El contrato de seguro busca proteger al ciudadano ante riesgos, pero las reclamaciones pueden ser complicadas. Es crucial contar con asesoría jurídica especializada para garantizar una compensación justa y evitar decisiones apresuradas tras un siniestro.
El contrato de seguro nace con una finalidad clara: proteger al ciudadano frente a los riesgos que pueden surgir en la vida cotidiana. Al contratar una póliza, el asegurado paga una prima con la legítima expectativa de que, si ocurre un siniestro, la compañía aseguradora asumirá el coste económico del daño sufrido mediante la correspondiente indemnización.
Sin embargo, la práctica jurídica demuestra que, en numerosos casos, el proceso de reclamación no resulta tan sencillo como cabría esperar. Especialmente, en ámbitos como los accidentes de tráfico, los accidentes laborales o determinadas situaciones de responsabilidad civil, las aseguradoras pueden adoptar estrategias destinadas a reducir o limitar el importe de las indemnizaciones, generando situaciones de evidente frustración para los perjudicados.
Desde una perspectiva jurídica, conviene recordar que el perjudicado tiene derecho a recibir una reparación íntegra del daño sufrido, conforme a los principios que rigen la responsabilidad civil. No obstante, alcanzar esa reparación no siempre resulta inmediato cuando la compañía aseguradora cuestiona determinados aspectos del siniestro o del daño.
Desequilibrio entre la aseguradora y el perjudicado
En los procedimientos de reclamación existe, en muchas ocasiones, un claro desequilibrio entre las partes. Las aseguradoras cuentan con departamentos jurídicos especializados, peritos médicos propios y una amplia experiencia en la gestión de siniestros.
Por el contrario, el perjudicado suele enfrentarse por primera vez a un proceso técnico y complejo, que además coincide con un momento personal difícil, marcado por lesiones, tratamientos médicos o pérdidas económicas.
Este contexto facilita que determinadas prácticas, formalmente legales, pero discutibles desde una perspectiva ética y jurídica, puedan derivar en indemnizaciones inferiores a las que realmente corresponderían.
Las trampas más habituales
A lo largo de la práctica profesional en el ámbito de la responsabilidad civil, es posible identificar algunas estrategias recurrentes utilizadas por las aseguradoras durante la tramitación de siniestros.
Entre las más habituales, destacan las siguientes:
1. Ofertas de indemnización prematuras. Una práctica frecuente consiste en presentar una oferta económica poco tiempo después del accidente, cuando el perjudicado todavía no ha finalizado su tratamiento médico o no conoce el alcance definitivo de sus secuelas.
Aceptar una indemnización en ese momento puede suponer renunciar a cantidades significativamente superiores, ya que las lesiones aún no han sido valoradas de manera definitiva.
2. Minimización de las lesiones. Las aseguradoras suelen recurrir a informes médicos propios que, en ocasiones, valoran las lesiones o secuelas con criterios más restrictivos que los especialistas que han tratado al paciente.
Esta discrepancia médica puede provocar una infravaloración del daño corporal y, en consecuencia, una reducción de la indemnización.
3. Interpretaciones restrictivas de la póliza. Otra estrategia habitual consiste en interpretar las condiciones del contrato de seguro de forma restrictiva, intentando excluir determinados daños o limitar la cobertura.
Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido de manera reiterada que las cláusulas ambiguas deben interpretarse en favor del asegurado, especialmente cuando se trata de contratos de adhesión.
4. Retrasos en el pago. En algunos casos, las aseguradoras prolongan innecesariamente los procesos de valoración o negociación, generando demoras que pueden resultar especialmente perjudiciales para las víctimas.
La legislación española, precisamente para evitar estas situaciones, establece mecanismos que obligan a las compañías a formular ofertas motivadas dentro de determinados plazos.
Defensa jurídica especializada
Ante este tipo de situaciones, resulta fundamental que el perjudicado cuente con asesoramiento jurídico especializado desde el inicio del proceso.
Un análisis riguroso de la documentación médica, una correcta valoración del daño corporal y una negociación técnica con la aseguradora pueden marcar una diferencia sustancial en la indemnización final.
La experiencia demuestra que muchas reclamaciones que inicialmente reciben ofertas reducidas terminan resolviéndose con compensaciones significativamente superiores cuando el procedimiento se plantea con el rigor jurídico adecuado.
La indemnización justa
Cuando se produce un accidente o un siniestro cubierto por un seguro, el perjudicado tiene derecho a una reparación justa y completa. Sin embargo, la realidad demuestra que las aseguradoras no siempre ofrecen, en primera instancia, la indemnización que corresponde conforme a derecho.
Conocer las prácticas más habituales utilizadas en los procesos de reclamación permite a las víctimas afrontar estas situaciones con mayor seguridad y evitar decisiones precipitadas.
Porque, en definitiva, aceptar la primera oferta de una aseguradora no siempre significa recibir la indemnización justa que realmente corresponde.
Javier Guerrero y Guerrero
Guerrero & Asociados, Abogados
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