La Universidad Pontificia Comillas y la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro han presentado el 'Informe España 2024', con el apoyo de la Fundación Ramón Areces, que refleja que España sigue avanzando en un buen número de aspectos sociales, pero necesita una mejora en otros.
Así, entre otros aspectos, concluye que el 81% de niños migrantes se siente feliz en su país de acogida, sólo la mitad de ellos tiene un alto sentimiento de pertenencia a la escuela y dos de cada cinco declaran haber sufrido acoso en algún momento.
Para el director de la cátedra de Comillas y coordinador del informe, Agustín Blanco, la edición 2024 del informe "muestra un país caracterizado por procesos de progreso social, pero con grandes retos que afrontar". De entre los progresos, Blanco destaca las comunidades energéticas "como un factor fundamental en la estrategia de descarbonización" y resalta la "mejora sustancial en el mercado de trabajo, aun cuando existen temas que afrontar como, la digitalización, la temporalidad o con el envejecimiento de la población, que son retos de enorme envergadura".
El citado informe resalta varios temas de "gran calado" para España durante estos últimos meses, como la inmigración. Los datos reflejan que, en 2023, llegaron casi un 100% más de migrantes irregulares a las costas españolas que el año anterior y que ese mismo año aumentaron en más de 600.000 los residentes extranjeros en España.
Yoan Molinero, investigador del Instituto de Estudios sobre Migraciones de Comillas (IUEM) y uno de los autores del capítulo sobre inmigración, que se focaliza en el colectivo infanto-juvenil, migrantes agrícolas y solicitantes de asilo, ha destacado que "quedan muchos retos en la política migratoria de España y en la UE que tienen que ver con una política fragmentada que impide proteger los derechos humanos de estas personas y su correcta inserción en mercado laboral".
"Además, el pacto de protección y asilo no aborda las necesidades de la población refugiada", según ha añadido Raquel Verdasco, investigadora del IUEM y otra de las coautoras del trabajo.
Al hilo de la infancia, el 'Informe España 2024' también aborda la situación de este colectivo en España, a quienes se dedica sólo un 1,6% del PIB –en políticas de protección social de infancia y familia– frente al 2,5% de media en la UE.
La investigación refleja que se han cuadruplicado los trastornos de ansiedad o depresivos en menores de cuatro a 14 años, así como los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): del 2,5% prepandémico, al 7%.
El análisis de Salomé Adroher, profesora de Derecho de Comillas ICADE y experta en políticas de infancia, en que "son necesarias políticas públicas y una respuesta social por parte de familias, empresas, instituciones, universidades", ha asegurado, matizando que "no podemos dejar a los niños solos".
La profesora insiste en que el principal riesgo para la infancia, sobre todo para la que vive en instituciones o residencias en lugar de en familia, "es la salud mental, dañada por el impacto de la pandemia y por la violencia a través de las pantallas".
En este sentido, el 'Informe España 2024' desvela que un 33% de adolescentes sufren un uso problemático en redes sociales e Internet, con una mayor incidencia entre chicas (36,1%) que entre chicos (29,8%).
No en vano, los delitos a través de las redes también aumentan: en 2023, la cibercriminalidad en España (337.251 infracciones penales, el 18,5% del total) aumentó un 21,5% respecto a 2022, y entre 2014 y 2022 las estafas informáticas se multiplicaron por más de diez: pasaron de 32.842 a 335.995.
El estudio aborda el tema de las comunidades energéticas en España y el impacto que ya tienen en ciertos territorios. De hecho, el trabajo subraya que el 25% de los participantes en las comunidades energéticas locales son ciudadanos, mientras que los municipios suponen un 17% de participación.
En este sentido, Matteo Troncia, investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de Comillas ICAI (IIT), identifica tres retos: "el normativo –falta de regulación–, el económico –falta de líneas de crédito para financiar el desarrollo de estas comunidades– y el tecnológico, por la falta de herramientas digitales para gestionar el uso compartido de la energía".
Es precisamente en pequeñas comunidades y localidades donde más se ha impulsado la creación de comunidades energéticas. Unas zonas cada vez más despobladas a las que se unen, cada vez más, las ciudades intermedias, porque, según explica Agustín Blanco, "existe una concentración espacial de la población y de la actividad económica, y las ciudades más pobladas han ganado más peso a nivel poblacional y es donde la recuperación ha llegado antes y con más fuerza".
El informe señala que, entre 2001 y 2010, un total de diez ciudades intermedias españolas (entre 50.000 y 300.000 habitantes) perdieron población, lo que suponía el 7,3% de dichas ciudades.
Sin embargo, en la segunda década del siglo XXI, entre 2011 y 2020, tras los efectos de la Gran Recesión, son un total de 51 de 137, un 37,2%. Además, el 78% de las ciudades intermedias perdieron empresas industriales, entre 2011 y 2020, lo que impacta directamente en el empleo.
Así, el Informe España 2024 avisa de que la tasa de temporalidad en el empleo ha pasado de un 32% en 2002 a un 17,2% en 2023, aunque en el sector público sigue manteniéndose en el entorno del 30% mientras en el sector privado se sitúa por debajo del 15%.
Asimismo, los contratos indefinidos, después de la reforma laboral de 2021, tienen una menor duración y una mayor rotación, porque se utilizan como si fueran temporales, y el empleo asalariado se precariza: el 48% de la población asalariada sufre algún tipo de precariedad laboral.
Por último, el informe aborda el problema del desperdicio en la sociedad de consumo. Señala que, a nivel mundial, cada año acaban en la basura 2.500 millones de toneladas de comida, un 40% de los alimentos producidos. Además, en España se tira cada año casi un millón de toneladas de residuos textiles, de los que sólo se recicla el 1%.