Según consta en las actas de la licitación, la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Dragados (la constructora de ACS) y Acciona se ha impuesto en el segundo de los dos lotes en los que se ha dividido el contrato, de mayor cantidad.
En concreto, llevará a cabo la redacción de los proyectos y ejecución de la obra para la construcción de la jurisdicción civil, penal y fiscalía de estas instalaciones, por un importe de 378,6 millones de euros, siendo esta oferta la más barata y la tercera en méritos técnicos.
Por su parte, la UTE de OHLA, Azvi y Rover se ha posicionado en primer lugar en el lote 1, que incluye la redacción de proyectos y ejecución de obra de la construcción del aparcamiento público y de los edificios del Tribunal Superior de Justicia y audiencias provinciales, por 161,4 millones de euros, la oferta más económica también y la tercera en puntuación técnica.
La Comunidad de Madrid recibió cinco ofertas de un total de 13 empresas, las principales del sector, incluidos los consorcios Ortiz-Lantania-Vias y Construcciones, Constructora San José-Avintia y Ferrovial-Sacyr-FCC, aunque finalmente Dragados-Acciona y OHLA-Azvi-Rover se adjudicarán formalmente el contrato, previsiblemente antes de que finalice el verano, para comenzar las obras en el primer semestre de 2025.
El Gobierno regional ha planteado en esta ocasión, a diferencia de en la pasada legislatura, gestionar la Ciudad de la Justicia de manera directa.
El Ejecutivo autonómico unificará en un solo complejo ubicado en el barrio de Valdebebas un total de 27 sedes judiciales repartidas ahora por la capital y que, en la actualidad, dan servicio diariamente a más de 30.000 personas. Se levantarán entre 10 y 13 edificios.
La Ciudad de la Justicia de Madrid ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos.
Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años.