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Crecen las aulas para alumnos TEA

En este curso 2023/24, hay en la región 855 aulas atendidas por más de 1.700 profesionales en 682 centros educativos sostenidos con fondos públicos. (Foto: Comunidad de Madrid).

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades ha visitado las que funcionan en el colegio público Arquitecto Gaudí, en Chamartín

Redacción Norte | Miércoles 10 de abril de 2024
El Gobierno regional ha creado este curso 55 nuevas aulas del Programa para alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en 35 centros educativos públicos de 29 localidades, incluyendo la incorporación de 110 profesionales especializados.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha visitado el colegio público Arquitecto Gaudí en el distrito de Chamartín, donde ha podido observar cómo se desarrolla esta iniciativa, que se puso en marcha en el curso 2001/02 en dos centros, que suma nuevos recursos año tras año y que cuenta ya con un total de 855 clases de apoyo en 682 colegios e institutos, atendidas por más de 1.700 profesionales.

Los participantes se incorporan tras una evaluación psicopedagógica individualizada, que determina la necesidad de esta respuesta educativa y que cuenta siempre con la autorización de la familia. Para ello, cada estudiante distribuye su jornada lectiva semanal entre el aula de apoyo especializado y la ordinaria, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades de aprendizaje y autonomía personal y social.

Para facilitar su atención, los centros docentes incrementan su plantilla con dos profesionales, uno con perfil de maestro especialista en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, y otro de técnico especialista integrador social.

Ambos colaboran con el resto de los profesores para ofrecer conjuntamente la respuesta más adecuada a las necesidades de cada niño. Viciana ha subrayado el compromiso del Gobierno regional "con todos los alumnos con necesidades educativas especiales".

Nuevas aulas

Las aulas que se han incorporado en 2023/24 están ubicadas en 13 distritos de la capital –Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, Retiro, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde– y en los municipios de Alcobendas, Buitrago del Lozoya, Cobeña, El Molar, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, San Agustín del Guadalix, Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Móstoles, Parla, Pinto, Valdemoro, Alcala de Henares, Arganda del Rey, Meco, Paracuellos de Jarama, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba, Las Rozas de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

El consejero ha defendido el funcionamiento de estas aulas, tras las críticas que algunas asociaciones de familias y sindicatos realizaron contra la resolución que modificaba algunos aspectos de su funcionamiento, entre ellos las ratio de las mismas, una norma que, "en el fondo, lo que hace es beneficiar a las familias y a los alumnos con trastorno del aspecto autista".

"Básicamente, lo que adoptamos fue la posibilidad de que, siempre favoreciendo a las familias, se podría incrementar el número de alumnos asignados al aula", ha explicado el consejero, quien ha añadido que "nunca se va a incrementar el número de alumnos que están simultáneamente en el aula", que sigue siendo un límite de cinco.

"Sí que puede haber más alumnos asignados para que en el caso de que tengan alumnos en el centro, familiares, hermanos por ejemplo, o que en el barrio no tengan que desplazarse a otros centros educativos, pues queremos favorecer a estas familias, para que puedan disfrutar y favorecerse de esta escolarización", ha concluido Emilio Viciana.

En este sentido, el pasado 19 de marzo, la Asociación Segundo Maestro reclamó, en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de la Asamblea de Madrid, la derogación "de forma inmediata" de la Resolución 254 de la Consejería que regula el funcionamiento de estas aulas específicas.

Su presidenta, Laura Abadía, compareció a petición del grupo Más Madrid y pidió el fin de esta norma, que considera "inconstitucional" por contradecir a otras "de rango superior" y por el "daño" que, a su juicio, está causando a las familias.

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