La capital arranca 2026 estrenando ordenanza para las más de 6.000 terrazas y más de medio centenar de quioscos de hostelería y restauración, después de que la Justicia derogara la anterior, de 2022, "muy similar", aunque con "ligeros retoques".
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid del pasado 23 de noviembre aprobaba definitivamente el texto de la nueva ordenanza, con la que se buscaba, en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, la "conciliación de dos intereses especialmente relevantes en la ciudad, el descanso vecinal y el apoyo a un sector como es la hostelería, tan simbólico, tan significativo y que tanto empleo y riqueza económica genera".
El nuevo texto nace de la estructura de la ordenanza de 2013, actualmente en vigor, y los cambios que se introdujeron en 2022, después de haber sido anulada judicialmente "por motivos formales", en palabras de Vicealcaldía.
Se incorporan elementos demandados por la ciudadanía en la consulta pública previa de 2024, así como los pronunciamientos de la Comisión de Terrazas.
Desde el equipo de Gobierno, han dejado claro que no se trata de una mera modificación. "Se genera una estructura completa respecto a todo el articulado, dado que se trata de una ordenanza nueva", han indicado, poniendo el foco en que "no es una modificación, como ocurría en 2022".
En total, se presentaron 106 alegaciones y, finalmente, se incorporaron tres a propuesta de particulares –relativas a distintos aspectos técnicos de redacción y también a la entrada en vigor de la norma– y cuatro más por parte del sector de hostelería –relativas al periodo de adaptación de la norma y a los flujos de peatones–.
En abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba "por no ser conforme a derecho" la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada el mandato pasado por el equipo de Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (CS), tras el recurso presentado, dos años antes, por la entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mar Espinar.
Los socialistas recurrieron a la Justicia ante la "ausencia de justificación de informe sobre el impacto presupuestario y de evaluación estratégica ambiental". El TSJM remarcaba en su sentencia "la inexistencia o insuficiencia de determinados informes".
El Ayuntamiento recurrió en casación ante el Supremo, pero fue inadmitido confirmando la anulación y derogación de facto de la ordenanza de 2022.