Sindicatos y concesionarias del servicio de recogida de las basuras han alcanzado un preacuerdo, que será votado en asamblea en la mañana de este domingo.
El Ayuntamiento de Madrid confía en que "la propuesta que eleve el comité de huelga sea avalada por los trabajadores y definitivamente se reanude el servicio para los ciudadanos".
Desde el Gobierno municipal han puesto en valor en un comunicado "el comportamiento ejemplar de los madrileños y los operarios de limpieza, que han demostrado una vez más que están a la altura de cualquier adversidad".
El pasado martes, pocas horas después del arranque de la huelga, la asamblea de trabajadores tumbaba un preacuerdo alcanzado entre sindicatos y empresas concesionarias.
Precisamente, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, se reunía esta tarde con los portavoces del ramo de la oposición para informar sobre la reunión celebrada este mediodía con los representantes empresariales y sindicales y para trasladarles que el decreto de emergencia para limpiar las calles está preparado.
El Ayuntamiento contratará a empresas externas para recoger la basura desde la madrugada del domingo al lunes si antes no hay acuerdo entre sindicatos y concesionarias para parar la huelga de recogida, ha anunciado Carabante antes de la reunión, la tercera, que ha promovido este sábado entre las dos partes en conflicto. Esta vía se ejecutará a través de un contrato de emergencia, que será repercutido a las empresas.
El delegado ha dado cuenta de la situación actual a las dos concejalas de la oposición que han acudido a la reunión –Esther Gómez (Más Madrid) y Emilia Martínez (PSOE)–, avanzando "que ya está el decreto de emergencia preparado para que, en caso de no alcanzarse un acuerdo este sábado, se contraten otras empresas para que comiencen a recoger los residuos depositados en la vía pública con motivo de la huelga en la noche del domingo al lunes", han informado fuentes del área.
Carabante ha animado a las ediles a realizar alguna propuesta que contribuya positivamente a que los sindicatos consensuen un pacto que sea aprobado por los trabajadores. Al encuentro también han acudido Jaime González Taboada (PP), presidente de la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y Carlos González (PP).
La concejala de Más Madrid, Esther Gómez, ha acusado a Carabante de ser "el mamporrero de la patronal" y de "reventar la huelga con contratos a dedo a otras empresas".
Para Más Madrid, la reunión ha sido "un despropósito de principio a fin". "El PP está ejerciendo de manporrero de la patronal y sólo se dedica a alimentar el conflicto. Después de seis días de huelga, en los que el Ayuntamiento se ha puesto de perfil y con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desaparecido de las negociaciones, Carabante no ha tenido una sola palabra de condena ni se ha desmarcado de las amenazas de despido que las empresas están haciendo a los trabajadores que ejercen su derecho a huelga", ha afeado Gómez.
Optar por "reventar la huelga con contratos a dedo a otras empresas, sólo va a empeorar el conflicto laboral y, además, no va a solucionar la gravedad de la basura acumulada, porque los medios y maquinaria para recoger la basura en condiciones los tienen las empresas que se niegan a escuchar a los sindicatos", ha advertido.
"La huelga es un derecho constitucional, le guste o no a Carabante o Almeida, y los únicos responsables de que el problema haya llegado hasta aquí son la patronal y el Gobierno del PP", ha subrayado. "Lo que debe hacer el Gobierno de Almeida es exigir a la patronal que no se atrinchere, que sea sensible a las reivindicaciones de los trabajadores. Más Madrid tiene claro que está del lado de los trabajadores y de sus derechos constitucionales", ha subrayado.
Madrid revive en estos últimos días de abril el conflicto de las basuras cuando han pasado doce años desde la que la exalcaldesa Ana Botella calificara como "huelga salvaje", en noviembre de 2013, que acabó tras trece jornadas, con una denuncia en Fiscalía para que se investigaran los actos vandálicos, echando mano de Tragsa –con personal externo de empresas de trabajo temporal para sustituir a los de las concesionarias– y con 19 detenidos.
La entonces alcaldesa incluso llegó a dar un ultimátum de 48 horas a las concesionarias de la limpieza viaria y la jardinería para que llegaran a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para poner fin a la huelga. De lo contrario, el Consistorio "asumiría el control".
La similitud con lo que está ocurriendo ahora en Madrid es evidente. El pasado viernes, cuando la ciudad registraba su cuarto día de huelga y con incumplimiento de los servicios mínimos decretados, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba que el Ayuntamiento estudiaría limpiar las calles con medios propios o externalizados.
"Es un servicio que el Ayuntamiento está obligado a dar y que, además, puede afectar a la higiene y a la salubridad de los madrileños. Por tanto, estamos ya estudiando las alternativas para, de forma inmediata, proceder a recoger los residuos que no se están recogiendo con incumplimiento de servicios mínimos", apuntaba Almeida.
El últimátum de Botella acabó sin acuerdo y la exalcaldesa reaccionó: la limpieza de Madrid pasaría a ser desempeñada por los servicios de la empresa estatal Tragsa. De nuevo, otra similitud con el conflicto laboral actual.
Carabante ha trasladado este sábado a las concesionarias que continuarán imponiendo sanciones por el incumplimiento de los servicios mínimos. Hasta el viernes, se les impuso 1,6 millones de euros de sanción, que han ascendido hasta los dos millones del sábado y que seguirán incrementándose de manera diaria con 400.000 euros por el incumplimiento de los servicios mínimos. Al finalizar el día, las empresas concesionarias habrán sumado 2,4 millones de euros en sanciones.
La misma vía fue empleada hace doce años, cuando el Ayuntamiento descontó hasta 4,5 millones de euros a las empresas concesionarias del contrato integral de limpieza y conservación de espacios públicos, tras trece días de huelga.
Botella recibió el apoyo de su partido ante la gestión de la crisis de las basuras. La dirección nacional del PP salió en su defensa, asegurando que la regidora "está actuando hasta donde la ley le permite, cumpliendo con sus compromisos contractuales", palabras de apoyo que transmitió quien fuera vicealcalde de Madrid y secretario ejecutivo de Política Local, Manuel Cobo.
También lo hacía la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que defendía la actuación de Botella, porque "cuando son servicios asistenciales, una tiene que coger las riendas y no hay más remedio que dar algún mandoble".
Este sábado, doce años después, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado al alcalde Almeida, ante una huelga de recogida de basuras que está demostrando "poco corazón y compromiso" con un Madrid "en picos de turismo".