La sostenibilidad de las pensiones centra el debate preelectoral en los último días. Así, la AIReF la vincula a la del conjunto de las Administraciones Públicas, mientras Fedea prevé mayor gasto y plantea contención.
Con cerca de 9,5 millones de votos, los pensionistas representan un importante caladero electoral. Esto contribuye a que el debate recurrente sobre la sostenibilidad de las pensiones normalmente no se aborde en época electoral, pese a que el gasto contributivo rondará los 200.000 millones de euros en 2026 y constituye la mayor partida del presupuesto consolidado del país.
Esta semana, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de cerrar la polémica surgida en sus propias filas sobre la necesidad de modificar un sistema que podría "petar»". El Banco de España ya urgió, hace unos años, al Gobierno de Pedro Sánchez a reformar el sistema y advirtió de que el envejecimiento del votante mediano dificultaba políticamente adoptar medidas que redujeran los ingresos de la población de más edad.
La última reforma, aprobada en 2021, la impulsó José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España y entonces ministro de la Seguridad Social. Entre sus medidas, figuró la 'cláusula de cierre': una evaluación trienal del gasto a cargo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que contempla medidas automáticas si se rebasa un determinado desfase entre ingresos y gastos.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recordaba estos días que ya se había aprobado el primer examen de la AIReF y una revisión posterior, aunque con la objeción de que parte de los ingresos del sistema procede de transferencias directas del Estado. Este deberá seguir cubriendo el déficit de la Seguridad Social. Cuerpo también señaló que existe "un segundo mecanismo de cierre": cumplir las reglas fiscales europeas, lo que, según indicó, garantiza la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.
La reforma de Escrivá mantuvo el compromiso de revalorizar las pensiones según el coste de la vida, pero también tuvo en cuenta el máximo de gasto previsto para 2050, cuando se jubile la generación del ‘baby boom’, nacida durante el desarrollismo económico de los años 60 y principios de los 70.
Para afrontar ese pico, se adoptaron medidas de ingresos, entre ellas el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista destinada a nutrir la denominada 'hucha de las pensiones'.
Durante el Gobierno de Sánchez también se han aplicado medidas para elevar la edad efectiva de jubilación: se han aumentado las penalizaciones por retiro anticipado y se han introducido incentivos para retrasarlo, mediante la jubilación activa, demorada o parcial. A estas iniciativas se suma el aumento de la edad legal, que en 2027 llegará a los 67 años, o a los 65 para quienes hayan cotizado 38 años y medio. La edad efectiva de jubilación ha ascendido así hasta los 65,4 años.
El dinamismo del mercado laboral, que registra cifras récord de empleo, también ha permitido recuperar los 2,51 cotizantes por pensionista que había en 2011. A ese cambio ha contribuido el impulso del empleo extranjero en los últimos meses, en el contexto del proceso de regularización extraordinaria.
La sostenibilidad del sistema y el gasto futuro
La AIReF sostiene que las pensiones serán sostenibles si también lo es el conjunto de las administraciones públicas. Su viabilidad depende tanto de las cotizaciones sociales como de la recaudación total del Estado, que garantiza los recursos necesarios para cubrir ese gasto. Entre las voces críticas figuran quienes cuestionan las partidas asumidas por la Seguridad Social, conocidas como 'gastos impropios', y quienes ponen en duda que las medidas adoptadas basten para afrontar el reto demográfico.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), por ejemplo, ha defendido la necesidad de "tomar medidas de contención del gasto", que modifiquen tanto el cálculo de las pensiones iniciales como su revalorización. También ha advertido que, incluso con esos cambios, podría ser necesario acudir "a aportaciones complementarias de recursos procedentes de la caja general del Estado".
Fedea considera que las previsiones de aumento del gasto que sostiene el Gobierno se quedan cortas: estima un incremento cercano a los cinco puntos del PIB, frente a los menos de 2,5 puntos previstos por el Ejecutivo.
Fedea estima un alza cercana a cinco puntos del PIB, frente a menos de 2,5 del Gobierno.
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