"Siempre que hay un problema en esta ciudad, el Gobierno municipal da la espalda a vecinos y vecinas y es muy importante que los afectados por el Plan 18.000 tengan una solución, que pasa por un precio justo. Llevan años demandando que puedan comprar el suelo de unas viviendas que ya son suyas", ha subrayado la edil socialista.
Maroto ha exigido que se actúe con "la misma" premura con la que se resuelven "otros expedientes urbanísticos". Se trata, a su parecer, de dar solución definitiva a unas "vidas condicionadas por la inquietud de saber si van a poder ser finalmente propietarios de ese suelo".
El PSOE espera que el responsable de Urbanismo "cumpla" y el pliego esté listo en enero, pero, sobre todo, "que el precio sea justo y no se aplique el 30% de subida que pretende la Comunidad de Madrid y que haría inviable que estas familias puedan adquirir sus casas".
"Somos más de 6.500 familias afectadas del Plan 18.000, que hoy nos manifestamos en defensa de nuestros derechos. Queremos un pliego justo, a precio protegido de VPO sin restricciones, sin limitaciones y con garantías para todas las familias que hemos pagado y mantenido nuestras casas", han señalado por su parte los perjudicados.
El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital de los años 90, para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.
Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.
Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. Desde el principio, los superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.
Primero, en 1992, y luego, en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.
En mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente.
Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego, "pero cumpliendo el acuerdo del Pleno" que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños", apuntaba meses atrás el entonces delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
Esto supone que el Ayuntamiento "no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado", mientras que los superficiarios del Plan 18.000 "consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en los Pactos de la Villa".
Una representación de los aproximadamente 10.000 afectados se reunió el pasado martes con el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Desde el área se ha trasladado que "en dos semanas" se dará a conocer la "solución definitiva".
Tras la reunión, los afectados han afirmado sentirse "indignación" y no descartan recurrir a la vía judicial. La Asociación Plataforma de Afectados por el Suelo del Plan 18.000 ha explicado que Carabante les trasladó la intención de publicar un pliego en enero de 2024 y que para la entidad ciudadana, debido a sus particularidades, "podría impedir a miles de afectados cumplir su sueño de comprar el suelo de sus viviendas".
En caso de que no pudieran comprar, pasados 75 años desde la concesión, supondría la pérdida de las viviendas que construyeron en régimen de cooperativas, ya que la propiedad revertiría al Ayuntamiento.
Según lo indicado en la reunión, el nuevo pliego aplicaría la orden de precios máximos de venta de viviendas con protección pública vigente a fecha de hoy a aquellos afectados que tuvieran capacidad económica suficiente para solicitar al Ayuntamiento la compra del suelo de forma inmediata desde la publicación del pliego.
Sin embargo, los afectados que no tuvieran la capacidad de comprar antes del 31 de marzo de 2024 "verían cómo el suelo de sus viviendas se encarece aún más". Marzo es la fecha en la que la Comunidad de Madrid estima tener aprobada una nueva orden de precios para vivienda de nueva construcción, que fija el alza del suelo en un incremento inicial del 30%, más los incrementos posteriores anuales del IPC, han expuesto.
Todo ello supondría, en la práctica, "hacer entrar a miles de familias, las más vulnerables y a las que más habría que proteger, en un círculo vicioso que las excluirá de la posibilidad de comprar el suelo de su vivienda".
Culpan de esto a la "pretensión del Ayuntamiento de aplicar de forma incorrecta una nueva orden de precios destinada a vivienda de nueva construcción y que de ninguna manera puede aplicarse a viviendas que tienen entre 25 y 35 años de antigüedad".
La asociación ya anuncia que si el pliego se publica, finalmente, en estos términos, no les quedará otra alternativa "que volver a acudir a los tribunales", tal y como ya hicieron con el pliego de enero de 2023 y que, finalmente, el Ayuntamiento retiró.
Entre otras razones, la plataforma argumenta que la proposición municipal "no tiene en cuenta la imposibilidad de afrontar el nuevo coste del suelo en caso de personas jubiladas, como lo son la mayoría, o de quienes han comprado recientemente ya que no podrían disponer de un préstamo o hipoteca para asumir el elevado coste del suelo de sus viviendas".
Desde la asociación afirman, sin ambergo, que han valorado positivamente que Carabante accediera a estudiar las diferentes soluciones que ha presentado la asociación.