Madrid, ciudad tradicionalmente ajena a la cultura costera, se prepara para inaugurar un espacio que marcará un hito en su modelo de desarrollo urbano: la laguna artificial más grande de Europa, destinada a la práctica del surf urbano, verá la luz junto al estadio Cívitas Metropolitano.
Esta actuación, prevista para comenzar en 2025, no sólo representa una gesta en innovación tecnológica y deportiva, sino también un importante desafío jurídico y urbanístico.
Este proyecto se integra dentro del desarrollo conocido como Ciudad del Deporte, un complejo de 265.000 m² promovido por Stoneweg Infrasports en colaboración con el Club Atlético de Madrid, cuya primera piedra se colocó en julio de 2023.
Situado en el distrito de San Blas-Canillejas, el conjunto ha requerido una recalificación urbanística previamente tramitada ante el Ayuntamiento de Madrid, en virtud de la cual se ha procedido a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para autorizar usos deportivos, recreativos y terciarios en suelo inicialmente destinado a otros fines.
Este cambio no ha estado exento de debate público y técnico, debiendo cumplir con los principios de interés general, equilibrio territorial y respeto ambiental, exigidos por la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, así como la normativa estatal en materia de evaluación ambiental estratégica y de sostenibilidad urbana.
El proyecto de la laguna artificial incorpora la tecnología Wavegarden Cove, que permite generar más de 20 tipos de olas con un consumo mínimo de agua y energía. Para su autorización, ha sido imprescindible presentar un informe de impacto ambiental conforme a la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, en el que se ha verificado la eficiencia del sistema de recirculación de agua, el uso de fuentes energéticas limpias y el escaso impacto sobre los recursos hídricos de la región.
Asimismo, el cumplimiento de la normativa en materia de aguas, recogida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001), ha sido clave para garantizar que la laguna no implique sobreexplotación de acuíferos ni alteración de cauces públicos, aspectos especialmente sensibles en zonas urbanas densamente pobladas.
En cuanto a su régimen de explotación, el complejo contará con actividades lucrativas de acceso público y privado, lo cual plantea una pluralidad de figuras jurídicas: desde concesiones administrativas sobre dominio público, hasta licencias urbanísticas y ambientales, pasando por la exigencia de seguros de responsabilidad civil, planes de autoprotección y cumplimiento de normativa de espectáculos públicos, recogida en el Decreto 184/1998.
El espacio, dedicado al surf, la gastronomía, al golf interactivo (Topgolf) y a los eventos musicales, requerirá también el cumplimiento del Reglamento de Actividades Clasificadas y las normas municipales en materia de ruidos, accesibilidad y seguridad en instalaciones deportivas. Será previsible la intervención de diferentes órganos administrativos: urbanismo, medioambiente, sanidad, protección civil y deportes.
En lo relativo al 'Topgolf', la innovación no es sólo tecnológica, sino también legal. Este modelo híbrido entre deporte y entretenimiento implica nuevas formas de explotación del espacio deportivo bajo fórmulas jurídicas mixtas: desde la licencia de actividad recreativa hasta contratos de prestación de servicios deportivos y restauración integrados, lo que requiere una planificación rigurosa del régimen de autorizaciones, responsabilidad y derechos del consumidor, especialmente en eventos multitudinarios.
La Ciudad del Deporte pretende atraer a más de 500.000 visitantes al año, convirtiéndose en un referente europeo del ocio deportivo sostenible.
Pero, su éxito dependerá no sólo de la calidad de sus instalaciones, sino también de la solidez jurídica de su implantación y funcionamiento. El respeto escrupuloso a los principios de legalidad, sostenibilidad y seguridad jurídica es lo que garantizará que este megaproyecto no sólo transforme el paisaje urbano de Madrid, sino que lo haga con pleno respeto al Estado de Derecho y al interés general.
Con este proyecto, Madrid no sólo tendrá su propia playa, tendrá un nuevo modelo de ciudad vibrante, legalmente sostenible y abierta al mundo.