La implantación de 1.º y 2.º de la ESO en 49 colegios públicos de la Comunidad de Madrid, las restricciones al uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Infantil y Primaria y la bajada del horario lectivo en Secundaria son las principales novedades que marcan el inicio de este curso 2025/2026 en la región, bajo las críticas de los sindicatos por "la insuficiencia de financiación en infraestructuras, que obliga a impartir clases en barracones", así como la "precarización laboral" del sector.
Con una cifra récord de alumnos que alcanza los 1.267.387 estudiantes, el Gobierno regional ha reivindicado ambas iniciativas, que servirán para prolongar la estancia en el colegio y para limitar el uso de pantallas, además de otras cuestiones como la bajada de ratios, que este año llega al primer curso de Primaria, además de a todo el segundo ciclo de Infantil y a 1.º, 2.º y 3.º de Secundaria.
En una comparecencia tras el Consejo de Gobierno del pasado miércoles, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, desgranó los detalles del nuevo curso y remarcó las novedades mencionadas.
Respecto a la primera de ellas, la creación de 49 centros de Educación Infantil y Primaria con Secundaria Obligatoria (CEIPSO) –que iban a ser 52 en un principio, pero decayeron tres por falta de viabilidad–, Viciana reivindicó que la Consejería que dirige ha realizado las adaptaciones y obras necesarias.
"Se han invertido más de cuatro millones de euros para habilitar los laboratorios, equipamiento digital, mobiliario y material didáctico, para asegurar una educación que se ajuste al cambio de aprendizaje y a los nuevos contenidos de Secundaria", relató el miércoles.
Además, reiteró el argumento principal que el Ejecutivo autonómico lleva meses justificando esta medida, que pretende "proteger la preadolescencia contra el abandono escolar, contra las adicciones y contra el acoso, así como mejorar su rendimiento escolar".
Unos argumentos que siguen sin convencer a los sindicatos que conforman la mesa sectorial (CC.OO, UGT, ANPE y CSIF), tal y como han esgrimido durante los últimos meses. Así, el presidente de ANPE en Madrid, Andrés Cebrián, ha mostrado su preocupación porque esta justificación "transmite la idea equivocada de que los institutos no son seguros, cosa que no es cierta".
En la misma línea, CSIF ha señalado que la organización "es compleja" y que "no se han tenido en cuenta las condiciones laborales de los docentes". "Estamos convencidos de que es una acción electoralista, pero que poco tiene que ver con el beneficio real para los alumnos", ha resumido.
En cuanto a la segunda, las restricciones al uso individual de dispositivos digitales, el Gobierno regional pretende que se reduzcan "los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información".
Por ello, los alumnos de Infantil y Primaria no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales y sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes u otras tareas académicas evaluables en las que tengan que utilizar tabletas, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.
En cuanto al uso compartido entre dos o más niños, se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo de entre una y dos horas semanales, en función de edades y etapas.
En Secundaria, por su parte, serán los propios colegios e institutos que la imparten los que delimiten el uso individual o compartido de tabletas, ordenadores y demás, según las características de las enseñanzas, la edad y el grado de madurez de sus estudiantes.
Sobre esta medida, el consenso entre el Ejecutivo autonómico y los sindicatos es ligeramente mayor, ya que coinciden en la necesidad de reducir el abuso de los dispositivos móviles. Pero, los sindicatos no comparten la manera en que se aplicará la medida.
En este sentido, desde ANPE prefieren apostar por "concienciar, promover, recomendar y hacer campañas para un uso razonable de los recursos digitales", más que por "prohibir o limitar"; mientras que desde CSIF argumentan que los centros deberían de tener autonomía para decidir acerca de esta cuestión.
Más allá de estas cuestiones, el sindicato UGT también ha enumerado otras quejas con las que se inicia el curso, como la "insuficiencia de financiación en infraestructuras". "Barracones prefabricados que hacen la función de aulas para salir del paso, obras sin finalizar o que directamente ni se han iniciado o una falta de adaptación a la realidad climatológica de calor extremo que se vive con cada vez más frecuencia en Madrid dibujan un panorama que se aleja de lo que se espera de la región más rica del territorio nacional", han apuntado desde el sindicato.
También UGT ha remarcado uno de los problemas con los que terminó el curso pasado, el de las plazas desiertas tras las oposiciones de julio, que ascendieron a un 36% del total. Cuando se conoció el dato, Viciana achacó los resultados a "un nivel más bajo de lo normal".
"Urge una revisión del modelo de selección que se sigue, para que las personas que tienen la responsabilidad de formar al alumnado madrileño lo hagan desde la perspectiva del empleo estable y no en la penumbra de la temporalidad", ha exigido UGT.
Una tercera cuestión que marcó el curso escolar del año pasado fue la negociación entre los sindicatos de la mesa sectorial y la Consejería de Educación para conseguir una bajada del horario lectivo, así como un refuerzo de la plantilla docente y una mejora de las condiciones salariales, entre otras cuestiones.
Tras meses de negociación, se acordó que la reducción del horario lectivo se aplicara únicamente a los profesores de Secundaria, que pasarán de 20 a 19 horas a partir de este curso y que bajará hasta las 18 a partir del curso 2028/2029, mientras que en los colegios públicos se pactó incorporar a 850 nuevos maestros.
Aunque Viciana se mostró satisfecho por el acuerdo alcanzado, los sindicatos ya advirtieron de que les parecía insuficiente. Ahora, con el inicio del curso, CSIF protesta por la forma en que se están gestionando los horarios este año. "Muchos docentes denuncian que no se está respetando la bajada a 19 horas", han deslizado.
Una última cuestión que, año tras año, suscita polémica es la de las becas de comedor escolar. El Gobierno regional anunció esta semana que beneficiarán a 119.000 menores este curso, donde se incorpora la novedad de que se han concedido también a los miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región y con hijos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Superar el límite de renta o no acreditar los ingresos familiares son los motivos principales por los cuales han resultado excluidas algunas de las solicitudes, explicó la Consejería de Educación.
"Sobre las becas comedor, lo de todos los años: se va a empezar el curso sin ellas, en gran medida. Como siempre, sobrecargarán de trabajo a los equipos directivos y dudamos, una vez más, de la capacidad de la empresa que las gestione de no equivocarse de nuevo", ha lanzado CSIF.