La Comunidad de Madrid atraviesa, en la actualidad, una crisis habitacional sin precedentes. Lo que en apariencia podría reducirse a un problema coyuntural de acceso a la vivienda, marcado por la inflación, la especulación o la presión turística, se revela, en realidad, como un fenómeno estructural de mayor calado: la emergencia de un nuevo sistema de clases, donde la división ya no se establece únicamente por la posesión de capital productivo, sino por el acceso –o la falta de él– a un bien tan esencial como la vivienda.
La dicotomía entre rentistas e inquilinos, en auge, comienza a configurar lo que muchos ya describen como un régimen de neofeudalismo urbano.
Históricamente, el acceso a la vivienda se ha considerado un derecho fundamental. Sin embargo, en las últimas décadas, este principio ha sido progresivamente erosionado por una lógica de mercado que ha convertido la vivienda en un bien de inversión y acumulación.
En la Comunidad de Madrid, esta transformación ha sido especialmente agresiva: a la desregulación del alquiler se ha sumado una política fiscal favorable a la inversión inmobiliaria, que ha incentivado la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores –fondos de inversión, sociedades patrimoniales y nuevos aristócratas del ladrillo–.
El resultado es que miles de ciudadanos madrileños, especialmente jóvenes y trabajadores precarios, se ven condenados a una vida de inestabilidad, desplazamiento constante y dependencia del pago de rentas que absorben hasta el 60% de sus ingresos.
Esta situación no solo produce una creciente brecha generacional, sino que estructura una nueva jerarquía social, donde los propietarios –sin necesidad de producir riqueza– obtienen rentas crecientes a costa del trabajo de los inquilinos. Como antaño los señores feudales vivían del tributo de los campesinos, hoy los rentistas extraen plusvalías sin esfuerzo alguno, sostenidos por un marco legal y político que no ha sabido –o no ha querido– responder al problema.
En ningún otro lugar de España se manifiesta esta crisis con tanta crudeza como en la Comunidad de Madrid. El encarecimiento del alquiler ha superado ya niveles históricos, mientras el parque de vivienda social sigue siendo irrisorio (apenas un 1,5% del total, frente al 15% de media europea). A esto se suma la venta masiva de vivienda pública a fondos buitre, perpetrada en los años más duros de la crisis financiera, lo que ha dejado a las capas más vulnerables de la población completamente desprotegidas.
La expansión de plataformas turísticas, la proliferación de alquileres de temporada y la falta de regulación efectiva han convertido barrios enteros en territorios inaccesibles para quienes llevan allí toda una vida. Este fenómeno de gentrificación forzosa desplaza a los residentes históricos y crea espacios urbanos segregados, donde la propiedad se concentra cada vez más en menos manos
La clave del sistema feudal no era simplemente la posesión de tierras, sino la dependencia estructural de unos sujetos respecto de otros, en ausencia de movilidad real. Hoy, en pleno siglo XXI, asistimos a un fenómeno similar. El acceso a la propiedad se ha vuelto inalcanzable para amplias capas de la población, mientras que la renta del alquiler –garantizada por la necesidad básica de un techo– ha devenido la principal fuente de ingresos para una nueva clase dominante: los rentistas.
Este nuevo orden económico no se sostiene únicamente por la oferta y la demanda. Se sustenta en políticas públicas permisivas, en marcos fiscales regresivos y en una arquitectura jurídica que prioriza los derechos del propietario por encima de cualquier principio de justicia social.
El derecho a la propiedad privada ha desplazado al derecho a la vivienda, generando una sociedad de siervos modernos, donde el pago mensual del alquiler reemplaza el diezmo.
Frente a esta realidad, urge una respuesta estructural, que combine reformas legales valientes, control de precios, ampliación del parque público y una fiscalidad que penalice la especulación. Pero, sobre todo, se requiere un cambio de paradigma: asumir que la vivienda no puede seguir siendo tratada como un producto financiero, sino como un derecho básico, sin el cual no puede haber libertad, ni igualdad, ni ciudadanía efectiva.
La Comunidad de Madrid, con su enorme peso demográfico y simbólico, está llamada a liderar ese cambio. No se trata sólo de corregir distorsiones del mercado, sino de romper con una estructura que reproduce desigualdades históricas bajo nuevas formas.
Solo así podremos revertir la tendencia al neofeudalismo inmobiliario y construir una sociedad en la que vivir no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
Javier Guerrero Guerrero
Guerrero & Asociados, Abogados