Los votos de PP y PSOE en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid han dado luz verde al penúltimo paso del convenio urbanístico de la antigua Cárcel de Carabanchel, donde están proyectadas hasta 640 viviendas, el 34% de ellos protegidas, "tras más de veinte años de tramitación", ha indicado el área.
PP y PSOE han apoyado, previo paso al Pleno, la propuesta del área que dirige Borja Carabante para ratificar, con carácter definitivo y con desestimación de las alegaciones, el convenio urbanístico inicialmente suscrito con la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), junto con la promotora Pryconsa. Vox se ha abstenido y Más Madrid ha votado en contra.
La comisión ha ratificado, de este modo, un convenio que ordena una superficie de 172.143 metros cuadrados, que contará con vivienda, dotaciones sociales (equipamientos sanitarios, un centro educativo y social, oficinas) y zonas verdes, en los terrenos de la antigua Cárcel de Carabanchel.
El acuerdo establece el reparto de las parcelas entre el Ayuntamiento de Madrid y los dos propietarios del suelo. Sobre los terrenos se construirán 640 viviendas, de las que el 34% serán protegidas.
El visto bueno final permitiría desbloquear un ámbito pendiente de desarrollo desde hace "más de veinte años". También se llevará a cabo la urbanización de más de 46.000 metros cuadrados de vías públicas y la creación de 23.461 metros de zonas verdes.
El acuerdo aprobado avala el convenio urbanístico suscrito en diciembre de 2022 entre los dos propietarios de los terrenos, Siepse y Pryconsa. La nueva ordenación urbanística de estos terrenos establece la distribución de las parcelas entre los dueños del suelo y el Ayuntamiento de Madrid.
La superficie total afectada por este convenio es de 172.143 metros cuadrados, comprendida entre la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo. Dentro de los deberes legales recogidos en el acuerdo se establece la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento urbanístico.
De esta manera, el Ayuntamiento será el adjudicatario de una parcela con calificación de residencial para vivienda de protección pública básica de 4.178 metros y una edificabilidad lucrativa total de 8.199. El Consistorio también será propietario del 71% de otra parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.
También el Ayuntamiento asume la propiedad de una parcela en el centro de estos terrenos, cuyo uso es dotacional de servicios colectivos, con calificación equipamiento singular de salud, esto es, para un hospital.
Su superficie es de 39.920 metros cuadrados. La otra parcela dotacional cedida al Consistorio estará destinada para un equipamiento básico de bienestar social de 2.037 metros cuadrados. Unido a que el Consistorio será el adjudicatario de cinco espacios destinados a zonas verdes, cuya superficie suma 23.461 metros cuadrados, y de un total de 46.000.
Por su parte, la Administración General del Estado mantiene la titularidad del terreno en el que actualmente se levanta la comisaría de Policía Nacional y el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), con 14.049 metros de con uso dotacional para servicios públicos.
Se convierte también en adjudicataria, a través de Siepse, de dos parcelas, que serán destinadas a oficinas (suman ambas casi 9.700 meytos), y otra con calificación de equipamiento educativo (2.561 m2).
Siepse también será adjudicataria de cuatro parcelas: dos de uso residencial, en categoría de vivienda colectiva libre, de 7.988 m2 y 10.435 m2; una residencial para vivienda de protección pública básica (15.638 m2); y, finalmente, el 28% de otra para vivienda de protección pública básica, que comparte con el Ayuntamiento.
Pryconsa será el titular de una superficie de 3.123 metros cuadrados para uso residencial, en categoría de vivienda colectiva libre. En lo que afecta a la urbanización del terreno, Siepse asumirá frente al Ayuntamiento de Madrid el pago de la totalidad de las obras, así como, en su caso, las indemnizaciones y el coste de las demoliciones que hubiera que efectuar.
El coste inicialmente previsto asciende a 25 millones de euros. Estas obras de urbanización se iniciarán en el plazo máximo de ocho meses desde la notificación al promotor del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbanización. Tendrá una duración prevista de 15 meses.