El requisito de los cinco años de arraigo para poder optar al alquiler de una vivienda pública en la capital quedará condicionado al avance del decreto que está elaborando la Comunidad de Madrid, que todavía no ha sido aprobado de forma definitiva, en el que se establece esta condición para acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler a nivel autonómico.
El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, confirmaba precisamente esta semana que se está trabajando en una modificación "muy profunda" del reglamento de adjudicación de viviendas de la EMVS, que incluirá el aumento del arraigo como requisito, en la línea de lo ya anunciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, cuyo Plan Vive dará prioridad a quienes lleven cinco años empadronados en su municipio o desarrollen en él su actividad.
"No queremos dejar a nadie fuera de nuestras políticas de vivienda, queremos que cualquier persona que viva en Madrid pueda tener acceso a una vivienda, pero no es menos cierto que consideramos que aquellas personas que tienen un mayor arraigo, que han estado un mayor número de años empadronados, pues también desde ese punto de vista puedan tener un reconocimiento por parte de la Administración", explicaba el primer edil.
Lo que para Almeida es "un requisito razonable y adecuado a la realidad" de la capital, para el concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero se traduciría en dejar fuera a más de 16.000 familias que no cumplen con esos cinco años de arraigo para poder optar al alquiler de una vivienda pública.
Así, señala que afectaría al 27% de los más de 60.000 solicitantes de vivienda pública que hay en la ciudad. "Recortan derechos en lugar de ampliarlos", señala el socialista en declaraciones remitidas a los medios, tras el consejo de administración de EMVS Madrid.
El nuevo programa anunciado por el Gobierno de Almeida, que permite ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible a madrileños con ingresos medios ya establece el requisito de un mínimo de cinco años de empadronamiento ininterrumpido en la ciudad,o de ocho dentro de los últimos 10 años.
Barrero también ha criticado este nuevo programa para madrileños con ingresos medios generará "más exclusión", por estar dirigido únicamente a "rentas de más de 62.000 euros", mientras quedan fuera "familias que no llegan a los 28.000 euros".
En concreto, este programa, tal y como señaló la vicealcaldesa Inma Sanz, está dirigido a ciudadanos de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de 3,5 veces el IPREM y con el límite de ingresos que, en cada caso, establezca la protección de la parcela en la que se construya la promoción, que podrá ser de 5,5 o 7,5 veces el IPREM.
Para la concejala de Más Madrid Lucía Lois este nuevo programa "se salta" el Reglamento de Adjudicación de viviendas de la EMVS, pendiente de modificar, "creando un nuevo registro de solicitantes y un sorteo para adjudicación distinto".
"Empiezan con las 52 viviendas de la parcela de Iberia Loreto, en Barajas, para ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM y luego se irán incorporando más, previa aprobación en el Consejo de Administración de la EMVS", ha advertido la edil, tras el consejo de administración de la empresa pública.
La izquierda también ha puesto el foco en el Plan Reviva del Ayuntamiento de Madrid. Este programa de la EMVS Madrid permite ceder viviendas vacías en usufructo a la empresa municipal durante un periodo de tiempo determinado, con todas las garantías y cobrando la renta acordada, esté alquilado o no el inmueble.
En concreto, Barrero (PSOE) ha incidido en que "apenas ha logrado 198 viviendas y 143 inquilinos". "Un resultado claramente insuficiente para una ciudad como Madrid", ha indicado.
Del mismo modo, ha subrayado que este programa se abre "a rentas superiores a 62.000 euros" con el objetivo, a su juicio, de "afianzar un negocio a propietarios con opacidad y dejar fuera a quienes más lo necesitan".
"Desde el PSOE lo decimos claro, la EMVS debe garantizar el derecho a la vivienda y no puede ser una inmobiliaria al servicio de unos pocos", ha subrayado.
Por su parte, Lois (Más Madrid) ve "grave" que se aumenten el requisito económico de los solicitantes, "de 5,5 a 7,5 veces el IPREM". Según ha expuesto, con este nuevo baremo se "reconoce" que las rentas medias no logran encontrar vivienda en la capital, y pese ello "no se hace nada" para poder aliviar la crisis habitacional.
"La justificación del aumento pone de manifiesto la estrategia de no hacer nada para frenar el aumento de los alquileres en la ciudad. Es decir, que ven la situación de emergencia y, en lugar de topar los precios, optan por quitar a los más vulnerables de la lista para poner a los que ganan 90.000 euros", ha criticado la edil.