Es uno de los argumentos que han ido defendiendo los pequeños propietarios, con licencia, además de reclamar "una legislación justa, no sólo para los grandes tenedores o los fondos que pueden acceder a edificios completos".
La asociación Madrid Aloja, que representa a más de 5.000 VUT en la Comunidad de Madrid, y la plataforma de pequeños propietarios MadVut convocaba, este miércoles, una protesta en la puerta del Sol, en la que defendían que la suya representa una "oferta turística más asequible y de calidad" y no una competencia desleal hacia el sector hotelero.
"En su día, hicimos todo lo que nos pidieron: nos registramos en la Comunidad de Madrid, tenemos nuestras declaraciones responsables y obtuvimos nuestros números de registro. Con esas declaraciones responsables, con esos números de registro, haces ese trámite en Ávila y funciona sin problema; lo haces para Móstoles y funciona sin problema; lo haces para Madrid y eres ilegal a partir de 2019", describían.
"También somos vecinos del barrio, no queremos la gentrificación", subrayan los pequeños propietarios. "Para mí, que mi vecina me salude es fundamental. No todo vale, pero se nos lleva demonizando muchos años, porque nos consideran competencia, cuando no es así. El cliente que viene a una vivienda de uso turístico no es un cliente de hotel. Muchas veces, son familias o personas que vienen por un tratamiento médico. Esa gente, si nuestra oferta desaparece, no va a ir a un hotel, simplemente no va a venir a Madrid", advierten.
Para su entender, eso supondría que la ciudad "va a dejar de percibir unos ingresos que le son fundamentales". También quieren dejar claro que no son grandes tenedores, sino familias normales que, con sus ahorros, han podido hacerse con un par de pisos que luego heredarán sus hijos.
"Somos vecinos de esos barrios, hemos vivido toda nuestra vida aquí. Estamos dispuestos a hacer todo lo que haga falta para que la convivencia sea absoluta. Queremos respetar a los vecinos, porque nosotros también somos vecinos y aquí viene la gran paradoja de todo esto", han expuesto.
Se enfrentan ahora, con la normativa en la que trabajan la Administración local, a un problema de "inseguridad jurídica brutal", dicen. "Realmente, nosotros creíamos que estábamos ejerciendo la actividad con absoluta normalidad y con total legalidad, pero ahora ha venido el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a decirnos, de la noche a la mañana, que nos quiere ilegalizar, después de decirnos lo contrario en su momento, cuando estaba Manuela Carmena" en la Alcaldía, se quejan.
Encontrarse con la posibilidad de ser ilegalizados es una "tremenda barbaridad" para los pequeños propietarios de VUT, aunque confían en el "equipo competente de Almeida", en que "escuchen" y les reciban.
"No pedimos saltarnos la ley, ni que nos hagan una ley especial; pedimos que nos respeten nuestros derechos y nada más", sostienen. Y lo hacen después de rechazar las acusaciones en las que les señalan como parte del problema de emergencia habitacional que sufre Madrid.
Las VUT generan, según los datos aportados por el colectivo, "el 30% de todo el movimiento turístico de la capital" y, además, se presentan como "todavía mucho más contributivos que el resto de los actores turísticos", dado que "el 60% del turista del apartamento turístico o de la VUT gasta en el pequeño comercio local".
Rechazan también las acusaciones que aseguran que no pagan impuestos. "Eso es tremendamente injusto, porque pagamos más que los hoteles y, encima, nos quieren criminalizar. Es absurdo, no se conoce nuestra realidad", han lamentado.
También se han manifestado las personas que trabajan en las viviendas de uso turístico. "Somos muchas familias las que que dependemos de este trabajo", advierten. En esa línea, otros pequeños propietarios reivindican la generación de riqueza y empleo, a pesar de que "no se está respetando ninguna norma (por parte de las administraciones), porque la cambian cada dos por tres, de la noche a la mañana, y no se sabe lo que puede pasar".
"Reivindicamos que busquen soluciones lógicas", insisten, como también remarcan que son pequeños propietarios, no grupos hoteleros. Son familias que han heredado o comprado porque, como recuerdan, "el 90% de las viviendas están en manos de pequeños propietarios".