En el imaginario colectivo, el sistema judicial se configura como el último bastión de protección para quienes han sufrido un daño. Es el lugar donde la víctima acude en busca de amparo, reparación y, en definitiva, justicia.
Sin embargo, la práctica diaria revela una realidad mucho más compleja: en determinados supuestos, el propio funcionamiento del sistema puede generar una segunda forma de perjuicio, dando lugar a lo que, desde una perspectiva jurídica y social, se conoce como la doble victimización.
Este fenómeno se produce cuando, tras haber sufrido un daño inicial –ya sea derivado de un accidente, una negligencia médica o cualquier otra forma de responsabilidad civil–, la víctima se ve sometida a un proceso judicial prolongado, complejo y, en ocasiones, despersonalizado, que agrava su situación en lugar de aliviarla.
Una de las manifestaciones más preocupantes de esta realidad es la progresiva deshumanización de los procedimientos judiciales. En un sistema saturado, donde miles de asuntos se tramitan de manera simultánea, existe el riesgo de que las personas dejen de ser percibidas como tales para convertirse en meros expedientes.
La víctima pasa entonces a ser un número de procedimiento, un conjunto de documentos, un caso más dentro de una estructura administrativa que, en muchas ocasiones, carece de los medios necesarios para ofrecer una respuesta ágil y personalizada.
Desde un punto de vista jurídico, esta situación resulta especialmente delicada, ya que el ordenamiento reconoce a las víctimas un papel central en el proceso, así como derechos específicos de información, participación y protección. Sin embargo, la realidad práctica evidencia que estos derechos no siempre se materializan con la eficacia que cabría exigir.
Cuando la víctima 'no tiene apellido', se produce una ruptura en la confianza hacia el sistema, generando una sensación de abandono institucional que, en sí misma, constituye una forma de perjuicio añadido.
Otro de los factores determinantes en la doble victimización es la excesiva duración de los procedimientos judiciales.
En España, la sobrecarga de los juzgados, la falta de medios materiales y personales, así como la complejidad de determinados procesos, provocan que muchos asuntos se prolonguen durante años. Esta dilación no es una mera cuestión administrativa: tiene consecuencias directas y profundas sobre las víctimas.
Quien ha sufrido un accidente o un daño grave no sólo necesita una indemnización económica, sino también una respuesta jurídica en un plazo razonable que le permita cerrar una etapa y avanzar. Cuando esa respuesta se retrasa de forma prolongada, el proceso judicial deja de ser una vía de solución para convertirse en una fuente adicional de desgaste emocional, psicológico e, incluso, económico.
El ordenamiento jurídico reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pero su efectividad práctica sigue siendo uno de los grandes desafíos del sistema judicial.
La doble victimización no se limita a la duración de los procedimientos. En muchos casos, el propio desarrollo del proceso puede implicar una revictimización, especialmente cuando la persona afectada se ve obligada a revivir los hechos de manera reiterada.
Declaraciones múltiples, informes periciales, interrogatorios o confrontaciones procesales pueden generar un impacto psicológico significativo, particularmente en situaciones de especial vulnerabilidad.
A ello se suma, en determinados casos, una estrategia procesal agresiva por parte de algunas defensas o compañías aseguradoras, orientada a cuestionar la credibilidad de la víctima o a minimizar el daño sufrido. Este tipo de actuaciones, aunque amparadas en el derecho de defensa, deben manejarse con especial cautela para evitar vulnerar la dignidad de la persona afectada.
La consecuencia directa de esta doble victimización es que la persona afectada no sólo debe enfrentarse a las secuelas del daño inicial, sino también a un sistema que, en ocasiones, no logra ofrecer una respuesta eficaz, rápida y humana. Esto se traduce en:
– Prolongación del sufrimiento emocional.
– Inseguridad económica en casos de incapacidad o pérdida de ingresos.
– Sensación de injusticia o desprotección.
– Desconfianza hacia las instituciones.
Desde una perspectiva de responsabilidad civil, esta situación resulta especialmente relevante, ya que pone de manifiesto la necesidad de no sólo reparar el daño original, sino de garantizar que el proceso de reclamación no genere perjuicios adicionales.
Abordar la problemática de la doble victimización exige un enfoque integral. No se trata únicamente de agilizar procedimientos, sino de reforzar una cultura jurídica que sitúe verdaderamente a la víctima en el centro del sistema. Para ello, resulta imprescindible:
El sistema judicial debe ser un instrumento de protección, no una fuente adicional de daño. Cuando la víctima pierde su identidad dentro del procedimiento y cuando la justicia se demora hasta el punto de convertirse en una carga, el sistema falla en su función esencial.
Reconocer la existencia de la doble victimización es el primer paso para corregirla. Porque, en definitiva, no basta con que la justicia exista: es imprescindible que sea accesible, eficaz y, sobre todo, humana.
Javier Guerrero y Guerrero
Guerrero & Asociados, Abogados