A más de una década de mantener congeladas las cuentas de varios empresarios que se vieron afectados por el caso de la Banca Privada de Andorra, la controvertida jueza Stephanie García y Joan Carles Moynat Rossell continúan obstaculizando la resolución a favor de uno de los empresarios, al que se intenta desprestigiar, a pesar de que no se le ha podido comprobar que el origen de sus recursos sea ilícito.
Entre los afectados, de todas partes del mundo, se encuentran mexicanos, que suman varios millones de euros que siguen retenidos de manera injusta, bajo procedimientos pocos claros de las autoridades del Principado de Andorra, donde, aseguran, "impera la opacidad y violación de derechos humanos".
Uno de estos empresarios de origen mexicano afectados, que por seguridad ha preferido no exponer sus datos personales, recientemente dio a conocer su preocupación por los argumentos sin fundamentos con los que buscan despojar de sus bienes, al tratar de vincularlo con lavado de capitales, cuando incluso se ha sostenido mediante pruebas y auditorías internacionales que sus negocios son completamente lícitos.
“Es una mentira más que están utilizando las autoridades de Andorra en mi contra. Después de casi 10 años, siguen dañando mi integridad, cometiendo actos de discriminación por ser mexicano. He vivido una persecución y un daño a mi patrimonio irreversible y, ahora, están intentando vincular mi caso con delitos que jamás he cometido”, ha mencionado.
Así, responsabiliza a Joan Carles Moynat Rossell, por ser quien emprendió la persecución en su contra, valiéndose de su cargo para girar una orden de aprensión injustificada, únicamente para amenazar e intentar extorsionar al empresario.
El equipo de abogados del mexicano ha explicado que la jueza del Principado de Andorra Stéphanie García ha indicado como prueba un supuesto argumento que no tiene sustento para señalarlo por lavado de dinero, lo que expone una difamación, discriminación y violación a los derechos humanos del afectado.
Por su parte, la Fiscalía General de la República en México, a través de su oficina de asuntos internacionales, ha emitido un documento de asistencia jurídica en favor del empresario mexicano, donde precisa su inocencia ante los delitos mencionados. En éste, se manifiesta la inexistencia de pruebas para imputar alguna conducta ilícita, así como el llamado al principado de Andorra a respetar los acuerdos internacionales y no violentar los derechos del mexicano.
El abogado de uno de los empresarios, Antoni Riestra, confesó que lleva una amistad con la jueza Stephanie Garcia, además que es el único abogado que la magistrada permiten para su representación, menciono que la jueza Garcia le comento en privado que no confía en la información oficial proveniente de México "por la corrupción", un insulto "desvergonzado y contraproducente", cuando el Principado de Andorra –mediante un sin número de asistencias judiciales– ha solicitado información a México. Pero, "como la misma no opera a su favor, deciden desconfiar de la veracidad de la información recibida".
Expertos juristas mexicanos se pronunciaron a tal situación, reclamando que "si la información enviada al Principado de Andorra es a favor de nuestros clientes y sirve para demostrar su inocencia, automáticamente las autoridades andorranas dicen que la información, oficios y asistencias no son confiables, situación que vulnera la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales".
La jueza Stéphanie García ha estado a cargo en diversos casos de persecución contra empresarios extranjeros, que en algún momento invirtieron sus capitales en el Principado de Andorra, y, bajo acusaciones infundadas, ha sido causante del despojo de las cuentas bancarias de dichos empresarios.
Una vez más, "se intenta criminalizar a un empresario que, por error, depositó su dinero" y, tras 10 años de liquidar la Banca Privada de Andorra BPA, "el estado se ha apropiado de de su dinero, sin ningún elemento que pruebe que provenga de una actividad ilícita y sin opción a defenderse, ya que han basado las acusaciones en su contra en suposiciones infundadas".
Lo más grave ha sido "la intimidación en contra del empresario e incluso intentos de extorsión por parte de los funcionarios cómplices Stephanie García y Joan Carles Moynat Rossell", aseguran los representantes del empresario mexicano, quienes continúan: "por medio de amenazas de órdenes de aprehensión pretenden que los empresarios renuncien a parte de su patrimonio. Situación que se ha agravado cuando al empresario se le ha ofrecido renunciar al 70% del dinero aprehendido a cambio que se levantaran las medidas cautelares del proceso", propuesta que el empresario negó rotundamente.
En la actualidad, el empresario mexicano confía en el apoyo de las autoridades mexicanas competentes para defender sus derechos ante las acusaciones arbitrarias de las autoridades de Andorra y, en espera de los avances que logren sus abogados, confía se obtenga una resolución a su favor para recuperar su patrimonio y se aclaren las acusaciones que de manera injusta se han hecho en su contra.