Así lo confirmaba el gerente de la AMAS, José Manuel Miranda, en la Asamblea de Madrid, donde compareció ante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales a petición del Grupo Más Madrid para dar explicaciones sobre los planes del Ejecutivo autonómico para atender a estas personas.
Miranda ha señalado que, una vez que el Ayuntamiento de Madrid contactó con la AMAS para la acogida de estos mayores, la Agencia ofertó "una serie de plazas vacantes" en tres residencias públicas de mayores no dependientes de titularidad regional, a fin de "agruparlos lo más posible", y en las que permanecerán "el tiempo que el Consistorio determine o que ellos mismos decidan".
Éstas son la residencia de Vallecas, la Doctor González-Bueno –distrito de Fuencarral-El Pardo– y la residencia Santiago Rusiñol –Aranjuez–. Como ha precisado el gerente de la AMAS, finalmente han sido 20 los mayores usuarios de los apartamentos San Francisco –de los 61 que deberán abandonar el edificio– que han aceptado voluntariamente el traslado a estas residencias. Así, cinco de ellos ocuparán la de Vallecas; cuatro, la González-Bueno, y once, la Santiago Rusiñol, a donde llegarán esta semana, entre el 23 y el 27 de septiembre.
La diputada de Más Madrid Emilia Sánchez-Pantoja criticaba durante la sesión la forma "muy deficiente" en que se está ejecutando, por parte del Consistorio de la capital, el traslado de estas personas, enfatizando que para muchos las tarifas de estas residencias son muy elevadas y han tenido que rechazar la plaza, "porque no la pueden pagar".
En este sentido, Miranda respondía que el copago fijado es "el mismo que para cualquier mayor no dependiente" y que va "en consonancia con la capacidad económica de los mayores", aunque, para aquellos que no puedan asumirlo, pueden recurrir a los "mecanismos" existentes para su reducción.
El Ayuntamiento de Madrid se reunió, el pasado martes, con representantes de los grupos municipales y con la asociación de vecinos Cavas-La Latina para explicar las obras que el Consistorio acometerá en los apartamentos municipales, ubicados en la calle de Jerte, y ha asegurado que los usuarios volverán tras la reforma.
En concreto, el Gobierno municipal invertirá 3,8 millones de euros en la reforma integral del inmueble, con el objetivo de paliar patologías estructurales y humedades y de actualizar la infraestructura para cumplir con el Código Técnico de Edificación.
La intervención incluye nuevas instalaciones de climatización y electricidad, nuevo saneamiento y fontanería, mejora de la envolvente para un mayor aislamiento, renovación de acabados y colocación de nuevos ascensores, han detallado fuentes municipales.
El Consistorio ha establecido un plan de reubicación de los 61 usuarios, para "asegurar su alojamiento y bienestar" durante el tiempo que dure la obra.
La reforma del edificio y el traslado de sus usuarios ha generado la protesta de los mismos, así como de los vecinos del barrio, quien se han concentrado en varias ocasiones para pedir que las obras se hagan por fases para hacerlas compatibles con la presencia de sus inquilinos, al tiempo que han mostrado su temor a que estos apartamentos caigan en manos de "fondos buitre y parásitos" con "la excusa de reforma del edificio, pero con la intención real de convertirlo, posteriormente, en un negocio privado destinado al turismo".