El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso, contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de la nación.
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso el recurso el pasado viernes, en el que también se solicitó como medida cautelar la suspensión del real decreto. La Administración General del Estado cuenta ahora con cinco días para alegar sobre las cautelares solicitadas por el Ejecutivo madrileño.
Desde el Gobierno regional justificaron la presentación de este recurso porque consideraban que afectaba "gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios", además de "contravenir" la normativa de la Unión Europea y "afectar" a la seguridad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha alertado este miércoles de "deficiencias" en el proceso de regularización estatal de migrantes que va "en contra" de los pactos europeos en esta materia.
Además, ha vuelto a insistir en que la postura de la Comunidad de Madrid es apostar por una inmigración "legal, ordenada y vinculada al empleo" frente al "caos" del Gobierno central.
"Les cito simplemente algunas de las deficiencias, algunas de ellas las más conocidas (...) Por ejemplo, que sólo se necesiten cinco meses de estancia en España para acreditar el arraigo. Por ejemplo, que un inmigrante en situación irregular con antecedentes penales pueda regularizarse, eso nos parece gravísimo, también aquellos que se encuentren en prisión provisional", ha denunciado.