Los tres partidos de la oposición –Más Madrid, PSOE y Vox– solicitan que el Gobierno regional retire este texto que modificará 131 artículos de diez textos normativos, con el objetivo de "hacer frente al desafío del crecimiento económico y demográfico".
Lo avanzaba en julio el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en rueda de prensa después del Consejo de Gobierno que aprobaba el texto y lo remitía a la Asamblea de Madrid.
Explicaba entonces que se buscaba "facilitar el desarrollo de grandes proyectos" y "acelerar la edificabilidad, porque se podrá solicitar licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos".
También se pretende agilizar "los trámites urbanísticos municipales tras la aprobación de las 'Leyes Ómnibus' y de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida"; permitiendo a los ayuntamientos ir avanzando en el "planeamiento, mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en preparación".
De cara a agricultores y ganaderos, se reducirán las autorizaciones urbanísticas y modernizarán los regadíos, "que supondrá un ahorro de agua y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias". Asimismo, se permitirá que haya "más usos y actividades en el suelo rural, así como la comercialización de los productos agroalimentarios en la propia instalación, para una mayor competitividad".
Además, con la nueva reforma legislativa, se quiere fomentar la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en Suelo Urbanizable No Sectorizado (el que no se encuentra delimitado en parcelas, sectores o áreas, por lo que su transformación está contemplada a largo plazo), mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial, que agiliza los plazos de tramitación.
En lo relativo al uso del agua, la nueva ley agiliza el procedimiento de aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas, "con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua".
El debate de las enmiendas a la totalidad llegará a mitad de un Pleno que arrancará, como cada jueves, con la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde se le preguntará por sus planes para la igualdad de hombres y mujeres (Vox), el fortalecimiento de la democracia (PSOE), el funcionamiento de las residencias de mayores (Más Madrid) y la atracción de inversión extranjera (PP).
Tras ello, llegarán las cuestiones planteadas a los consejeros que tratarán, entre otros, sobre Telemadrid, los Presupuestos para 2025, la calidad de la educación, la Línea 7B de Metro de Madrid, las zonas de bajas emisiones y dependencia.
A continuación, se debatirá la Proposición de Ley (PROPL) del PSOE sobre Ordenación del Turismo, que busca que en todos los establecimientos turísticos que presten alojamiento en la Comunidad de Madrid las camas sean elevables mecánica o electrónicamente. Los socialistas han pedido que se tramite por lectura única, por lo que primero se votará si se acepta o no este proceso abreviado.
El siguiente punto del día serán las enmiendas a la ley de ordenación del territorio, a las que seguirá una comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, para que explique su estrategia para afrontar la deuda de la Comunidad de Madrid en los próximos tres años.
Por último, llegará el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL), donde PSOE buscará el apoyo de la Cámara para pedir a la Comunidad reforzar los mecanismos de información y transparencia y contratación pública; mientras que Más Madrid hará lo propio para reclamar al Ejecutivo que modifique la ley para que los informes preceptivos para acreditar universidades privadas sean vinculantes y para que aumente los recursos materiales y humanos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Comunidad de Madrid.