"En esta reunión transmitiremos que la intención del Ayuntamiento de Madrid es convertir a los afectados en propietarios. Lo que tenemos que buscar es la mejor alternativa para hacerlo y en condiciones de igualdad respecto a los otros inquilinos y también respecto al resto de los madrileños", ha afirmado Carabante.
El delegado ha recordado que las viviendas afectadas "tienen más de 30 y 35 años" y, por tanto, la normativa también ha cambiado de manera "sustancial". "Lo que tenemos que buscar es una fórmula que permita dar cabida a todos y cada uno de los que ahora son superficiarios desde el Plan 18.000 y avanzar hacia el objetivo de convertirles en propietarios", ha añadido Borja Carabante.
El Plan 18.000 toma su nombre de un programa del Ayuntamiento de la capital de los años 90 para construir viviendas protegidas en terreno público, de modo que los ciudadanos únicamente adquirían un derecho de superficie durante unos años, no la plena propiedad.
Entre 1984 y 1997, el Consistorio de la capital puso en el mercado parcelas pertenecientes al patrimonio municipal destinadas a la construcción de viviendas de Protección Oficial en régimen de cooperativa. Se hizo mediante la constitución de derechos de superficie con carácter gratuito durante 75 años a favor de los adjudicatarios, entre las que se encuentran el Plan 18.000.
Eran viviendas de protección oficial de promoción privada y de régimen general o especial. Desde el principio, algunos de los superficiarios solicitaron adquirir la plena propiedad de sus viviendas mediante la compra de la cuota de suelo que les correspondiera de las viviendas, locales comerciales, anejos y garajes, en la misma proporción a las cuotas que dichos inmuebles tienen asignados en los elementos comunes que integran cada uno de los edificios construidos en las parcelas municipales cedidas en derecho de superficie.
Primero en 1992 y luego en 2009, el Ayuntamiento ofreció a los adjudicatarios la posibilidad de comprar la parte proporcional del suelo que les correspondía en la división horizontal. El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas del 24 de noviembre de 2009, que regía la enajenación directa y onerosa, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2012.
Ya en mayo de 2013, con Ana Botella en la Alcaldía, se aprobó un nuevo Pliego General de Pactos y Condiciones Económico-Administrativas, que estuvo vigente hasta el 30 de enero de 2018, con Manuela Carmena al frente.
Debido al interés de los superficiarios en adquirir su cuota de suelo para consolidar su plena propiedad, el pasado 26 de enero se aprobó un nuevo pliego "pero cumpliendo el acuerdo del Pleno" que incorporaba la medida consensuada en los Pactos de la Villa y propuesta por la oposición, que establece que "ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública podrán ser enajenados en ningún caso por el Ayuntamiento de Madrid, quedando como patrimonio y titularidad de todos los madrileños", apuntaba meses atrás el entonces delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
Esto supone que el Ayuntamiento "no puede vender en este programa suelos destinados a protección pública, sólo los calificados como libres y a precio de mercado", mientras que los superficiarios del Plan 18.000 "consideran que es un agravio comparativo con respecto al resto, al haberlo podido comprar con la calificación de suelo protegido, con una valoración bien distinta y no libre, tal y como es condición obligatoria si se quiere cumplir con lo acordado en los Pactos de la Villa".
El Pleno de Cibeles aprobó por unanimidad el 25 de abril de 2023 la enmienda de adición firmada por el PP a las proposiciones de PSOE y Más Madrid, para dar una salida al Plan 18.000, de modo que los titulares del mismo sean excluidos de la prohibición de la enajenación de viviendas, como señalaban los Pactos de la Villa. Se trataba de dejar sin efecto el pliego general de pactos y condiciones del Plan 18.000.
La Asociación Plataforma de Afectados del Plan 18.000 ha aclarado, a través de un comunicado, que no son inquilinos en ningún caso, sino propietarios de las viviendas, porque las construyeron a través de cooperativas. "Pagamos los ladrillos uno a uno, con hipotecas, y lo que deseamos es poder comprar el suelo, pagándolo, por supuesto, a un precio justo", ha trasladado la presidenta de la asociación, Ángeles Toribio.
"El Ayuntamiento no nos vende las viviendas, nos vende el suelo bajo el cual están edificadas, porque las viviendas son nuestras, las pagamos nosotros", ha remarcado.
El Ayuntamiento estudia cómo los afectados por el Plan 18.000 podrían acceder a una vivienda en propiedad, una vez que les va venciendo la protección, adelantaba semanas atrás el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.
El Consistorio está "viendo internamente la posibilidad de convertir en propietarios a los superficiarios, de manera que quienes tienen hoy una vivienda protegida del Plan 18.000 puedan tener una vivienda en propiedad y no les venza la protección".
Son los servicios jurídicos y la Intervención General los que están analizando los posibles procedimientos una vez que van venciendo los años de protección. "El anterior equipo de Gobierno sacó un pliego de licitación para que cualquier afectado de esas promociones pudiera acceder a la compra y, como consecuencia de críticas y controversias con los inquilinos, el Ayuntamiento desistió de ese procedimiento", explicaba Carabante.