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El abogado, mediador entre la justicia y los medios

El abogado ya no es sólo un técnico del derecho. En muchos casos, debe actuar también como mediador entre el proceso judicial y la presión pública. (Foto: IStock).

Javier Guerrero Guerrero, CEO, fundador y director Jurídico de Guerrero & Asociados, Abogados

Viernes 17 de octubre de 2025
La creciente judicialización de los medios y la mediatización de la justicia plantea desafíos sobre cómo manejar la presión mediática sin afectar los procesos legales. Javier Guerrero, de Guerrero&Asociados, Abogados, explica cómo su mal uso puede comprometer la imparcialidad judicial y revictimizar a las personas implicadas.

En los últimos años, España ha sido testigo de un fenómeno creciente: la judicialización de los medios y, en paralelo, la mediatización de la justicia. Casos penales con gran carga emocional, muertes en circunstancias dudosas, desapariciones, delitos sexuales, accidentes con víctimas conocidas o procedimientos contra figuras públicas han terminado, inevitablemente, en el centro del debate televisivo, en las portadas digitales y en las redes sociales.

Esta sobreexposición genera una pregunta urgente, que pocas veces se aborda con la seriedad que merece: cómo manejar la presión mediática sin dañar la integridad del proceso legal.

Como abogado especializado en la defensa de víctimas, me he enfrentado a esta disyuntiva más veces de las que quisiera. Porque, cuando la justicia y los medios se cruzan, lo que está en juego no es sólo la verdad jurídica, sino también la dignidad de las víctimas, el derecho a la presunción de inocencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial.

Este artículo es, por tanto, un intento de aportar claridad a una cuestión cada vez más frecuente y más compleja.

Altavoz para los que no tienen voz

Empecemos reconociendo lo obvio: los medios de comunicación pueden ser aliados poderosos para las víctimas y sus familias. En muchos casos, especialmente cuando hay un archivo prematuro, una investigación incompleta o una falta de voluntad institucional, la presión pública ha sido decisiva para reabrir diligencias, forzar peritajes o generar voluntad política en contextos donde antes sólo había silencio.

La visibilidad mediática puede aportar:

1. Sensibilización social, cuando se expone la historia de una víctima olvidada.
2. Control ciudadano sobre la administración de justicia, que no siempre actúa con diligencia.
3. Apoyo colectivo y psicológico para familias que, sin esa visibilidad, quedarían aisladas.
4. Rescate de pruebas o testimonios, que aparecen tras la exposición pública del caso.


No podemos ignorar que algunas verdades sólo se han abierto paso gracias al foco mediático. Por tanto, pretender que los abogados trabajemos completamente al margen del entorno comunicacional es ingenuo e irreal.

Convertir un proceso judicial en un 'reality'

Sin embargo, este mismo poder mediático, mal gestionado, puede volverse en contra del proceso judicial y de las propias víctimas. El problema aparece cuando la exposición deja de servir a la búsqueda de justicia y pasa a alimentar el espectáculo.

Algunos de los riesgos más frecuentes de una presión mediática descontrolada son:

1. Contaminación del procedimiento. Los jueces y fiscales son humanos. Están formados para resistir presiones externas, pero no son inmunes. Una cobertura excesiva puede provocar filtraciones interesadas, prejuicios públicos, e incluso alterar la percepción de imparcialidad del órgano judicial.
2. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Cuando se expone públicamente a un investigado antes de que haya una sentencia firme, se corre el riesgo de convertirlo en culpable de facto, lo que puede derivar en futuras acciones legales por calumnias, injurias o vulneración de derechos fundamentales.
3. Revictimización. La sobreexposición de la víctima o su familia puede generar un círculo de sufrimiento constante, donde cada nueva aparición mediática reabre heridas, contradicciones o especulaciones que afectan emocionalmente a quienes ya han sido dañados.
4. Instrumentalización del caso. En ocasiones, partidos políticos, tertulianos o influencers se apropian del relato sin el más mínimo respeto por la verdad procesal, convirtiendo el caso en una bandera ideológica o un contenido de entretenimiento.
5. Destrucción de pruebas o alteración de testimonios. Si un caso está en el foco mediático antes de que se tomen declaraciones formales o se practiquen pruebas, los implicados pueden adaptar su versión al relato dominante, lo cual distorsiona gravemente la investigación judicial.

Comunicación responsable en contextos judiciales

La pregunta entonces es: ¿cómo se puede comunicar sin comprometer el proceso legal? Desde nuestra experiencia, existen varios principios esenciales que deben guiar toda estrategia mediática en un contexto judicial sensible:

Nunca informar sin asesoramiento jurídico previo. Cualquier declaración pública —ya sea en una entrevista, un comunicado o una publicación en redes sociales— debe ser supervisada por el abogado del caso. No se trata de censura, sino de proteger el marco legal y evitar consecuencias procesales perjudiciales.

Separar lo emocional de lo acusatorio. Es perfectamente legítimo expresar dolor, frustración o clamor por justicia. Pero se debe evitar señalar culpables sin resolución judicial firme. Las acusaciones públicas pueden tener consecuencias penales para quien las formula.

Cuidar el lenguaje y evitar el sensacionalismo. La comunicación debe ser clara, respetuosa y orientada a los hechos. Evitar expresiones agresivas, teorías sin pruebas o términos que puedan ser interpretados como ataque personal o institucional.

Respetar los tiempos judiciales. La estrategia mediática no puede adelantarse a los pasos procesales. Hay que evitar filtrar información clave antes de que se practiquen diligencias o antes de que las partes hayan sido oídas. Lo contrario puede derivar en nulidades o recusaciones.

Proteger la intimidad de todos los implicados. Especialmente si hay menores, víctimas indirectas o personas no investigadas. La difusión de imágenes, datos personales o detalles íntimos puede acarrear consecuencias legales y éticas muy graves.

El papel del abogado como mediador

En esta era de hiperconectividad, el abogado ya no es sólo un técnico del derecho. En muchos casos, debe actuar también como mediador entre el proceso judicial y la presión pública. Es su responsabilidad proteger a su cliente, pero también velar por la integridad del procedimiento. Eso implica:

1. Asesorar sobre qué se puede decir y qué no.

2. Redactar comunicados públicos equilibrados.

3. Dialogar con los medios, desde el respeto mutuo.

4. Intervenir si se vulneran derechos fundamentales por parte de medios o tertulianos.

5. Recordar a sus clientes que la justicia se construye en los tribunales, no en los platós.

Lecciones por aprender

España ha vivido varios ejemplos donde la presión mediática ha interferido, para bien o para mal, en el desarrollo judicial. En algunos casos, la presión social ha obligado a reabrir investigaciones archivadas injustamente, como ocurrió con algunas víctimas de violencia institucional.

En otros, se ha condenado públicamente a personas que luego fueron absueltas, dejándolas marcadas de por vida, sin posibilidad de reparación mediática. También hemos visto cómo se utiliza la televisión para limpiar imágenes, manipular audiencias o lanzar mensajes indirectos a jueces e instructores.

La conclusión es clara: sin una estrategia comunicativa jurídicamente fundamentada, el proceso judicial corre riesgos serios. Y cuando lo que está en juego es la libertad, la reparación o la justicia para una víctima, no se puede improvisar.

Javier Guerrero y Guerrero
Guerrero & Asociados, Abogados

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