Las prácticas sobre las que el ministerio liderado por Alberto Garzón ha abierto una investigación están relacionadas con el cobro como "extras" de servicios que, generalmente, son "necesarios e imprescindibles para los pasajeros a la hora de viajar", señalan desde el Ministerio.
Es el caso, por ejemplo, del cobro de un importe adicional o suplemento por llevar una maleta en cabina sin facturar o por seleccionar un asiento, incluso en el caso de menores de edad o personas dependientes.
El Ministerio de Consumo, al amparo de las competencias sancionadoras ante fraudes masivos, estudia si este tipo de prácticas comerciales por parte de compañías 'low cost' son abusivas o desleales y si contravienen, de forma generalizada, la normativa de consumo.
Además, también está investigando si las aerolíneas podrían estar obteniendo posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda y comparadores de vuelos 'online' con precios muy inferiores a los que realmente termina pagando el consumidor en la transacción final.
Las compañías investigadas ostentan, en su conjunto, una cuota de mercado por encima del 30% tanto dentro como fuera de Europa, por lo que tienen incidencia en la contratación de millones de pasajeros.
Las conductas investigadas constituirían presuntas infracciones graves, que pueden sancionarse con multas de entre 10.000 y 100.000 euros, pudiendo sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido o hasta el 4% de la facturación si se confirmasen como prácticas generalizadas en el seno de la UE.
Las políticas de algunas compañías sobre el equipaje de mano han sido objeto de polémica en múltiples ocasiones. La más reciente ha sido protagonizada por Ryanair, quién ha recibido reclamaciones por cobrarle a los pasajeros que viajaban con ensaimadas desde el aeropuerto de Palma.