de las ratios en las aulas y menores cargas burocráticas.
Los sindicatos convocantes recuerdan, así, que han aumentado las tareas relacionadas con la digitalización, pero no disponen ni del tiempo ni de las herramientas adecuadas para llevarlas a cabo. Entre otras, cita la mayor atención a la salud mental o el uso de la tecnología.
Otro de los problemas que apuntan los sindicatos es la masificación en las aulas, con la Comunidad de Madrid como una de las regiones españolas con las ratios más altas de toda España, que en algunos centros es de 1 para 1.200-1.300 alumnos, según CC.OO, "lo que supone entre tres y cuatro veces más de lo que se considera aconsejable por la UE, por la OCDE y por los expertos internacionales".
"Una especie de 'tormenta perfecta', acompañada de plantillas muy justas en general y, en particular ,en los perfiles de atención a la diversidad", ha explicado Galvín, que califica estos datos de "barbaridad". "Madrid se ha erigido en la región más desigual de España y la segunda de Europa, lo que exige una atención más individualizada y diversa, algo tremendamente difícil sin una reducción de ratios", ha apuntado por su parte UGT.
También se alude al exceso, "hasta el absurdo", de burocratización y papeleo. "Todos los conflictos que suceden en escuela se acaban resolviendo con un protocolo que conlleva papeleo", ha lamentado Galvín, que apunta también a que ésta no viene "acompañada de recursos".
Igualmente, se subraya que la Comunidad, la "más rica de España" y que presume de ser el motor de la economía del país, "es la que menos invierte en educación", la mitad que la media en España y muy a la cola de lo que se invierte en Europa, según remarca CC.OO.
UGT, que realiza periódicamente estudios salariales docentes, ha apuntado, por su lado, que Madrid es la penúltima en el ranking de Comunidades Autónomas en cuanto a retribuciones del profesorado, pese a tener el mayor PIB del Estado.
Unas condiciones retributivas que, según remarca la responsable de CC.OO, provoca "un fenómeno de emigración de profesorado hacia otras comunidades autónomas". "Horarios excesivos, precariedad laboral, plantillas insuficientes, bajas retribuciones, maltrato a los profesionales, problemas de la educación pública similares a los de la sanidad", resumen desde la organización sindical.
Contarán con el apoyo, entre otros, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos ante una "destructiva" gestión del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que ha llevado a cosechar "un auténtico fracaso educativo" y el "maltrato" a los docentes.
"No se puede seguir más tiempo siendo los que menos invertimos en educación pública del país y los que obtenemos los resultados más mediocres con nuestro sistema educativo", subraya la FAPA, que llama a la sociedad madrileña a seguir su ejemplo de "apoyo y respaldo" a esta convocatoria.