seguridad juridica

A partir del caso del café de McDonald's, Guerrero & Asociados Abogados analiza la evolución del panorama legislativo español hacia una protección cada vez más amplia del consumidor y hacia una litigación que exige cada vez mayor especialización.

La Comunidad de Madrid ha aprobado su primera Ley de Caza y Pesca, regulando estas actividades para proteger el medio ambiente y apoyar el desarrollo rural. La normativa incluye medidas para controlar especies sobreabundantes, simplifica la regulación pesquera y promueve la digitalización del sector.

La baliza V-16 enfrenta problemas legales debido a la falta de notificación a la Comisión Europea, lo que podría invalidar las sanciones impuestas por su obligatoriedad. Así lo explican, en este artículo, desde la firma Guerrero & Asociados, Abogados, que añaden que "esto genera inseguridad jurídica para conductores y fabricantes".

La Comunidad de Madrid concluirá en junio una promoción de 50 viviendas del Plan Vive en Humanes, destinadas al alquiler asequible. El proyecto, cofinanciado por fondos europeos, incluye diversas tipologías de viviendas para jóvenes y familias.

Las criptomonedas representan un desafío legal para los sistemas jurídicos actuales. Mientras se establecer un marco regulatorio que garantice seguridad jurídica, transparencia y protección al inversor, es importante contar un asesoramiento legal integral, prudente y proactivo.

Pequeños propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) se han concentrado este miércoles en la puerta del Sol, "por una reglamentación justa". Aseguran que son objeto de una "demonización", cuando el problema es que "en Madrid hay 300.000 viviendas vacías".

El delegado del área de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha inaugurado este miércoles Project 2023, donde ha apostado por la construcción de vivienda accesible y sostenible, con un aumento de la seguridad jurídica.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha adelantado que su grupo votará 'no' a la modificación de las normas urbanísticas, porque "llegan tarde y sin consenso", priman el interés privado y dejarán en el limbo a las cocinas industriales.