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Rego: "Proteger a los menores es una obligación"

Sobre el protocolo del gobierno canario, la Ministra de Juventud e Infancia ha indicado que es "un precedente peligroso" que pone en riesgo los derechos de los menores no acompañados "porque podría vulnerar derechos fundamentales de la infancia". (Foto: Ministerio de Juventud e Infancia).

La Ministra de Juventud e Infancia ha asegurado que "la tutela de estos niño es competencia de las comunidades autónomas"

Redaccion | Jueves 19 de septiembre de 2024
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha admitido que el mecanismo de solidaridad voluntario entre comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes no acompañados "no estaba funcionando correctamente".

"Hasta ahora, operaba un mecanismo de solidaridad voluntario entre las comunidades autónomas que debo decir que no estaba funcionando correctamente, porque, en muchos casos, no se estaban produciendo los traslados", ha indicado Rego, este jueves, en una entrevista en el programa 'Carne Cruda'.

Sobre el protocolo del gobierno canario, la Ministra de Juventud e Infancia ha indicado que es "un precedente peligroso", que pone en riesgo los derechos de los menores no acompañados, "porque podría vulnerar derechos fundamentales de la infancia".

"Cuando se pone en duda la protección de la infancia, cuando se pone en duda o cuando se cuestiona la figura del amparo de menores, lo que se está poniendo en duda es los derechos fundamentales de la infancia. Nos parece un precedente peligroso y, desde luego, desde el gobierno no lo compartimos en absoluto", ha subrayado.

Rego ha recordado que los menores migrantes solos son "niños y niñas, adolescentes que vienen de situaciones terribles, que se juegan la vida en el mar, que huyen de conflictos bélicos en muchos casos, que huyen de situaciones extremas", por lo que ha insistido en que España tiene la "obligación de atenderlos".

Ante el incremento de llegadas a Canarias, la ministra ha abogado por hacer un análisis "riguroso" de los movimientos migratorios para entenderlos y para tener una "previsión, en términos humanitarios, en términos de sostenibilidad de los sistemas de acogida".

En este contexto, ha recordado que han planteado propuestas como el mecanismo voluntario de reparto entre CC.AA, pero, como "no ha funcionado", ha indicado que en julio plantearon una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, para contar con "un mecanismo que, de manera automática, asigne la acogida por comunidades autónomas".

"Porque, aquí la dificultad está en que la tutela de estos niños forma parte de las competencias de las comunidades autónomas y, desde el Estado, como mucho podemos coordinar acciones simplemente, tenemos un papel menor", ha reconocido, al tiempo que ha añadido que "los niños no vienen a Canarias" sino "a España" y que, "por tanto, tiene que ser la solidaridad de todo el territorio la que se haga cargo".

Si bien, Rego ha lamentado que el Partido Popular votara en contra de la reforma de la Ley de Extranjería hace un mes y medio, evidenciando, a su juicio, "una contradicción absoluta".

"Ahora mismo, estamos en una fase en la que vamos a poner en la agenda, de nuevo, la necesidad de modificar este artículo; hay financiación, pactemos unos indicadores para que haya una acogida solidaria entre todas las comunidades autónomas. Pero, insisto en que la protección de la infancia no puede ser voluntaria", ha insistido.

Preguntada por si es compatible su visión con la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por si está de acuerdo con la política migratoria del PSOE, la ministra ha precisado que desde Sumar tienen "una manera de verla" con "otros matices" y ha admitido que tiene "discrepancias con algunas de las cuestiones que se han aprobado con la política migratoria europea".

En todo caso, ha señalado que, "desde los lugares comunes", en "el refuerzo de los derechos humanos, ahí hay plena coincidencia". Si bien, ha subrayado que son "fuerzas políticas diferentes" y han hecho "análisis distintos" de episodios como el de la frontera de Melilla, en junio de 2022, cuando al menos 23 personas migrantes murieron. "Nos hemos posicionado y ahí está el histórico. Yo, en este caso, comparto la posición del Defensor del Pueblo", ha insistido.

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