El Gobierno acuerda proteger los desahucios hasta 2030 y prohibir la compra por fondos buitre hasta 2028

El Gobierno ha aprobado, este martes, en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda, que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han confirmado que el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Sumar, han llegado a un acuerdo para aprobar estos dos decretos que defienden "los intereses y los derechos de la ciudadanía".

Además de los puntos anteriormente mencionados, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto.

Debido a la importancia de estas medidas, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes, para la convalidación inmediata de ambos decretos.

La reunión del Consejo ha comenzado pasadas las 10.30 de la mañana, con una hora de retraso, por las negociaciones de última hora, pero finalmente han logrado un acuerdo y todos los ministros entraron a la reunión.

Los últimos escollos que dificultaban el llegar a un acuerdo pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinas, que promueve la acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid.

A la reunión del Consejo han entrado todos los integrantes del Ejecutivo, por lo que no ha habido plantón de ministros de Sumar, como ocurrió la última vez que el Gobierno aprobó un real decreto sobre esta materia hace un semestre. El socio minoritario consideraba entonces que las medidas incluidas eran poco ambiciosas y consiguió ampliarlas a base de presión. Sin embargo, el decreto decayó un mes después al no lograr los apoyos para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

Ahora los socialistas quieren evitar esa situación y buscan un acuerdo de mínimos, que consiga apoyos de todos sus socios de investidura, también de los más escorados a la derecha como PNV y Junts.

"Batiburrillo" de medidas

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado el "batiburrillo" de medidas propuestas por parte del Gobierno central, porque "la idea es expropiar".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro informativo en la sede de la Consejería y antes de conocer los detalles finales de los reales decretos planteados desde el Ejecutivo en respuesta al estallido social tras el desahucio de la anciana de 87 años Maricarmen.

Albert ha puesto el foco en que "las dos facciones" del Gobierno central "no se ponen de acuerdo", tras una semana de tensiones alrededor de las medidas que debía incluir el real decreto, con Sumar tratando de impulsar el 'Decreto Maricarmen', que recogía las exigencias del Sindicato de Inquilinas.

La consejera ha expuesto que mientras que "la idea es expropiar", la duda está "en cuánto tiempo", si los propietarios verán "que se quedan dos años sin viviendas" o si es "de por vida".

Sostiene que, en cualquier caso, el efecto de estas medidas implicará "un serio problema", porque acabará habiendo "menos viviendas en alquiler". Ha destacado que cuando un propietario saca al mercado del arrendamiento su inmueble, "se está jugando los ahorros que ha tenido durante mucho tiempo".

"Lo que hay que hacer es incentivar a aquellos que pongan las viviendas en alquiler, como nosotros hemos hecho en el anterior presupuesto de la Comunidad de Madrid, en el correspondiente al 2025", ha sacado pecho la consejera de Economía, quien ha afeado que desde el Ejecutivo central se lance que se va "a expropiar la vivienda".

Al ser preguntada por el número de beneficiarios de los incentivos de la Comunidad para los propietarios que sacaran al mercado de vivienda sus inmuebles, ha indicado que fueron 1.6000 personas y que por lo tanto "han salido 1.600 viviendas gracias a esta bonificación".

Ha deconocido que le hubiera gustado que fueran "muchos más" y ha apuntado que, "muchas veces", el alcance de las medidas está limitado porque "el propio contribuyente no conoce esas bonificaciones". "Lo que vamos a seguir haciendo es darle publicidad para que todo el mundo las conozca y sepa que nosotros incentivamos a todo aquel que pone su vivienda en alquiler", ha apostillado.

Aún así, ha advertido de que, por mucho que desde el Ejecutivo regional se aporten bonificaciones, "no van a funcionar" si mientras tanto desde el Gobierno central se les dice que "van a expropiar".

El Gobierno aprueba medidas para proteger a inquilinos hasta 2030 y regular el alquiler.