Con motivo de las elecciones generales del 23 de julio, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha enviado diez propuestas a los principales partidos políticos que se presentan por la circunscripción de Madrid, centradas en la calidad de la arquitectura, el ejercicio de la profesión, la rehabilitación, el urbanismo, la defensa del patrimonio, el derecho a la vivienda y la formación.
Los arquitectos de Madrid consideran "primordiales" estas cuestiones, tanto para la profesión como para la sociedad en general y solicitan a los candidatos que se tengan en cuenta en los programas electorales con los que se presentan a los comicios.
Así, la primera de las propuestas del decálogo es llevar a la práctica todo lo establecido en la Ley de Calidad de la Arquitectura, fines, respeto de los criterios que determinan la calidad arquitectónica y cumplimiento de las medidas para que los poderes públicos preserven, fomenten y divulguen la calidad arquitectónica, así como desarrollar el Reglamento de la Ley y establecer el Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura.
En segundo lugar, y para mejorar la protección al consumidor y dar respuesta a la necesidad de contar con una arquitectura de calidad, se pide la introducción de los mecanismos legales que permitan a la Administración establecer baremos orientativos y honorarios mínimos para todas las profesiones afectadas por el ámbito de la Ley de Ordenación de la Edificación.
La tercera propuesta, orientada a mejorar la calidad de la arquitectura pública, pide que se establezcan las modificaciones legales necesarias para que los concursos de proyectos sean el medio para la realización de todos los procesos de ideación arquitectónica.
Los concursos deberían ser, a juicio de COAM, abiertos, con requisitos técnicos y económicos proporcionados, sin bajas económicas y con una base económica establecida según honorarios mínimos "acordes con el esfuerzo y la responsabilidad que comporta proyectar arquitectura de calidad". Concursos exclusivamente de proyecto y dirección de obra.
En cuarto lugar, se propone que la producción de normativa que afecte al sector profesional de la arquitectura sea "racional", evitando "el exceso normativo e incluso reduciendo el existente". "Eliminar barreras administrativas para favorecer la gestión del sector de la edificación y el urbanismo, sin suprimir garantías para el ciudadano ni trasladar responsabilidades propias de la administración a los profesionales", añade.
En quinto lugar pide fomentar y proteger el patrimonio arquitectónico histórico y contemporáneo mediante campañas de difusión y formación, apoyo a los trabajos académicos y de divulgación relacionados con el patrimonio, introducción en planes de estudio de todos los niveles educativos, ayudas y subvenciones a los propietarios de bienes catalogados, impulso de los cambios normativos que faciliten la gestión del patrimonio, así como dotar de medios a todas las comisiones y organismos dedicados a la protección del patrimonio, cuidando "especialmente" el patrimonio arquitectónico contemporáneo, aún no suficientemente protegido ni difundido.
Asimismo, se pide promover la rehabilitación, con un enfoque de rehabilitación integrada, mediante la aportación de fondos económicos en modo de subvenciones suficientes como para continuar la necesaria puesta al día de un parque inmobiliario hoy envejecido.
La séptima de las propuestas busca que desde la Administración se promueva e incentive la "cultura del mantenimiento" y la conservación de la edificación como "el mejor medio para asegurar el buen estado de los edificios y el ahorro económico que supone el cuidado permanente de los inmuebles".
En octavo lugar, se aboga por impulsar el urbanismo y la arquitectura desde la óptica de la calidad", respetando los criterios establecidos para conseguirla en la Ley de Calidad de la Arquitectura, así como a partir del criterio de sostenibilidad económica, medioambiental y social.
La novena propuesta se basa en "defender el derecho a una vivienda de calidad para todos los españoles", impulsando para ello los cambios normativos y las medidas de impulso económico necesarias. En virtud de esto, en todas las contrataciones públicas "se deberá cumplir el artículo 1.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el sentido de facilitar el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, evitando por tanto que esas contrataciones queden monopolizadas por las estructuras empresariales de gran tamaño", apunta COAM.
Por último, se llama a apoyar la formación de los arquitectos desde las Escuelas de Arquitectura, dotándolas a estas de los medios económicos y humanos necesarios para conseguir un alto nivel de formación de los profesionales.