En los últimos años, España ha sido testigo de un fenómeno creciente: la judicialización de los medios y, en paralelo, la mediatización de la justicia. Casos penales con gran carga emocional, muertes en circunstancias dudosas, desapariciones, delitos sexuales, accidentes con víctimas conocidas o procedimientos contra figuras públicas han terminado, inevitablemente, en el centro del debate televisivo, en las portadas digitales y en las redes sociales.
Esta sobreexposición genera una pregunta urgente, que pocas veces se aborda con la seriedad que merece: cómo manejar la presión mediática sin dañar la integridad del proceso legal.
Como abogado especializado en la defensa de víctimas, me he enfrentado a esta disyuntiva más veces de las que quisiera. Porque, cuando la justicia y los medios se cruzan, lo que está en juego no es sólo la verdad jurídica, sino también la dignidad de las víctimas, el derecho a la presunción de inocencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Este artículo es, por tanto, un intento de aportar claridad a una cuestión cada vez más frecuente y más compleja.
Empecemos reconociendo lo obvio: los medios de comunicación pueden ser aliados poderosos para las víctimas y sus familias. En muchos casos, especialmente cuando hay un archivo prematuro, una investigación incompleta o una falta de voluntad institucional, la presión pública ha sido decisiva para reabrir diligencias, forzar peritajes o generar voluntad política en contextos donde antes sólo había silencio.
La visibilidad mediática puede aportar:
No podemos ignorar que algunas verdades sólo se han abierto paso gracias al foco mediático. Por tanto, pretender que los abogados trabajemos completamente al margen del entorno comunicacional es ingenuo e irreal.
Sin embargo, este mismo poder mediático, mal gestionado, puede volverse en contra del proceso judicial y de las propias víctimas. El problema aparece cuando la exposición deja de servir a la búsqueda de justicia y pasa a alimentar el espectáculo.
Algunos de los riesgos más frecuentes de una presión mediática descontrolada son:
La pregunta entonces es: ¿cómo se puede comunicar sin comprometer el proceso legal? Desde nuestra experiencia, existen varios principios esenciales que deben guiar toda estrategia mediática en un contexto judicial sensible:
– Nunca informar sin asesoramiento jurídico previo. Cualquier declaración pública —ya sea en una entrevista, un comunicado o una publicación en redes sociales— debe ser supervisada por el abogado del caso. No se trata de censura, sino de proteger el marco legal y evitar consecuencias procesales perjudiciales.
– Separar lo emocional de lo acusatorio. Es perfectamente legítimo expresar dolor, frustración o clamor por justicia. Pero se debe evitar señalar culpables sin resolución judicial firme. Las acusaciones públicas pueden tener consecuencias penales para quien las formula.
– Cuidar el lenguaje y evitar el sensacionalismo. La comunicación debe ser clara, respetuosa y orientada a los hechos. Evitar expresiones agresivas, teorías sin pruebas o términos que puedan ser interpretados como ataque personal o institucional.
– Respetar los tiempos judiciales. La estrategia mediática no puede adelantarse a los pasos procesales. Hay que evitar filtrar información clave antes de que se practiquen diligencias o antes de que las partes hayan sido oídas. Lo contrario puede derivar en nulidades o recusaciones.
– Proteger la intimidad de todos los implicados. Especialmente si hay menores, víctimas indirectas o personas no investigadas. La difusión de imágenes, datos personales o detalles íntimos puede acarrear consecuencias legales y éticas muy graves.
En esta era de hiperconectividad, el abogado ya no es sólo un técnico del derecho. En muchos casos, debe actuar también como mediador entre el proceso judicial y la presión pública. Es su responsabilidad proteger a su cliente, pero también velar por la integridad del procedimiento. Eso implica:
1. Asesorar sobre qué se puede decir y qué no.
2. Redactar comunicados públicos equilibrados.
3. Dialogar con los medios, desde el respeto mutuo.
4. Intervenir si se vulneran derechos fundamentales por parte de medios o tertulianos.
5. Recordar a sus clientes que la justicia se construye en los tribunales, no en los platós.
España ha vivido varios ejemplos donde la presión mediática ha interferido, para bien o para mal, en el desarrollo judicial. En algunos casos, la presión social ha obligado a reabrir investigaciones archivadas injustamente, como ocurrió con algunas víctimas de violencia institucional.
En otros, se ha condenado públicamente a personas que luego fueron absueltas, dejándolas marcadas de por vida, sin posibilidad de reparación mediática. También hemos visto cómo se utiliza la televisión para limpiar imágenes, manipular audiencias o lanzar mensajes indirectos a jueces e instructores.
La conclusión es clara: sin una estrategia comunicativa jurídicamente fundamentada, el proceso judicial corre riesgos serios. Y cuando lo que está en juego es la libertad, la reparación o la justicia para una víctima, no se puede improvisar.
Javier Guerrero y Guerrero
Guerrero & Asociados, Abogados