La Comunidad de Madrid ha dado un paso significativo en la regulación de las actividades cinegéticas y piscícolas con la aprobación de su primera Ley de Caza y Pesca, un marco legal que busca fortalecer la protección medioambiental.
Esta nueva legislación, respaldada por la Asamblea regional, tiene como objetivo integrar los aspectos esenciales de estas prácticas, que son fundamentales para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.
Con esta normativa, se beneficiarán tanto los profesionales del sector agrícola y ganadero como los aficionados a la caza y la pesca, así como aquellos que disfrutan del deporte y el ocio en entornos naturales.
Entre las medidas introducidas se encuentran los Planes de Control Poblacional, diseñados especialmente para ayudar a los ayuntamientos en la gestión de especies sobreabundantes, como el jabalí o el conejo, evitando así daños en campos y cultivos.
En lo que respecta a la pesca, esta ley simplifica la regulación de las aguas al clasificarlas en tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y privadas.
Además, pone un énfasis particular en especies emblemáticas, como la trucha en ecosistemas fluviales, así como otras relevantes para los pescadores en embalses y tramos bajos de ríos, tales como la carpa o el lucio.
Actualmente, el 71% del territorio madrileño (equivalente a 572.254 hectáreas) está designado como terreno cinegético, con un total de 45.044 licencias de caza vigentes. En cuanto a la pesca, existen 46.414 permisos activos y 34 tramos regulados, que suman 347 kilómetros, gestionados parcialmente junto a entidades locales.
La nueva normativa también promueve la modernización del sector, mediante la implementación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos. Este enfoque busca simplificar trámites y mejorar el seguimiento de las actividades relacionadas con la caza y pesca.
Asimismo, se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves serán multadas entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000 euros; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.
En términos de seguridad, esta ley amplía, por primera vez, la distancia mínima permitida para realizar prácticas cinegéticas cerca de núcleos poblacionales, aumentando de 100 a 150 metros.
También establece un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, salvo excepciones para caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.
La Comunidad de Madrid aprueba su primera Ley de Caza y Pesca para proteger el medio ambiente y el desarrollo rural.
