La inteligencia artificial generativa obliga a abogados y jueces a replantearse una pregunta esencial: ¿cómo se demuestra que una prueba digital es auténtica?
Hasta hace muy poco, un vídeo podía cerrar una discusión. Una grabación de voz podía resultar decisiva. Una fotografía podía situar a una persona en un lugar concreto. Un correo electrónico, una conversación de mensajería o un archivo digital podían convertirse en la pieza central de un procedimiento judicial.
Ahora debemos formularnos una pregunta mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando fabricar esa prueba resulta técnicamente sencillo?
La inteligencia artificial generativa ya permite crear voces extraordinariamente parecidas a las de una persona real, modificar fotografías con gran precisión, alterar vídeos y producir documentos capaces de aparentar autenticidad. El problema jurídico no consiste únicamente en detectar una falsificación. Es mucho más profundo.
Estamos entrando en un escenario en el que también puede ponerse en duda una prueba auténtica alegando que ha sido generada mediante inteligencia artificial y ese cambio puede modificar de manera sustancial la estrategia procesal.
Durante años, la digitalización multiplicó el volumen de prueba disponible. Cámaras de seguridad, teléfonos móviles, redes sociales, aplicaciones de mensajería, dispositivos conectados y sistemas de geolocalización dejaron tras de sí una enorme cantidad de información potencialmente utilizable en un litigio.
La inteligencia artificial introduce ahora una paradoja: tenemos más pruebas que nunca y, al mismo tiempo, podemos confiar menos ciegamente en ellas.
No significa que una fotografía, un audio o un vídeo hayan perdido valor probatorio. Significa que su autenticidad puede adquirir una importancia mucho mayor cuando sea controvertida.
La cuestión dejará de ser exclusivamente qué muestra una prueba, para centrarse también en cómo se obtuvo, quién la conservó, si fue modificada y qué elementos técnicos permiten comprobar su integridad.
Conceptos hasta ahora vinculados especialmente a determinados procedimientos penales o investigaciones tecnológicas, pueden adquirir una creciente importancia también en litigios civiles, laborales, mercantiles o de responsabilidad civil.
Hablamos de cuestiones como metadatos y archivos originales; trazabilidad de la información; integridad del dispositivo de origen; cadena de custodia digital; pericial informática y conservación de elementos que permitan comprobar posteriormente la autenticidad.
Esta prueba aislada podría convertirse, cada vez con mayor frecuencia, en el comienzo de la prueba y no necesariamente en su final, porque el verdadero peligro es negar también lo que sí ocurrió.
Existe, además, un efecto menos evidente y posiblemente más preocupante. Cuanto más conocidos sean los 'deepfakes', más fácil será intentar desacreditar cualquier contenido perjudicial, alegando simplemente que ha sido manipulado.
Un empresario podría negar un audio comprometedor. Un conductor podría cuestionar una grabación del accidente. Una persona podría rechazar una conversación digital. Una empresa podría discutir la autenticidad de una comunicación que aparentemente procede de uno de sus empleados.
La existencia de tecnología capaz de falsificar contenidos genera, así, una especie de dividendo de la duda.
No es necesario demostrar inmediatamente que una grabación es falsa. En determinados procedimientos, puede bastar con sembrar dudas suficientes sobre su procedencia para obligar a la contraparte a realizar un esfuerzo probatorio mucho mayor.
Aceptar una impugnación genérica sería peligroso. Si bastara con afirmar "esto puede haber sido generado por inteligencia artificial", prácticamente cualquier documento electrónico quedaría sometido a sospecha.
Pero, el extremo contrario tampoco resulta razonable. Ignorar las capacidades actuales de manipulación tecnológica supondría aplicar criterios probatorios diseñados para un mundo que ya no existe.
Será necesario encontrar un equilibrio entre ambos intereses: impedir la entrada de falsificaciones sofisticadas en el proceso, sin convertir toda prueba digital en una interminable investigación informática.
El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial ha situado a la Unión Europea ante un nuevo marco regulatorio, cuya aplicación progresiva está transformando las obligaciones relacionadas con determinados sistemas y contenidos generados mediante IA.
Entre las materias especialmente relevantes aparece la transparencia frente a determinados contenidos artificiales o manipulados, incluidos los conocidos como 'deepfakes'.
La regulación es necesaria, pero no elimina por sí sola el problema judicial.
Una cosa es imponer obligaciones a quienes desarrollan, utilizan o difunden determinadas tecnologías y otra distinta decidir qué ocurre cuando un archivo llega incorporado a un procedimiento.
En ese momento empiezan las preguntas realmente importantes para el profesional:
¿Quién debe acreditar su autenticidad? ¿Cuándo debe solicitarse una pericial? ¿Qué ocurre si solo se conserva una captura? ¿Puede determinarse si un archivo ha sido generado o modificado? ¿Qué responsabilidad existe cuando una falsificación provoca un daño?
La tecnología puede ser nueva, pero los principios de responsabilidad no desaparecen por ello. Pensemos en una voz clonada utilizada para ordenar una transferencia, una imagen falsa destinada a perjudicar la reputación profesional de una persona o un vídeo manipulado que produce consecuencias económicas.
En estos casos, habrá que analizar no solamente quién creó materialmente el contenido, sino también quién lo difundió, con qué conocimiento actuó, qué daño produjo y qué relación causal existe entre la conducta y el perjuicio reclamado.
La principal consecuencia práctica posiblemente sea esta: los abogados tendrán que pensar en la prueba digital desde el primer contacto con el cliente, porque ya no será suficiente preguntar si existe un vídeo sino dónde está el archivo original.
Resultará conveniente conservar el dispositivo, la conversación completa y los datos que permitan contextualizarla y no bastará con descargar apresuradamente un contenido publicado en internet.
Será necesario valorar cómo preservar su origen y acreditar, posteriormente, que aquello que se presenta al tribunal coincide con aquello que realmente se publicó.
Los despachos deberán colaborar, cada vez con mayor frecuencia, con peritos informáticos, especialistas en análisis digital y profesionales capaces de preservar correctamente información electrónica, integrando el conocimiento jurídico con el técnico desde las primeras fases del asunto.
El abogado del futuro próximo no tendrá que convertirse en ingeniero, pero sí deberá saber cuándo necesita uno y deberá comprender suficientemente la tecnología para realizar las preguntas adecuadas.
Los deepfakes desafían la autenticidad de las pruebas digitales en los tribunales.
Durante décadas, hemos asociado determinadas pruebas audiovisuales con una aparente objetividad. Podían interpretarse de distintas formas, pero partíamos de una premisa bastante sencilla: aquello que veíamos había ocurrido delante de una cámara.
Esa premisa ya no puede darse automáticamente por supuesta. La respuesta jurídica no debería consistir en desconfiar indiscriminadamente de toda tecnología, sino en reforzar los mecanismos que permiten acreditar origen, integridad y autenticidad.
Probablemente, ahí se encuentre uno de los grandes cambios silenciosos que la inteligencia artificial introducirá en nuestros tribunales.
No será únicamente una discusión sobre algoritmos, robots o regulación tecnológica. Será algo mucho más cotidiano: decidir si podemos creer una fotografía, una voz, un mensaje o un vídeo presentado como prueba.
Durante años, el profesional que disponía de la mejor evidencia podía partir con ventaja, pero, en los próximos años, esa ventaja corresponderá, cada vez más, a quien pueda demostrar por qué esa evidencia merece ser creída.
En la justicia de la inteligencia artificial, ver ya no será necesariamente creer, sino habrá que acreditar.
Javier Guerrero Guerrero
Guerrero & Asociados, Abogados
